Los 187 despedidos de Limpieza acuden al Supremo para lograr la nulidad del ERE
Los afectados anuncian el recurso de casación y dicen estar abiertos a sentarse a negociar una salida pactada con la administración
Los trabajadores de Limpieza afectados por el despido colectivo han anunciado, a través de su representante legal, el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) pretenden conseguir que la justicia anule el despedido de los 187 integrantes de una bolsa de empleo, que se materializó el pasado 23 de enero.
Una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) había estimado de manera parcial sus pretensiones. Así, si bien la Sala canaria declaró que el despido no se había ajustado a derecho, no accedió a la petición del comité de empresa para que se declara nulo. Esto es lo que pretenden ahora los trabajadores en el Supremo. La diferencia entre un posicionamiento y otro es que mientras que la declaración de falta de ajuste a derecho deja en manos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la posibilidad de readmitirlos o indemnizarlos, la nulidad obliga a la administración a incorporarlos al servicio municipal de Limpieza.
Los 187 peones despedidos formaban parte de una bolsa temporal de empleo de 245 personas que se incorporaron al servicio de Limpieza el 8 de julio del año pasado. De ellos hubo que descontar a 47 que pertenecían a otro grupo anterior de 138 despedidos y cuya expulsión fue declarada nula por parte del TSJC. Del número de afectados que quedaba, se descontó a otras once personas que renunciaron a sus puestos de trabajo. Con ello, el colectivo afectado final estuvo compuesto por 187 peones.
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La bolsa de empleo se agotó entre el 7 y el 11 de enero de este año, pero el Ayuntamiento no les aplicó el expediente de regulación de empleo hasta fines de ese mes, ya que no se habían redactado las cartas de despedido y, además, no se había incluido la indemnización que les correspondía. Hay que tener en cuenta que hay trabajadores que llevan años encadenando contratos con la administración, bien de interinidad, bien de obras y servicios, bien por necesidades de la producción.
En aquel momento, el Ayuntamiento alegó que, por exigencias de la ley de estabilidad presupuestaria, no podría mantener a los 187 trabajadores salvo que el comité de empresa aceptase prorratear la subida de sueldo (21%) que había sido acordada con la parte social dentro de la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo.
Como no se llegó a un acuerdo, porque la plantilla fija debía renunciar a unos 3.600 euros en tres años, según sus propios cálculos, el Ayuntamiento optó por aplicar el ERE a los 187, decisión que acabó en los tribunales. Ahí fue donde el TSJC declaró que el despido de los 187 no se ajustaba a derecho y desechó el argumento de que se pudiera justificar el despido en motivos de insuficiencia presupuestaria.
Unos 6,5 millones
Hay que recordar que en las cartas de despido entregadas a los 187 trabajadores afectados por la regulación de empleo de enero se detallaba que el coste salarial derivado de un posible incremento de la plantilla con este grupo rondaría los 6,51 millones de euros al año, de los que 4,89 millones se corresponderían a sueldos y otros 1,62 millones de euros en cuotas a la Seguridad Social.
Pero estos cálculos no fueron admitidos por el TSJC como razones válidas para justificar la regulación de empleo en base a la inestabilidad presupuestaria ya que el Ayuntamiento disponía de unos fondos líquidos de 308,12 millones de euros. Y porque, además, el resultado del ejercicio económico de 2019 fue de 62,7 millones de euros de superávit.
«No se trata de una verdadera medida económica que pretende un ahorro efectivo para cumplir con los requisitos legales de estabilidad presupuestaria, sino más bien la búsqueda de un despido a bajo precio que liberalice al Consistorio para seguir realizando el mismo servicio mediante otras personas y otras contrataciones (previsiblemente temporales), sin que se haya probado ninguna fórmula alternativa de mantenimiento del servicio a costes inferiores», señalaron los magistrados en la sentencia que ahora es objeto de recurso.
El servicio tenía unas 171 plazas vacantes en el año 2019
En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se analiza la situación del servicio municipal de Limpieza. Un informe pericial señala que la plantilla está formada por 299 plazas, de las cuales 129 están ocupadas por personal laboral fijo (si bien, a 31 de diciembre de 2019, había 126 trabajadores efectivos). A ello hay que sumar 33 vacantes ocupadas a tiempo completo por personal laboral indefinido y dos empleados más (uno reubicado y otro en excedencia). «Por tanto, las plazas totales vacantes a 31 de diciembre de 2019 ascendían a 171 plazas», se recoge en el fallo judicial.
Los 187 barrenderos despedidos en enero aspiran a ocupar estas vacantes aunque saben que no pueden hacerlo de manera definitiva. «No quiere decir que se queden ahí para la eternidad», aseguró el abogado del comité de empresa, M.E.H., «cuando esas plazas sean ocupadas por un concurso público, se tendrán que ir».
El representante de los trabajadores insistió en que «estamos abiertos a negociar hasta que esto lo resuelva el Tribunal Supremo».
Hasta ahora, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran canaria se ha negado a reincorporar a los 187 afectados por el despido colectivo que el TSJC considera que no se ajustó a derecho.
Tras la admisión del grupo de 138 que formaba parte del proyecto de limpieza lineal de barrios, cuya reintegración al servicio se hizo por otra sentencia del TSJC tras una demanda del sindicato Comisiones de Base de Canarias (Co.bas), el servicio municipal de Limpieza entendía que no podía asumir la incorporación de los otros 187 despedidos de la bolsa de empleo. «La plantilla se vería incrementada en un total de 325 personas, lo que resulta absolutamente inviable», se recoge en la sentencia.
Pese a ello, el servicio sigue echando mano de trabajadores de FCC -la empresa que gestiona una parte del servicio de manera indirecta-, así como de personas que están en los programas de empleabilidad del Instituto Municipal de Empleo y Formación (IMEF). Los últimos de estos cursos fueron 160 barrenderos que se incorporaron a fines de octubre al servicio gracias a una subvención del Cabildo de Gran Canaria de 1,95 millones de euros.
El TSJC reconoció el déficit de recursos humanos.
