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Vista del edificio de la subestación eléctrica que Endesa tiene en La Cícer. JUAN CARLOS ALONSO
Una sentencia aboca al cierre definitivo de la subestación eléctrica de Endesa en La Cícer

Una sentencia aboca al cierre definitivo de la subestación eléctrica de Endesa en La Cícer

El TSJC determina que «no queda otra» que la ejecución de la sentencia que ordenaba la paralización de la actividad

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 21 de marzo 2021

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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha cerrado el pleito que había abierto entre la asociación ciudadana Recuperar La Cícer y la compañía Endesa respecto a la petición vecinal de ejecución provisional de la sentencia que ordenaba el cese de la actividad industrial junto a la playa de Las Canteras. La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo corta de raíz la posibilidad de una ejecución provisional de cierre y determina que tiene que ser definitiva. «Ya no queda, por tanto, otra que la ejecución definitiva», señala después de desestimar el recurso de la plataforma ciudadana para su ejecución provisional.

Esta parte de la larga batalla ciudadana y judicial en torno a la subestación eléctrica se inicia con la sentencia de 9 de julio de 2018. Este fallo validó las resoluciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que en 2010 ordenaba a paralización y cese de la actividad, en el plazo de un mes; y que, en 2016 daba un plazo de dos meses a la mercantil para presentar un plan de cierre paulatino de la industria.

RECORRIDO HISTÓRICO

  • 1928 Se construye en La Cícer una central eléctrica. Hoy da luz a unos 45.000 vecinos de la ciudad.

  • 1962 El Plan General impide su legalización al estar fuera ordenación. También lo hicieron los planes de 1989 y 1995.

  • 2015 La justicia considera que la subestación eléctrica es ilegal e ilegalizable. El Ayuntamiento le denegó la licencia.

  • 2020 El Consistorio abre un expediente sancionador por 25.000 euros contra Endesa por no cumplir el cierre.

La plataforma reclamó entonces la ejecución de las órdenes municipales, pero el 19 de diciembre de 2018, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 rechazó su petición por los posibles perjuicios que se generaría, ya que en ese momento la sentencia de julio había sido recurrida por la compañía eléctrica.

El auto desestimatorio fue, a su vez, recurrido por la plataforma ciudadana Recuperar La Cícer, que quería hacer valer las resoluciones municipales respecto a la subestación, cuya situación es ilegal e ilegalizable, como había dejado sentado la justicia.

Endesa, por su parte, se defendió diciendo que no existe una posibilidad real de cierre. «Aún es imposible, sin un daño irreparable para el suministro eléctrico de Las Palmas de Gran Canaria, realizar una paralización programada de la referida subestación», alegó la mercantil, que aseguró que el traslado no está previsto en la planificación eléctrica de la isla, ni el Ayuntamiento ha entregado el solar para ubicar la nueva instalación.

Sin embargo, entre tanto el propio TSJC confirmó la sentencia de julio de 2018, desestimando así el recurso presentado en su momento por Endesa. A la luz de este nuevo pronunciamiento, que tiene fecha de 1 de diciembre de 2020, la Sala considera que ya no se puede valorar la petición de la ejecución provisional, que habían solicitado los vecinos.

«Lo cierto es que se ha perdido el objeto de esta litis por cuanto la Sala ya se ha pronunciado definitivamente el 1 de diciembre de 2020, confirmando la sentencia cuya ejecución provisional se solicitaba», determinan los magistrados Juan Ignacio Moreno-Luque, Óscar Bosch y María Mercedes Martín, «ya no queda por tanto otra que la ejecución definitiva, cuestión distinta a la que aquí se juzga».

Contra esta sentencia cabe la interposición de recurso de casación.

Multa

En paralelo a la batalla judicial, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria abrió, a mitad de 2020, un expediente sancionador a Endesa de 22.500 euros, por incumplir la resolución municipal que ordenaba la paralización y el cierre de la subestación eléctrica y sobre la que ha girado esta parte de la batalla judicial.

Respecto a esto, también hay que recordar que la asociación ciudadana Recuperar La Cícer levó un escrito en el registro del Ayuntamiento en el que reclamanaba la imposición de la sanción máxima que prevé la legislación y que es de 30.000 euros.

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