La Cícer exige que se imponga la multa máxima a Endesa por mantener la subestación eléctrica

La asociación ciudadana Recuperar La Cícer ha elelvado un escrito en el registro del Ayuntamiento en el que anuncia la presentación de un recurso contra la resolución municipal de sanción a Endesa por entender que la cuantía fijada por el Consistorio (22.500 euros) es insuficiente. La plataforma vecinal exige al grupo de gobierno que imponga el máximo que prevé la legislación y que es de 30.000 euros.

El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento inició el procedimiento de sanción a la compañía eléctrica por mantener activa la subestación eléctrica de La Cícer sin la preceptiva licencia. Con esta medida se cumplía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictada el pasado año para que el Consistorio multara a la empresa de distribución eléctrica.

La propuesta de multa preveía la aplicación de una reducción del 20% en el importe de la misma, «debiendo reconocer de forma expresa su responsabilidad en los hechos imputados, lo cual implicará el desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra dicha sanción».

Pero los vecinos discrepan de la cuantía de la multa porque la subestación eléctrica se mantiene operativa pese a las reiteradas sentencias y las propias resoluciones municipales en contra. «En cuanto a la cuantía de la sanción, entendemos que debe ser en el máximo legalmente posible, por tratarse de una infracción continuada en el tiempo y porque Endesa persiste en su comisión al no haber elaborado el plan ordenado de cierre impuesto en firme por esa Administración», exponen en el escrito presentado la a mediados de este mes.

Desde hace varios años se ha venido sucediendo una serie de pronunciamientos judiciales que han venido a respaldar la determinación vecinal de desalojo del solar, en la que están empeñados los residentes de la zona desde hace ya más de dos décadas.

Hay que recordar que en 2013 la justicia ya denegó la licencia a la actividad, pero es a partir de 2015 cuando se empiezan a acumular los pronunciamientos judiciales. Ese año, los juzgados concluyen que la subestación eléctrica es ilegal e ilegalizable ya que está fuera de ordenación desde el año 1962. Por eso se dicta orden de cierre, ante lo que el Ayuntamiento se ve obligado a denegar los permisos solicitados por Endesa.

La orden de paralización es ratificada por la justicia en 2017; la obligación de cierre se confirma otra vez en 2018; y en 2019 se insiste en que no se puede legalizar, de ahí que se obligara al Ayuntamiento a incoar el procedimiento sancionador.

La asociación ciudadana Recuperar La Cícer aprovecha también el escrito para que «se delimite la responsabilidad de la mercantil expedientada respecto a la contaminación de la parcela de La Cícer, cuya recuperación ambiental costó a esa Administración casi un millón de euros y que ahora debe reintegrar Endesa, en tanto que dicho daño fue ocasionado por el ejercicio de la actividad desarrollada sin licencia».

Se trata del episodio de contaminación del agua y de la arena de esta parte de la playa de Las Canteras que ocurrió en 2014. En aquel momento hubo que encapsular unas 2.500 toneladas de tierra contaminada por hidrocarburos de petróleo que procedían de los depósitos de almacenamiento de la antigua central eléctrica.

Los vecinos solicitan ahora al Ayuntamiento que «indique el coste de la recuperación ambiental de la parcela de La Cícer, señalando quién asumió entonces el coste de la limpieza de ese suelo».

La comunidad de propietarios del edificio Lord Comodoro también ha anunciado la reclamación de una indemnización a Endesa «por los daños ocasionados todos estos años». La cuantía aún no ha sido concretada.