Concentración de los barrenderos despedidos a las puertas de las oficianas municipales de la capital grancanaria. / Cober

«Somos barrenderos, no somos un número»

Los 187 trabajadores cuyo despido fue calificado como improcedente por parte del TSJC se manifiestan ante el Ayuntamiento para exigir su readmisión en Limpieza

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palma de Gran Canaria

No queremos indemnización, queremos la readmisión». La petición llegaba desde la calle León y Castillo a los despachos del gobierno municipal en las oficinas municipales. Querían dejar claro sus pretensiones después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declarara improcedente su despido del servicio municipal de Limpieza. Su grito era también el único medio de comunicación que han encontrado porque «no ha habido ningún acercamiento con el Ayuntamiento».

Un grupo de los barrenderos despedidos se manifestó este jueves por las calles de la capital grancanaria y se concentró ante las oficinas municipales para hacer llegar su reivindicación de reincorporación al trabajo y que ahora están peleando en el Tribunal Supremo. Hay que recordar que el TSJC determinó que el despido colectivo no se ajustaba a derecho, pero no admitió señalarlo como nulo. La diferencia entre la improcedencia -reconocida por la Sala canaria- y la nulidad -demandada ahora ante el Supremo- es que la primera da la posibilidad al Ayuntamiento de escoger entre la readmisión y la indemnización, mientras que la segunda no deja espacio a la administración, que queda obligada a su reincorporación al trabajo.

Los 187 peones despedidos formaban parte de una bolsa temporal de empleo de 245 personas que se incorporaron al servicio de Limpieza el 8 de julio del año pasado. De ellos hubo que descontar a 47 que pertenecían a otro grupo anterior de 138 despedidos y cuya expulsión fue declarada nula por parte del TSJC. De los 198 restantes, se descontó a otros once que renunciaron a sus puestos de trabajo. Con ello, el colectivo afectado final estuvo compuesto por 187 peones.

Otro momento de la protesta. / C7

«Somos barrenderos, no somos un número». Quieren llamar la atención de que tras la cifra hay problemas personales. «Tenemos compañeros que ya llevan cuatro meses sin cobrar ni un duro», señaló uno de los manifestantes, «y otro va a tener que dejar la casa de alquiler en la que vive con su hijo porque no puede pagarla».

Lo peor es el limbo en el que se mueven. El Ayuntamiento no les informa si va a recurrir en casación la sentencia del TSJC, si va a indemnizarlos o si los va a reincorporar a un servicio que tiene unas 171 plazas vacantes.

Por eso, de sus pulmones salían gritos como «Inmaculada, da la cara», en relación a la concejala de Limpieza, o «Sácate la foto, Augusto Hidalgo», interpelando directamente al alcalde.

Algunos de los manifestantes explicaron que la concejala «no nos quiere recibir porque dice que alguien le faltó el respecto por Facebook». Ellos entienden que no se pueden perder las formas en las redes sociales, pero no comprenden que eso sea razón suficiente para dejar a 187 familias en la indefinición.

Este periódico también intentó conocer ayer la versión del grupo de gobierno con una petición cursada ante el gabinete de prensa, pero el resultado, en forma de silencio, fue el mismo que se utiliza como respuesta a los 187 trabajadores despedidos de manera improcedente.

Negociación y readmisión

Quienes sí se pusieron del lado de los 187 despedidos fueron los concejales de la oposición. La portavoz del PP, Pepa Luzardo, anunció que va a solicitar en el próximo pleno que el grupo de gobierno retire el recurso de casación. «Pedimos formalmente que alguien del grupo de gobierno asuma las consecuencias políticas del maltrato continuado a estas 187 familias y que se sienten ya mismo con su representación legal para alcanzar un acuerdo de readmisión de estos trabajadores en condiciones económicas viables para el servicio», dijo.

«¿Qué van a decidir los supuestos defensores del empleo, del trabajo público, de las contrataciones dignas? ¿Qué van a decidir este PSOE y este Podemos tan sui géneris que gobiernan nuestra ciudad?», añadió Luzardo.

Por su parte, la edila de Ciudadanos, Lidia Cáceres, considera que es «urgente» que Inmaculada Medina convoque una reunión con estos trabajadores. «No se puede estar jugando con el dinero público de esta manera y que todo los resuelvan los juzgados», expuso, «al final, va a tener que indemnizarlos estando en sus casas, mientras tenemos unas calles cada vez más sucias».

Para David Suárez, de CC-UxGC, «a la concejala Inmaculada Medina le da exactamente igual la precariedad de los juzgados y que se siga derrochando ingentes cantidades de dinero público en costas e indemnizaciones en los juzgados». El concejal nacionalista recordó que «existe una demanda suficiente para cubrir las vacantes del servicio».

La concejala no adscrita Beatriz Correas considera «una falta de respeto que sea necesario manifestarse para que puedan ser recibidos por el alcalde y los concejales de gobierno y comenzar una negociación, que en este caso, y dada la situación de la limpieza en la ciudad, es más que necesario».

La otra edila no adscrita, Carmen Guerra, destacó que «se ha perdido una gran oportunidad de reunirse y conciliar, de mediar para que esto se pare ya y se dé una salida a este asunto».

Los 187 trabajadores afectados por los despidos improcedentes anuncian nuevas movilizaciones para el próximo 26 y no descartan una concentración ante las Casas Consistoriales el día que se celebre el pleno.