Imagen de la última concentración del colectivo de los 187 de Limpieza. / C7

El Ayuntamiento recurrirá la sentencia que tumbó el ERE a los 187 de Limpieza

El alcalde, Augusto Hidalgo, asegura que por imperativo legal deben llevar el recurso hasta las últimas consecuencias

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

El alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, aseguró ayer que el Ayuntamiento también presentará recurso ante el Tribunal Supremo para tratar de validar el despido colectivo que impulsó el servicio municipal de Limpieza en enero y que afectó a 187 barrenderos que formaban parte de una bolsa de empleo. La iniciativa municipal se sumará al recurso de los propios afectados, que tratan de conseguir un pronunciamiento en sentido contrario, de tal modo que consigan que el despido sea declarado nulo y no solo improcedente, como fijó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la sentencia dada a conocer por este periódico a fines del pasado mes de octubre.

El regidor hizo una lectura positiva de la sentencia del TSJC en el sentido de que «ellos (los trabajadores despedidos) buscaban la nulidad pero el juzgado no se la concedió con lo que nos ha dado la razón».

Interpretación del fallo

La sentencia del TSJC, en efecto, no concede la nulidad del despido -lo que obligaría a readmitirlos en Limpieza-, pero sí señala que el expediente de regulación de empleo no se ajustó a derecho. Esto significa que el cese de la actividad laboral fue improcedente. A partir de ahí, al Ayuntamiento le correspondía readmitirlos o indemnizarlos.

Los operarios han venido reclamando su reincorporación al servicio pero cualquier movimiento por parte del grupo de gobierno quedará ahora pendiente del recurso que se elevará al Tribunal Supremo. «Hasta ese momento no se tomará ninguna decisión», expuso.

Los 187 barrenderos afectados por el despido colectivo formaban parte de una bolsa de 245 personas que se incorporaron al servicio de Limpieza el 8 de julio. De ellos, 47 procedían de otro grupo -los 138 que fueron readmitidos en enero como consecuencia de otra sentencia diferente que declaró nulo su despido- y otros once renunciaron a sus puestos de trabajo.

El dato

  • 6,5. Es el coste salarial, en millones de euros al año, de la reincorporación de los 187 despedidos. De esta cantidad, 4,89 millones se corresponderían a sueldos y 1,62 millones, a cuotas a la Seguridad Social.

Hidalgo indicó que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está obligado a agotar la vía judicial para defender lo que entiende como el interés general de la ciudad. «Estamos obligados», resumió.

Respecto a las críticas vertidas por los trabajadores, que la semana pasada se quejaron de que nadie del grupo de gobierno se ha preocupado por recibirlos, el regidor socialista rechazó esta acusación. «Me consta que ha habido reuniones con representantes públicos», expuso, «no creo que esto sea un problema».

Sin embargo, la semana pasada, los afectados por el despido colectivo organizaron una manifestación hasta las puertas de las oficinas municipales y denunciaron que desde el grupo de gobierno no se había atendido su petición de reunión para discutir el alcance de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

De hecho, los 187 barrenderos han organizado un calendario de movilizaciones que se extenderá a lo largo de este mes. El viernes pasado la Delegación del Gobierno autorizó una nueva manifestación al colectivo de los 187 para el próximo día 26 entre el parque de San Telmo y la sede del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Además, han anunciado también una concentración para el día siguiente en la plaza de Santa Ana durante la celebración del pleno. Esta movilización está pendiente de autorización por parte de las autoridades competentes.

Los trabajadores despedidos sí han podido reunirse con los diferentes partidos de la oposición y concejales no adscritos en el Consistorio capitalino. De hecho, está previsto que los grupos municipales presenten alguna iniciativa en la próxima sesión plenaria para tratar de conseguir un pronunciamiento del gobierno local a favor de los intereses del colectivo de los 187. Eso podría abrir la puerta a su participación en el Salón Dorado.