Imagen de archivo de unas terrazas exprés montadas durante el nivel tres de restricciones sanitarias por la pandemia del covid-19. / JUAN CARLOS ALONSO

El Ayuntamiento revisará la continuidad de las 1.108 terrazas exprés a partir del mes de enero

Las que dificulten los accesos o la movilidad y las que no tengan baños accesibles no podrán continuar. Se estudiará si se mantienen las que están en aparcamientos

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

El Consistorio capitalino comenzará a revisar en enero la situación de las 1.108 terrazas exprés que solicitaron autorización para ampliar la ocupación de espacio público al amparo de la flexibilización normativa que se produjo a consecuencia de la pandemia del covid-19 para ayudar a las empresas a superar las restricciones de aforo.

Ninguna de las 1.108 solicitudes fue autorizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en parte por las limitaciones de personal para atender el volumen de peticiones llegadas a las oficinas municipales; pero, sobre todo, porque su instalación resulta disconforme con la normativa municipal en vigor. Como dijo el edil de Urbanismo, Javier Doreste, «no se autorizó ninguna dado que todas incumplen la ordenanza vigente».

La ausencia de respuesta y el relajamiento en los controles por parte de la Policía Local para ayudar a estos negocios dejó a estas terrazas en un limbo del que ahora las quiere sacar el grupo de gobierno. Para ello, a partir de enero, el tripartito se da unos seis meses para regularizar esta situación, según avanzó el edil.

Evolución de las peticiones

  • Las tres oleadas. Entre el 1 de enero y el 11 de marzo, en la fase tres, se pidió permiso para instalar 601 terrazas exprés. Entre el 12 y el 21 de marzo, con nivel dos reforzado, fueron 294. Y desde entonces hasta hoy, otras 213.

El proceso tendrá como base los requerimientos de dejar libre el 80% de cada zona y cumplir la norma de accesibilidad, de modo que no se dificulte el acceso a viviendas y negocios colindantes, y que se retiren las mesas y sillas que están pegadas a fachadas. Además, «la ley exige que deben tener un baño accesible».

La aplicación de estas exigencias puede obligar a retirar un buen número de terrazas exprés, si bien desde el área de Urbanismo se asegura que no se ha hecho el cálculo.

En lo que respecta a las mesas y sillas que ocupan plazas de aparcamiento, los técnicos de Actividades Clasificadas analizarán junto a los de Sagulpa el impacto que ha tenido la pérdida de plazas en la zona azul. Hay que recordar que en el último balance hecho público, el correspondiente a abril, la sociedad de aparcamientos reconocía la pérdida de 122 plazas de estacionamiento en rotación en toda la ciudad a causa de las terrazas exprés, lo que representa un 2% del total.

En cuanto a los aparcamientos perdidos que no son de zona azul, Doreste se manifestó optimista respecto al mantenimiento de las terrazas. «Esos no creo que causen problemas, podrían ser regularizados, aunque habría que instar a que se rebajaran los escalones», explicó el edil de Urbanismo.

La solución que se adopte se consensuará con los empresarios. Javier Doreste anunció que se van a mantener reuniones con los hosteleros y con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), con el fin de compaginar, zona por zona, el mantenimiento de las mesas y sillas con el derecho y las necesidades de las personas con movilidad reducida.

En esas reuniones también habrá que consensuar si las terrazas exprés que se mantengan deben pedir nueva autorización, así como el marco normativo que les dé garantías jurídicas. También habrá que ver si esta ocupación ampliada del espacio público requiere del cobro de tasas, aunque esto dependerá de si su cobro está en vigor o no.

Críticas por la falta de norma

La situación de las terrazas exprés propició la comparecencia de Doreste en el último pleno a petición del PP. El viceportavoz de esta formación, Ángel Sabroso, criticó que el grupo de gobierno no hubiera habilitado «ningún mecanismo para autorizarlas» y puso como ejemplo la actuación de Barcelona, donde a través de una norma específica, se dio seguridad jurídica a más de ochocientas terrazas exprés.

Por su parte, el edil de Ciudadanos, José Guerra, advirtió que «las dejamos en el limbo legal y no apoyamos a los policías, que hacen la vista gorda para que estas terrazas puedan subsistir».

Un agente de la Policía Local pasa junto a una terraza. / Arcadio suárez

Solo seis locales han sido sancionados en este tiempo

La proliferación de las terrazas exprés no ha sido tan problemática como se pudiera prever en un primer momento. De las 1.108 peticiones de ampliación de ocupación de la vía pública con mesas y sillas -este número puede reducirse algo debido a que se ha constatado duplicidades en algunas peticiones- solo se han recibido actas por incumplimiento de la norma en relación cincuenta negocios, apenas un 5% del total.

De acuerdo a los datos ofrecidos por el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, los informes por terrazas no autorizadas fueron diecinueve; los relativos a incumplimientos de aforo alcanzaron las dieciséis; las denuncias por falta de permisos han sido nueve; y las sanciones por aforo se quedaron en seis.

Las diecinueve denuncias por falta de autorización no han generado ningún expediente sancionador al no haberse dado trámite a las solicitudes de permiso excepcional por parte del servicio de Actividades Clasificadas. En cuanto a las dieciséis provocadas por exceso de aforo, están todavía pendientes de trámite en las oficinas municipales.

Atendiendo a estos datos, el concejal Javier Doreste considera que «las terrazas, por el número de denuncias, han estado bastante controladas por los empresarios, no ha habido que estar encima de ellas de manera excesiva».

El viceportavoz del PP en el Consistorio capitalino, Ángel Sabroso, cree que «el covid ha producido cambios y los ciudadanos se sienten ahora más seguros en las terrazas que en los locales cerrados. Hay muchas terrazas exprés que estarían en disposición de poderse quedar fijas». Sin embargo, lamentó que «no tienen una norma a la que acogerse. Empiece a trabajar en una normativa en la que las reglas de juego estén claras».