Edificio que alberga la subestación eléctrica de Endesa en Guanarteme. / C7

El Ayuntamiento reitera a Endesa que presente un plan de cierre de la subestación de La Cícer

El Consistorio acusa a la eléctrica de «entorpecer» la ejecución de las resoluciones municipales respecto de la instalación de Guanarteme

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

Una nueva resolución del área de Edificación y Actividades del Ayuntamiento requiere a la compañía Endesa que presente, de manera inmediata, un plan de cierre paulatino de la subestación eléctrica de La Cícer. «Estamos ante una actividad que fue considerada ilegal e ilegalizable», recoge el escrito, que además critica la actitud de la mercantil y sus continuos recursos administrativos y judiciales. « La entidad Endesa, lejos de atender los requerimientos efectuados, está mostrando absoluta obstrucción para que este Ayuntamiento pueda hacer cumplir sus propias resoluciones, ello por medio de lo que se considera abuso de derecho en la formulación de recursos contenciosos», detalla.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria viene solicitando la paralización de la actividad de producción, transformación, transporte y distribución de energía eléctrica que se realiza en estas instalaciones ubicadas en Guanarteme, junto a la playa de Las Canteras, desde hace once años.

En 2010 fue la primera resolución en este sentido, lo que marcó el comienzo de un proceso que aún no ha acabado. Una vez recibida esta orden, Endesa presentó un recurso contra ella, que fue desestimada en julio de 2014. En defensa de sus intereses, la compañía recurrió, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no aceptó sus argumentos un año después. Por tanto, se mantuvo la orden de paralización y cierre, que se consideraba «un acto administrativo firme y ajustado a derecho», de acuerdo al relato de los hechos de la última resolución municipal.

Habían pasado ya cinco años. Y la determinación no era acatada por la mercantil. Esto provocó, por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una nueva resolución, ya en noviembre de 2015, en la que daba un mes de plazo para la paralización de la actividad de la subestación eléctrica. De nuevo, Endesa recurrió, pero cuatro años después, el TSJC desestimó sus alegaciones.

«Una vez desestimadas sus pretensiones por resoluciones judiciales, su actuación frente a los actos administrativos dictados con posterioridad en ejecución y ejecutoriedad de esa paralización y cierre, sólo ha sido la de entorpecer la referida actuación, con abuso del derecho a la vista de todos y cada uno de los autos y sentencias dictadas hasta el día de hoy», prosigue el escrito del área de Edificación y Actividades, que se enmarca en la concejalía de Urbanismo, que dirige Javier Doreste.

Con el respaldo judicial, la plataforma ciudadana Recuperar La Cícer solicitó en 2016 un plan de desconexión paulatino, no una bajada de palanca inmediata.

Esta petición fue atendida por el Ayuntamiento poco tiempo después, cuando emitió una resolución reclamando a Endesa un plan ordenado de cierre. De nuevo, la eléctrica recurrió, iniciándose un proceso judicial que desestima las pretensiones de la mercantil y que ya va camino del Tribunal Supremo.

El dato

  • 45.000 clientes. La cifra se refiere al número de usuarios al que abastece la subestación de La Cícer, entre ellos los de Mesa y López y Guanarteme. El equipamiento que debe ser trasladado sirve de apoyo a las subestaciones de Buenavista, en Escaleritas, y Muelle Grande, en el Puerto.

En noviembre de 2017, los vecinos piden al Ayuntamiento que ejecute sus resoluciones de cierre, las de los años 2010, 2015 y 2016. Y proponen al Instituto Tecnológico de la Energía como el órgano al que se debería encargar el plan de cierre ordenado.

Un mes después, La Cícer denuncia la inactividad del Consistorio. Unos meses más tarde, ya en julio de 2018, los tribunales emiten una sentencia que condena la inactividad del Ayuntamiento.

El Consistorio la asumió, pero Endesa optó por recurrirla, si bien el TSJC desestimó su petición en diciembre del año pasado.

La nueva resolución municipal utiliza la condena por inactividad como un argumento más para justificar el plan de cierre. E insiste en que «la intención de Endesa ha sido desde el comienzo del expediente el no atender los requerimientos efectuados, judicializarlos, y a pesar de tener todos los pronunciamientos desfavorables, continuar en el ejercicio ilegal de la actividad».

La plataforma Recuperar La Cícer se dirige al alcalde, Augusto Hidalgo, y al concejal de Urbanismo, Javier Doreste. / C7

El Estado dio de baja la industria de Guanarteme en su plan eléctrico

La resolución municipal detalla que, en 2018, el Estado español dio de baja la subestación de La Cícer dentro del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, en el que, a cambio, se plantea una nueva instalación, bautizada como Gran Canaria Norte. Esta decisión fue adoptada a propuesta del Gobierno de Canarias.

La nueva orden de cierre del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hace esta mención en el contexto de la información que solicitó al Ejecutivo autónomo, en mayo de 2018, sobre la posibilidad real de cierre de la industria y sus posibles efectos en el servicio que se presta a la población capitalina.

La respuesta del Gobierno de Canarias fue que «a la vista de la importancia de la subestación de Guanarteme y de las consecuencias que tendría un hipotético cierre de la misma (...) se concluye que no es posible proceder al cierre de la citada instalación, mientras no quede garantizado el suministro eléctrico».

Sin embargo, en una sentencia de julio de 2017 sobre el destino de la subestación eléctrica de La Cícer, los peritos «admitieron que sería viable una programación en la que se procediera a la sustitución paulatina de la subestación, o bien, que también lo sería la de ampliar el resto de subestaciones». Por ello, se entendía que había motivos suficientes «para descartar los peligros invocados por Endesa y para conseguir el objetivo final del cierre de la subestación decretado», tanto por la justicia como por el Ayuntamiento.