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Casi veinte meses después, los 187 peones de Limpieza Viaria que fueron despedidos por el Ayuntamiento capitalino ultiman estos días sus concentraciones para reclamar su reincorporación al servicio. Tras la de ayer, dos protestas más están marcadas en su calendario: la del 24 de este mes, en la plaza de Santa Ana, donde se celebrará el pleno ordinario; y la del 14 de octubre, ante las oficinas municipales.
De ahí en adelante vivirán una tensa espera, un tiempo indefinido en el que deberán aguardar el pronunciamiento del Tribunal Supremo respecto a su despido, que fue declarado improcedente por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
«Todo sigue igual», resume Miguel Álamo, quien se ha convertido en uno de los portavoces de la movilización. «No nos explicamos que no se nos contrate con toda la basura que hay en la calle y con las carencias de personal que tiene el servicio», explica, «la ciudad es ya de tercera, es una vergüenza que, vayas a donde vayas, te encuentres basura».
Asegura que la situación es cada vez más desesperada porque ya hay algunos compañeros a los que se les ha agotado el paro y no disponen de otra ayuda que la de sus familiares para poder afrontar los gastos. «Hay gente aquí que no tiene para pagar la luz o el agua», señala una de las afectadas, quien prefiere permanecer en el anonimato.
Ella tiene un niño pequeño y ha podido ir saliendo a flote con una ayuda de cuatrocientos euros, un crédito que solicitó y un trabajo de seis meses que le salió. Pero reconoce que ha estado «ahogada», hasta el punto de que fue derivada a Cáritas para el reparto de alimentos. «A la gente que ya tiene más de cuarenta no la contratan», lamenta.
El concejal de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria David Suárez acusó a la edila de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, de ser «la única culpable del caos que se está generando en la ciudad y en el servicio de Limpieza».
El edil aseguró que desde el gobierno municipal se tendría que haber contado en todo momento con el personal municipal en vez de impulsar una privatización del servicio en algunos sectores de la ciudad. «Medina debe cumplir con la Relación de Puestos de Trabajo que se puso en marcha en febrero de 2020, cumplir con la instrucción horaria y pagar tanto la nocturnidad como las horas extra a los empleados públicos que llevan seis meses sin cobrarlos», aseguró el concejal Suárez.
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