Nieves Macías, en primer plano, junto a sus compañeros. / C7

De barrendera a pedir comida en Cáritas

El largo proceso en torno al despido de los 187 peones de Limpieza convierte los últimos catorce meses en un calvario para muchos que no han podido encontrar un trabajo

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

A Nieves Macías se le entrecorta la voz cuando se le pregunta qué va a hacer si no consigue ser readmitida como barrendera en el servicio municipal de Limpieza. Tras una pausa en la que contiene las lágrimas, concluye que «sin trabajo, no eres nadie». Ella es una de las 187 personas que trabajaron como peones y a los que se les acabó su relación contractual con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en enero de 2020. Su despido fue declarado improcedente por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), pero la continuación del proceso judicial en torno al cese en el Tribunal Supremo y la negativa del grupo municipal de gobierno a readmitirlos, han condenado a muchos de estos trabajadores a una lucha por la supervivencia a base de ayudas sociales, asistencia de entidades benéficas y casi mendicidad, en los casos más extremos.

Miguel Álamo relataba ayer que cuando se dirigía a la concentración de protesta que los afectados por los despidos protagonizaron a las puertas de las oficinas municipales vio «a una compañera que rebuscaba en un contenedor de basura». Le dio diez euros porque no tenía más.

Nieves Macías no ha llegado a este extremo pero la necesidad también le aprieta. «He tenido que ir a Cáritas a pedir comida, nos la dan todos los meses en Guanarteme», reconoce, «al principio me daba vergüenza pero no hago mal a nadie». En agosto se le acabó el paro y está a la espera de recibir el ingreso mínimo vital. Lo había solicitado antes, pero el año pasado se lo negaron porque «la ayuda se me acabó en agosto y para poder tener esa pensión se me tenía que haber acabado en el mes de julio».

La ayuda familiar está resultando fundamental para que los despedidos puedan mantenerse, no sin ciertas dificultades

Ahora no tiene ingresos. Se le acumulan las deudas de la comunidad donde vive, en un pequeño bloque de cinco pisos, y su hermano le paga la luz y el agua.

De Cáritas no solo recibe el alimento, que va racionando para que le dure todo el mes a base de granos, guisos y potajes. La entidad benéfica «también me pagó las gafas» que se tuvo que poner tras una operación de ojos.

Nieves no quiere otra cosa que volver a trabajar. Lleva encadenando contratos temporales en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde 2006. Cuando entró por última vez estaba muy ilusionada porque pensaba que iba a ser un contrato largo. «Pero de repente nos llamaron y nos echaron», explicó esta mujer, «no sé qué va a ser de mí porque siempre he trabajado para el Ayuntamiento».

Imagen de archivo de otra protesta de los 187 despedidos. / C7

Los 187 empleados formaban parte de una bolsa de empleo de 245 personas que entraron en Limpieza en julio de 2019. De ellos, 47 procedían de otro grupo -los 138 que fueron readmitidos como consecuencia de otra sentencia que declaró nulo el despido- y otros once renunciaron a sus puestos de trabajo.

La bolsa de trabajo estuvo operativa hasta los primeros días de enero de 2020, pero el Ayuntamiento no pudo aplicarles un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), el primero que activa esta administración, hasta fines de ese mes por errores en las cartas de despido, ya que no se había incluido la indemnización.

En aquel momento, el Consistorio trató de negociar su continuidad a cambio de que la plantilla fija de Limpieza prorratease la subida de sueldo que tenía acordada, lo que suponía que los trabajadores fijos renunciaran a unos 3.600 euros en tres años.

El dato

  • 212. El área de Limpieza Viaria tiene en estos momentos un total de 212 plazas vacantes de las 336 que conforman su plantilla. Si se mira el total del servicio de Limpieza, las vacantes suben a 394.

El grupo de gobierno alegaba que la ley de estabilidad presupuestaria impedía asumir los costes laborales de los 187, que fijaba en 6,51 millones de euros.

Sin embargo, el ERE fue tumbado en octubre de 20202 por el TSJC en una sentencia que declaró que el despido no se ajustaba a derecho y desechó el argumento de que se pudiera justificar el despido en motivos de insuficiencia presupuestaria. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias apuntaba que el Consistorio disponía de 308 millones de euros en los bancos, aparte del hecho de que el ejercicio económico de 2019 fue un superávit de casi 63 millones de euros.

Desde entonces, estos trabajadores han tratado de reclamar al grupo de gobierno que los readmita, pero los recursos que van camino del Supremo han hecho que el Ayuntamiento se enroque hasta lograr un pronunciamiento judicial y no los atienda.

En todo ese tiempo, los que no han conseguido trabajo siguen manifestándose cada mes y recurriendo a ayuda externa para sobrevivir. «He tenido que pedir dinero a familiares», comentó Elías Ojeda, otro afectado, «encima pedías cita a los servicios sociales en enero y no te daban hora hasta marzo». Ahora ha empezado a cobrar la renta activa de inserción y está algo más aliviado.

También ha podido resistir, «gracias a mi familia», Agustín Suárez, quien lamenta que a su edad, 58 años, ya no resulta tan sencillo encontrar trabajo, y menos en un contexto de crisis tan marcada como el actual, a consecuencia del covid-19.