Concentración de los trabajadores sociales en las puertas de las oficinas municipales de la Casa del Marino. / C7

La demora en la cita de servicios sociales lleva a 2.343 vecinos a personarse en Ciudad Alta

Los trabajadores denuncian que los ciudadanos tienen que esperar hasta mediados de octubre para ser atendidos

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

Aunque el protocolo covid desaconseja la atención presencial, un total de 2.343 personas se han acercado a la unidad de trabajo social que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene en el distrito de Ciudad Alta para tratar de ser atendidos y no tener que esperar tanto tiempo por la cita. En estos momentos, los vecinos de este distrito que llamen para tramitar una ayuda deben esperar hasta mediados de octubre.

«La mayoría de ellas fueron personas que no podían esperar tanto y tocaron a nuestra puerta para ser atendidos», explicó uno de los trabajadores sociales que ayer se concentró para demandar que se cubran las bajas. «Solo unos pocos tenían cita para entregar o recoger alguna documentación», añadió.

Los empleados públicos, en especial los del distrito de Ciudad Alta, se concentraron este martes ante las oficinas que el Ayuntamiento tiene en la Casa del Marino para demandar la incorporación de más personal con el fin de aliviar la presión laboral que tiene la plantilla y agilizar la respuesta social a los ciudadanos.

El dato

  • Puestos sin ocupar. Algo menos de la mitad de la plantilla de servicios sociales de Ciudad Alta está vacante. De 28 puestos, hay doce no cubiertos, un 43%. De ellos, tres son jubilaciones; ocho responden a bajas médicas de larga duración; y uno más a un permiso no retribuido.

A fecha 8 de junio, la lista de espera para ser atendido asciende a un total de 1.302 personas solo en Ciudad Alta, el distrito más afectado por las bajas y el que tiene el volumen de trabajo mayor, puesto que es la zona más poblada de la capital.

«En estos momentos hay un total de 174 expedientes de Prestación Canaria de Inserción (PCI) que están pendientes de renovar», prosiguieron las mismas fuentes, «y además hay peticiones que llegan por otras vías oficiales que también están a la espera de ser atendidas».

Un instante de la protesta de los trabajadores sociales del Ayuntamiento. / C7

El personal de servicios sociales exige que se cubran las bajas médicas de larga duración y de jubilación; que se configure una lista de reserva con todas las categorías profesionales y se haga uso de ellas; que se cubran las vacantes de la Relación de Puestos de Trabajo; y que se implante «un nuevo modelo de actuación que garantice que ningún servicio se quede sin personal».

Pero la respuesta ha sido negativa, como denunció la presidenta del comité de empresa, Jessica López. «Nos dicen que todo está paralizado», expuso, «esto va a peor».

La trabajadora social y miembro del comité de empresa por UGT, Penélope Rubio, dijo que ya no tenían esperanza de que la administración cubriese las vacantes. Y respecto a la propuesta de contratar a treinta personas para tramitar las peticiones de la PCI, Rubio recordó que solo estarán en el Ayuntamiento por seis meses, de forma que «poco nos soluciona». Por eso, informó de que los trabajadores sociales seguirán manifestándose.

Sin embargo, el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, dijo haber «respondido por completo a las reivindicaciones que se hicieron por parte de servicios sociales». El regidor lamentó que el Estado no hubiera permitido reforzar la plantilla de trabajadores sociales de las corporaciones locales durante la pandemia, como sí se hizo con las comunidades autónomas respecto a Sanidad y Educación.

Pero la portavoz del PP, Pepa Luzardo, atribuyó este problema la gestión del PSOE. «El año pasado dejaron de emplearse 2,1 millones de euros en el área social y esos recursos fueron a engrosar el dinero que el Ayuntamiento tiene en los bancos», dijo.

Desde Ciudadanos no se comparte la perspectiva que tiene el grupo de gobierno. El concejal José Guerra denunció la «sobrecarga de trabajo» que sufren los empleados de los servicios sociales municipales y que se traduce en bajas laborales duraderas. «Lo único que piden es tener mejores condiciones para poder trabajar y atender a la población».

Por su parte, el portavoz de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, Francis Candil, denunció que el alcalde «está con la cabeza escondida bajo el ala» e interpretó como «una tomadura de pelo» encomendar la solución de los problemas a la contratación de treinta personas para la tramitación de la PCI.