«Han aflorado otros actores en la trama delictiva, como (...) Conrado Domínguez»

El Servicio de Asuntos Internos de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil remitió el pasado 1 de diciembre de 2022 a la jueza titular de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, en el marco de la investigación del caso Mediador -entonces declarada secreta-, un informe de 75 folios que resumía a esa fecha el avance de las pesquisas y que concluía con este párrafo: «Lo hasta ahora expuesto ha permitido aflorar el papel de otros actores de la trama delictiva, como es el caso del abogado Peña Fumero, que ha colaborado asesorando en la resolución favorable del citado expediente, y el empresario Robayna García, quien facilita facturas para justificar los pagos de los empresarios de la Asociación Deportiva La Vega de Tetir, así como del que fuera director del Servicio Canario de Salud, Conrado Trujillo [omiten el primer apellido, Domínguez], a quien Navarro Tacoronte acudió con la finalidad de revertir el expediente sancionador de Montesdeoca García».

Para llegar a esa conclusión, los investigadores cotejaron decenas de los miles de mensajes, fotos y vídeos encontrados en los dos teléfonos de Marco Antonio Navarro, el mediador que da nombre al caso.

Ese párrafo de los agentes se refiere al intento del empresario ganadero Alberto Montesdeoca de librarse de un expediente sancionador que finalmente acabó pagando, por importe de 74.000 euros, después de concluir que sus pagos a la trama de presunta corrupción habían sido en balde.

Este domingo CANARIAS7 desveló que la jueza cuenta con un mensaje de Navarro en el que se incluye un listado de empresas vinculadas con Sanidad, junto a ellas unas cantidades económicas que superan el millón de euros, y a pie de página los nombres de Marco Antonio Navarro como «mediador» y de Conrado Domínguez junto a su cargo en el Servicio Canario de Salud. Como se recordará, Domínguez dimitió en noviembre de 2022 tras quedar en evidencia que había mentido al asegurar que no conocía al dueño de la empresa del caso Mascarillas.

La investigación ya se había tropezado con una referencia a la Consejería de Sanidad en una grabación de febrero de 2021, en la que Marco Antonio Navarro está en compañía de una mujer contando y repartiendo dinero , y cuando ella menciona «5.500 euros», él añade que es «para el de Sanidad». Sin dar nombre alguno.

Un mes después de ese manejo de dinero, Alberto Montesdeoca sigue intentando librarse de un expediente sancionador de Ganadería. El 17 de marzo de 2021, Montesdeoca tramita una solicitud ante la Secretaría General Técnica de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno canario para ampliar el plazo en el expediente y designa abogado. Se la envía al mediador de la trama y le informa de que ha remitido copia también al director general: «Ya envié la copia a Thai [así aparece escrito] y a su técnico]».

Ese mismo día, Navarro envía a Tacoronte una foto posando junto a Conrado Domínguez, según recoge Asuntos Internos de la Guardia Civil en su informe de diciembre de 2022. La foto fue tomada en el despacho de Domínguez, en la capital grancanaria.

Ese día salen más mensajes del móvil de Navarro rumbo al del ganadero:uno es el documento en formato Pdf por el que el Gobierno de Canarias amplía en siete días el plazo para comparecer en el expediente instruido a la Quesería Montesdeoca SL. «Seguidamente», prosigue el informe de Asuntos Internos, «Navarro Tacoronte envía una secuencia de mensajes, en la que adjunta imágenes que muestran una cantidad indeterminada de billetes de 50 euros y 20 euros».

A las 22.04 horas, el móvil del ganadero recibe el mensaje con el texto «Grupo de Empresas» ya mencionado, con los nombres de Cabrera Medina y la cantidad de 600.000 euros; Asesoramiento y Servicio de Drones, junto a 400.000 euros; Suministros Archipiélago, con 200.000 euros; Solar Energy Resolución, con 200.000 e Hispano Robysa con 200.000 euros, más este añadido final:«Pendiente de aquí al jueves de dos empresas de 600.000 euros».

Lo que recibe seguidamente el ganadero tinerfeño en su móvil son capturas de pantalla de una conversación por Whatsapp de Marco Antonio Navarro con Conrado Domínguez, un diálogo centrado en la quesería del primero y su expediente, «en el que se puede apreciar», señala la Guardia Civil, «cómo intermedia para que éste favorezca el expediente de Montesdeoca García, haciendo alusión incluso a pagar la cantidad que fuera necesaria».

En su resumen de lo encontrado en los móviles del mediador, la Guardia Civil destaca, incluso escribiéndolas en negritas, dos frases: «Te pido por favor lo sé la Quesería por dios» y «Si alguien puede resolver esta situación no tengo muy claro que es usted y le estoy dispuesto a pagar lo que hay que pagar para evitar esta injusticia». La lectura del mensaje y de otros permite concluir que en realidad quiso escribir «lo tengo muy claro», en lugar de «no tengo muy claro».

Marco Antonio Navarro llega a implorar el favor a la quesería con el siguiente mensaje:«Esto me afecta a mí, perdona que te moleste, me afecta personalmente y te prometo que me está destrozando (...) Te lo estoy pidiendo con las lágrimas en los ojos, confío en ti como tú estás confiando en mí y que sí, que quede claro que no hablado con nadie más». El chat incluye esta respuesta del director del Servicio Canario de Salud:«Tú empuja para que no me dejen con el culo al aire con las facturas y yo me encargo del resto».

Marco Antonio Navarro reacciona:«Tus palabras me llegan al alma y por lo que tengo en el cielo, que tú sabes que es lo tengo en el cielo (...) gracias, Conrado, de verdad».

El informe de la Guardia Civil detalla que el 18 de marzo, el mediador dio instrucciones a Montesdeoca sobre cómo efectuar diversos ingresos:«En cada ingreso pones cada nombre». Un día después Marco Antonio Navarro solicita a Alberto Montesdeoca un pago de 500 euros, a lo que este se opone. Sin embargo, el 23 de marzo hay una transferencia de Montesdeoca a la empresa Hispano Robysa, que hacía de pantalla para los pagos irregulares, por importe de 2.000 euros, lo que se relaciona con el mensaje de «Paga Alberto» que el mediador envía al diputado Juan Bernardo Fuentes, a lo que este responde:«Pasa catálogo». El informe de la Guardia Civil añade que«sin dilación alguna» Navarro envió al parlamentario «fotografías de meretrices». Como queda acreditado en la investigación, el dinero de los empresarios era utilizado en parte para el pago de servicios de prostitución y el «catálogo» era un listado de fotos para elegir qué prostituta quería.

El expediente de la quesería siguió su curso: el 26 de marzo se tramitó otra solicitud, enviando varios documentos adjuntos; un día después el mediador le pidió 3.000 euros más y siguió el intercambio de mensajes en ese sentido, contando siempre con Hispano Robysa para hacer facturas que diesen cobertura a las transacciones.

En julio 2021, Montesdeoca se siente «engañado». El expediente sancionador concluye con la exigencia de reintegrar 74.000 euros: «Me has engañado», le escribe a Navarro.

El nombre del general Francisco Espinosa también aparece en el intercambio de mensajes con el empresario ganadero Alberto Montesdeoca y ambos llegaron a reunirse. Mientras esperaba conseguir gracias a la trama una rebaja o la anulación de un expediente sancionador abierto en la Dirección General de Ganadería, el ganadero tinerfeño veía en la red de políticos, el mediador y otros empresarios una palanca para ampliar sus contactos comerciales.

En el caso del general, el objetivo era que le abriera las puertas de una gran cadena de distribución comercial. Para ello se valdrían de la amistad del general con un empresario dedicado a negocios tan diversos como el turismo, el suministro de productos sanitarios y la importación en general, y de este con los dueños de la cadena de distribución. La investigación de Servicios Internos de la Guardia Civil sobre la actividad del alto mando del cuerpo incluye en esa línea varias fotos de encuentros de Espinosa con los empresarios.

Francisco Espinosa es el único de la docena de detenidos por orden de la jueza instructora del caso Mediador que está en prisión.

El pasado viernes quedó en libertad con cargos el ya exdiputado Juan Bernardo Fuentes. La jueza no pudo enviarlo a prisión porque no lo pidió la Fiscalía, lo que es interpretado en medios judiciales como prueba de que la defensa del parlamentario ha llegado a un acuerdo con el ministerio público para colaborar en la causa.

A la salida de los juzgados, Juan Bernardo Fuentes dijo que tenía «la conciencia tranquila», pero eludió dar más explicaciones ante los periodistas que aguardaban su comparecencia.

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