Imagen de una cola de taxis en la parada de San Telmo. / ARCADIO SUÁREZ

El Ayuntamiento confía en cambiar la regulación del taxi tras el verano

La ordenanza se cambiará para permitir que la oferta se amplíe o reduzca en función de las necesidades de movilidad de la ciudad

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

El grupo municipal de gobierno confía en tener finalizada la nueva ordenanza municipal del taxi «después del verano». En estos momentos se trabaja en el cambio de la norma para permitir la regulación de la oferta, algo que no está contemplado en la actualidad. El Consistorio capitalino quiere introducir una modificación normativa que permita una cierta flexibilidad a la hora de regular la cantidad de licencias municipales que está operativa en cada momento y adaptarla a las necesidades reales de movilidad que tiene la ciudad.

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, explicó que en estos momentos la propuesta que ha surgido de la Mesa Municipal del Taxi es la de fijar dos días de descanso obligatorios para los taxistas: uno en día laboral y otro durante el fin de semana.

RADIOGRAFÍA DEL SECTOR

  • Licencias En la ciudad operan 1.598 taxis, en los que trabajan 2.080 personas, de los que 475 son asalariados.

  • Distancia. Cada taxi recorre 204 kilómetros al día un 42% ocupados; un 54% en vacío; y un 4% fuera de servicio.

  • Ingresos Las veintiuna carreras que se realizan por jornada generan una recaudación de 114 euros.

  • Jornada Cada taxista soporta una jornada laboral media de 12,1 horas. El 76% del tiempo es en vacío.

En todo caso, todavía quedaría por definir la concreción de la medida, pues existen diferentes ideas sobre cómo distribuir las licencias entre las dos jornadas de paro. Además, Ramírez indicó que también se va a dar trámite a las asociaciones que no forman parte de la Mesa Municipal del Taxi para que puedan mostrar su opinión.

«Lo que hemos acordado con las asociaciones de la Mesa Municipal del Taxi es que se puede aplicar esta propuesta con la posibilidad de revisarla cada cierto tiempo, que no sea algo inamovible», expuso el edil, «la ordenanza actual no permite la regulación».

Una norma flexible

José Eduardo Ramírez detalló que la nueva ordenanza municipal del taxi será amoldable al contexto «para responder a los cambios en la demanda, pero siempre con informes concretos y justificados, para que la regulación no quede al arbitrio del concejal de turno». Con ello se quiere que «siempre se tenga que motivar el cambio en el servicio, tanto para ampliarlo como para reducirlo».

«Queremos que sea flexible», prosiguió el concejal de Movilidad, «que en un momento dado se pueda decidir reducir la oferta y, en otras circunstancias, decidir sacar a la calle el cien por cien de las licencias».

El Ayuntamiento confía en poder tener lista la nueva regulación municipal tras el verano, aunque la tramitación dependerá también de la contestación que reciba la propuesta ordenancista en el periodo de alegaciones públicas que requieren los cambios de ordenanza. «Nuestra intención es sacarla cuanto antes», expresó José Eduardo Ramírez.

La intención de fijar días de descanso obligatorios se va a tropezar, sin duda, con el rechazo de profesionales del sector, como es el caso de la Asociación pro Derechos del Taxista Autónomo de Canarias (Asprotac), que ya ha anunciado su intención de llevar la regulación a los tribunales. De hecho, ya lo hizo durante la pandemia, cuando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria impuso una restricción del 50% al servicio. El recurso que presentó Asprotac contra esta medida acabó en los juzgados, que dictaron la suspensión cautelar de la regulación de la oferta.

Esto provocó una reacción por parte de otros colectivos de taxistas que sí son partidarios de la regulación, como fueron la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT) y Autaxi-GC, que se han venido movilizando en los últimos meses en favor de la aplicación de días de parada obligatoria para poder garantizar la rentabilidad del servicio.

Estas asociaciones y las cooperativas han hecho llegar sus propuestas a través de la Mesa Municipal del Taxi, en la que no está Asprotac. Esta asociación ha solicitado incorporarse a ella.

«Hay que regular los días de parada, pero no al 50%»
José Eduardo Ramírez. / C7

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento, José Eduardo Ramírez, considera que el último informe económico sobre la situación del taxi, adelantado en exclusiva por CANARIAS7 la semana pasada, «es la fotografía de una situación que no es habitual en el sector». El análisis, que concluye en la necesidad de rebajar a la mitad la oferta de licencias municipales que trabajan a diario en la ciudad, fue encargado por el Consistorio capitalino, a petición de la Mesa Municipal del Taxi, para medir el impacto de la crisis económica en el sector y fue realizado en plena pandemia, en un momento de restricciones de la movilidad.

«Era un momento en el que la demanda había caído de forma estrepitosa por los ERTE, el teletrabajo, la desaparición del ocio nocturno y con cero turismo», expuso el edil. Sin embargo, Ramírez sí le da importancia al hecho de que la nueva auditoría consolida las conclusiones de la que se había confeccionado en 2016, en el sentido de que hay que intervenir el servicio.

Por eso, aunque no se muestre partidario de llegar a una rebaja de la mita de la flota, sí considera que hay que actuar y definir unas jornadas de descanso para que el trabajo esté más repartido y aumente la rentabilidad de los taxistas. «El estudio recomienda un 50% pero las circunstancias cambian casi a diario y la recuperación económica se está produciendo», responde el concejal de Movilidad, «quizás el 50% no sea necesario pero sí es fundamental una regulación de los días de parada, tal y como está solicitando la mayoría del sector».

El 'Estudio para determinar la oferta de taxis en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, para su mejor adecuación a la situación actual que atraviesa el sector' determinaba que el negocio del taxi en la ciudad incurrió en un déficit, el pasado año, que rondó los 46,7 millones de euros. Esta cifra mide el impacto de la crisis, si bien ya en el informe de 2016 se advertía de que el sector incurría en una necesidad de financiación de 26,3 millones de euros cada año.