Protesta de los trabajadores sociales a las puertas del Ayuntamiento. / C7

La lista de espera en atención social crece y ronda ya las 1.900 personas en la capital grancanaria

Los ciudadanos tienen que esperar hasta octubre para ser atendidos por la falta de personal y la sobrecarga que sufren los trabajadores sociales

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

Una usuaria de los servicios sociales municipales se acercó este martes hasta la concentración de protesta que organizaron los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Quería expresarles su apoyo pues es consciente de que su expediente solo puede salir adelante si se contrata a más personal. Ella pidió la ayuda de emergencia en febrero, «y todavía no me ha llegado». Lo que se juega es «que me pueda quedar en la calle por no pagar el alquiler». Por eso, se unió a la protesta. «Aquí es donde debemos estar los vecinos, apoyando a los trabajadores del Ayuntamiento porque ellos nos ayudan y trabajan para todos nosotros», prosiguió esta solicitante de una prestación económica de emergencia social.

Su apoyo fue sentido por los empleados públicos, que este martes se concentraron a las puertas de las oficinas municipales para hacer patente la sobrecarga de trabajo que sufren por las carencias de personal -denuncian la existencia de 55 vacantes sin cubrir de un total de 185- y el retraso que esto conlleva a la hora de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos más desfavorecidos.

En estos momentos, la lista de espera para ser atendidos por los servicios sociales ronda ya las 1.900 personas, de las que 1.630 se localizaban en el distrito de Ciudad Alta y otras 250 en el distrito Centro. A ello se añade el hecho de que en algunas zonas de la ciudad la cita para ser atendido se esté retrasando ya hasta el mes de octubre, es decir, cuatro meses de espera para ser atendido y derivado.

Retrasos en la PCI

El hecho de que no haya listas de espera en algunos distritos no implica que el funcionamiento de los centros de atención social sea ejemplar. En el caso de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, la sobrecarga de trabajo se traduce en la acumulación de 170 expedientes de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) que no han podido ser derivados al Gobierno de Canarias. «Una vez que las registremos, el Gobierno canario se va a demorar cuatro meses con lo que estas peticiones habrán esperado en torno a un año en ser respondidas», indicó una de las trabajadoras de este servicio. Esta misma empleada pública considera que la contratación de XX personas para impulsar las PCIno será la solución. «El problema no es solo la falta de personal, sino también que no hay medios, no hay mesas, ni ordenadores suficientes», explicó, «y, además, los que han venido hasta ahora no tienen activada la firma digital -para tramitar los expedientes- ni traen la formación suficiente, con lo que al final se convierten en una carga de trabajo para el personal».

Los trabajadores de los servicios sociales exigieron que se cubran las bajas médicas de larga duración y de jubilación; que se configure una lista de reserva con todas las categorías profesionales y se haga uso de ellas; que se cubran las vacantes de la Relación de Puestos de Trabajo; y que se implante «un nuevo modelo o protocolo de actuación que garantice que ningún servicio se quede sin personal».

Esta es la primera protesta que realiza el personal de servicios sociales después de denunciar el pasado día 20 de mayo la situación de colapso por la que atravesaba el área en Ciudad Alta.

«Seguimos sin recibir respuesta», se quejaba la representante de UGTen el comité de empresa y trabajadora social Penélope Rubio, « estamos esperando desde octubre de 2020 a que se incorporen cuatro trabajadores que tienen aprobado su ingreso». En su opinión, «no está habiendo buena voluntad» por parte del gobierno municipal.

La presidenta del comité de empresa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jessica López, informó de que se van a repetir estas movilizaciones. E indicó la voluntad de llevar esta situación al pleno municipal.

Protesta de los trabajadores sociales. / C7

La oposición pide que se solucione el problema de la falta de persona

La concejala del PP Rosa Viera exigió ayer que se realice un «refuerzo inmediato y por un periodo indefinido, hasta que finalice la emergencia social que vive el municipio», dado que se está sometiendo a los empleados municipales «a una situación límite, más aún cuando tratan con personas que en algunos ocasiones están desesperadas».

«En unos pocos días la lista de espera ha aumentado en casi 100 personas, lo que da medida del ritmo de crecimiento y de la delicada situación social del municipio», indicó Viera, «los trabajadores están sobrepasados y no se manifiestan para pedir subidas de sueldo, sino para que se lleven a cabo las contrataciones prometidas por este grupo de gobierno».

El PP califica de «inconcebible» que tras quince meses desde el inicio de la pandemia, y a sabiendas de que la situación social empeoraría, el gobierno de PSOE, Podemos y Nueva Canarias haya sido incapaz de reforzar los recursos humanos de este servicio.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Lidia Cáceres, consideró que la protesta de los empleados públicos era «más que justa». Tras hablar con los manifestantes, Cáceres explicó que «hay gente de baja porque no puede soportar tanta carga de trabajo y eso repercute en los ritmos de tramitación de los expedientes».

Cree que los ciudadanos son los que pagan estas carencias. «Las ayudas sociales tienen que estar en tiempo y forma porque si no, no cumplen su objetivo».

Por su parte, el concejal de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, David Suárez, propuso que se contratara a trabajadores sociales de otras administraciones para cubrir las urgencias de la ciudad. Y criticó que «lo peor es que el gobierno no haya dado la cara». Además, aseguró que el problema se ha agudizado ahora pero se ha gestado desde tiempo atrás.