El Ayuntamiento pide voluntarios para hacer una batida de limpieza urbana este domingo

La responsabilidad del barrido de la ciudad durante los fines de semana recae, básicamente, en el grupo de 138 operarios que a principios de 2020 se incorporaron como laborales indefinidos después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias determinara que su despido -concretado en diciembre de 2018- había sido nulo de pleno derecho. Para este grupo de trabajadores no es de aplicación la disposición de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que concentra la actividad del resto de la plantilla de lunes a viernes, con la intención de cubrir los fines de semana con nuevas incorporaciones. Hay que recordar que cuando se firmó la RPT, el Ayuntamiento se planteó como objetivo alcanzar una masa laboral de 1.100 trabajadores, casi el doble de la actual.

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se explica que el recurso de las jornadas extra no es lo ideal para organizar el servicio de limpieza, pero aún así no se trata de algo extraordinario. De hecho, un portavoz del grupo municipal de gobierno aseguró que no existe ningún llamamiento especial y prefirió referirse a ello como un dispositivo que se paga como hora extra porque es como cualquier servicio en fin de semana.

El recurso a las horas extra también está limitado. En el caso de los trabajadores de Limpieza, tenían un máximo de sesenta horas anuales, si bien han sido ampliadas hasta las ochenta horas.

El problema añadido al que se enfrenta el Consistorio es que ya hay muchos trabajadores que han cubierto este límite, sobre todo en el caso de los mandos.

Además, hay personal que se ha negado a firmar su participación en esta batida por considerar que el Ayuntamiento recurre a los empleados públicos cuando no puede entregar la limpieza a manos privadas. Hay que entender esta postura en el marco del proceso de externalización que ha puesto en marcha el tripartito municipal, tanto en Recogida como en Limpieza Viaria.

En el primero de los dos servicios, la privatización afectó a veintitrés zonas de la ciudad y se justificó la cesión dentro de las posibilidades que ofrecía el estado de alarma para garantizar servicios públicos. Sin embargo, pese a que el estado de alarma decayó, todavía no se ha producido la reversión de estas zonas a la gestión y control públicas.

En el caso de la Limpieza Viaria, desde principios de agosto se viene insistiendo en la necesidad de entregar a la empresa privada las labores de barrido de cuatro sectores más ante la imposibilidad de contratar a nuevo personal y la necesidad de «garantizar las condiciones de salubridad e higiene de los ciudadanos y visitantes del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, evitando la acumulación de residuos que puedan incidir negativamente en el entorno urbano».

Este segundo impulso privatizador se encuentra en estos momentos en estado de letargo, si bien la concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, ha insistido en que no se trata de una privatización sino de una externalización del servicio, ya que no se traspasa al personal municipal al ámbito privado.

Para los trabajadores públicos, en cambio, se trata de una privatización del servicio. Por eso, han reclamado que se paralice la propuesta. «Nos oponemos a seguir transfiriendo dinero público a empresas privadas, además sin respetar la contratación y sino observarse los procedimientos legales», dejaron por escrito.

Otros partidos que se encuentran fuera de la órbita municipal, como el Partido Comunista de Canarias también han expresado su rechazo «a los intentos de continuar privatizando el servicio de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria».