Imagen de archivo de una protesta de los representantes de los 187 despedidos en las puertas de las Casas Consistoriales. / C7

El Ayuntamiento indemnizará a los 187 despedidos de Limpieza y no los readmitirá

La concejala Inmaculada Medina anuncia que se les ingresará los 231.847 euros que faltan para completar la indemnización

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

La concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, anunció este miércoles, a través de una nota de voz remitida por WhatsApp por su gabinete de prensa, que el Ayuntamiento no readmitirá a los 187 trabajadores afectados por el despido del servicio municipal de Limpieza que ha sido declarado improcedente tanto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) como por parte del Tribunal Supremo.

«Respetamos la decisión judicial, como no podría ser de otra forma», indicó la concejala, «la sentencia del Tribunal Supremo ratifica el fallo del TSJC y de acuerdo a lo que dicta el fallo judicial, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a proceder al pago de los trece días que faltan para cumplir con lo que dice la ley, al ser declarado el despido improcedente».

El abono de la parte que faltaba para cubrir la cuantía indemnizatoria agotará la posibilidad de la readmisión. La declaración del despido como improcedente, que acaba de ratificar el Alto Tribunal, daba al Consistorio capitalino la posibilidad de reintegrar a estas personas en el servicio municipal de Limpieza Viaria o de dar por finalizada su relación laboral mediante el pago de la indemnización pertinente.

A estos peones se les había ingresado, hasta ahora, una parte de esta reparación económica. Y Medina asegura que lo que queda por abonar son los trece días.

Sin embargo, desde el colectivo de trabajadores afectados se asegura que todavía queda por limar algunos aspectos, ya que hay casos en los que no se ha computado la antigüedad a la hora de fijar la cuantía.

Miguel Álamo, que ha venido ejerciendo como portavoz de los 187, explica que «el dinero que nos dieron no fue una cantidad exacta porque ha habido casos de compañeros que llevan menos años trabajando que yo y a los que se les ha abonado más dinero que a mí».

El dato

  • 91 peones. El Ayuntamiento planteó al comité de empresa, durante las negociaciones, extinguir el contrato de 96 de los 187 y ofrecerles una indemnización en base a 33 días por año de servicio, pero no se alcanzó ningún acuerdo. Fue dos semanas antes del despido.

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se informó de que la indemnización abonada hasta ese momento había sido de 356.688,32 euros por el conjunto de los 187 empleados. A ello habrá que sumar ahora la parte que obliga al Consistorio a abonarles por la ratificación como improcedente, que son otros 231.847 euros por los trece días restantes. Desde el colectivo de los 187 consideran que lo que queda por pagar puede suponer todavía «varios cientos de miles de euros».

La sentencia del Tribunal Supremo que ratificó el fallo del TSJC desechó los recursos del Ayuntamiento -que pretendía que el despido fuera considerado ajustado a derecho- y de los trabajadores, quienes demandaban la declaración de nulidad para conseguir su readmisión al servicio.

Jarro de agua fría

Los trabajadores despedidos se sintieron descorazonados por el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo ya que confiaban en que el despido fuera declarado nulo, tal y como pasó con otro grupo, el de los 138, que fueron reintegrados en el servicio por orden del TSJC.

«Después de dos años, estamos en el mismo sitio, en manos del Ayuntamiento», aseguró una de las afectadas, Pilar Fleitas, quien lleva encadenando contratos en Limpieza desde el año 2011, con la excepción del 2014. «No queremos el dinero, queremos trabajar», prosiguió, «he estado cinco años en el equipo de carnaval, hemos quitado Diógenes, retirado animales muertos..., hemos sido los que hemos dado la cara, pero ahora somos el último eslabón». Asegura que no quiere la indemnización, «quiero trabajar». Y considera injusto que no se les reincorpore cuando el Ayuntamiento trata de privatizar parte del servicio por falta de personal.

Mariló Medina, otra trabajadora, reconoce que se llevaron «un chasco» con la última sentencia. Defiende que todos los puestos del servicio se tienen que cubrir con una oposición, pero que hasta que se convoque y resuelva, lo lógico hubiera sido reincorporar a los 187 en vez de privatizar el servicio de limpieza viaria.