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Si no lo sabía, malo. Si lo sabía, peor. El escándalo de corrupción que ha salpicado a dos exdirigentes de la Consejería de Agricultura -uno de ellos ya exdiputado del Partido Socialista- pondrá a prueba la capacidad del presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, para separar su gestión de este asunto «vergonzante y vergonzoso», como él mismo ha dicho, en el último debate de la nacionalidad de la legislatura, que previsiblemente será en el primer debate electoral de cara a mayo.
Después de cuatro años en los que el Pacto de las Flores se ha visto obligado a gestionar una emergencia tras otra, es la primera vez que se enfrenta a una crisis política que, si bien solo afecta al PSOE, aún se desconoce el alcance que puede tener para el Gobierno.
La alianza progresista llegaba a este pleno, adelantado a finales de febrero para alejarlo de la convocatoria electoral, con buenos datos económicos y compromisos cumplidos que poner sobre la mesa y presumiendo de solidez y unión entre las cuatro formaciones que han gobernado Canarias esta legislatura (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera).
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Sin embargo, el caso Mediador pone al Ejecutivo en un brete, si bien es cierto que la oposición, de momento, no ha sido especialmente contundente, frente al ruido que hizo en los últimos meses por el caso Mascarillas.
En este asunto, tras pedir una comisión de investigación en el Parlamento -rechazada por los grupos que apoyan el Pacto-, ha vuelto a solicitar un informe a la Audiencia de Cuentas después del borrador que nunca se llegó a aprobar en pleno y que, según el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, era una «opinión personal» del auditor.
En este caso, y frente a los meses de dilación en la dimisión/destitución del exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, la renuncia de Juan Bernardo Fuentes fue inmediata y, además, Torres aseguró que el cese del director general Taishet Fuentes el verano pasado había sido «acertada».
Con estas decisiones que pretende construir un cortafuegos que mantenga este asunto lejos de su gestión al frente del Gobierno.
En un discurso que durará en torno a 90 minutos, Ángel Víctor Torres expondrá los datos de gestión «a pesar de todo» y los resultados económicos que acompañan en este cierre de mandato.
Así, al 8,2% de crecimiento de la comunidad en 2022 -más de tres puntos por encima de la media nacional-, se suman las previsiones del BBV para este ejercicio, que apuntan datos que vuelven a ser positivos para el archipiélago, duplicando la estimación de media del Estado.
También podrá sacar pecho el presidente con las cifras del paro. Al cierre del año pasado, la tasa de desempleo se situó en el 14,57%, un porcentaje que no se registraba en el archipiélago desde hace más de una década, como han reiterado desde el Ejecutivo, y con 900.000 personas trabajando «más que nunca en la historia» de la comunidad .
Aún así, las cifras de pobreza y las medidas para combatirla siguen siendo una de las cuestiones pendientes de este Gabinete. Aunque ya está aprobada una de las iniciativas estrella de la legislatura, la renta canaria de ciudadanía, aún no ha empezado a tener efectos.
Lo que sí se ha dejado notar en el archipiélago son las consecuencias de la inflación y en encarecimiento del precio del dinero. La cesta de la compra, el combustible y otros productos básicos lastran tanto a las familias como a las empresas.
Este ha sido uno de los grandes asuntos de discusión y discrepancia entre el Gobierno y la oposición. La inflación, junto con la actividad económica -sobre todo el turismo-, ha generado los mayores ingresos tributarios de la historia de la comunidad autónoma, impulsada basicamente por el IGIC.
La recaudación, que supera ampliamente la previsión de la Consejería de Hacienda, ha servido de argumento a Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y a los dos diputados del Grupo Mixto para reclamar una bajada de impuestos, extremo que rechaza de manera tajante el Gobierno.
También se han unido algunos sectores empresariales empresariales en la petición de eliminar o al menos revisar el Aiem, una cuestión a la que el Gabinete no se ha cerrado, pero tampoco ha mostrado avances.
Después de años de negociación y retrasos, en enero se produjo el traspaso de Costas, aunque de momento, los resultados no están siendo los esperados.
El consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, está a la espera de un informe jurídico para entablar un conflicto de competencias con el Estado ante el Constitucional. La oposición critica que, después de tanto tiempo, ni se han recibido expedientes ni tampoco personal.
El viaje a Marruecos de Pedro Sánchez, cuyos resultados para las islas se desconocen en materias como la delimitación de las aguas o inmigración, y la ausencia de representantes canarios en este encuentro, también tendrá cabida en el debate.
Una de las buenas noticias a las que se agarrará Torres es la firma de la adenda de 407 millones al convenio de carreteras.
El Gobierno progresista del Pacto de las Flores se ha visto obligado a transitar durante estos cuatro años un camino a golpe de sobresaltos.
Lo que en principio se presentaba como un mandato con buenas perspectivas económicas, se ha mostrado como una sucesión de emergencias, una tras otra y de todo tipo, que han requerido actuaciones urgentes y a golpe de decreto ley.
El presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, dará cuenta durante hora y media el próximo martes de la gestión que se ha llevado a cabo en esta legislatura «difícil» y a la que se ha hecho frente con «respuestas inéditas».
Han sido medidas que han permitido afrontar una pandemia, un cero turístico, la erupción de un volcán en La Palma o abordar los efectos económicos de la guerra provocada por la invasión de Rusia a Ucrania.
Además, y aunque es responsabilidad del Gobierno de España, la comunidad autónoma ha visto en este tiempo como el muelle de Arguineguín se convirtió en un espacio donde se hacinó a miles de inmigrantes en plena pandemia y con una respuesta final que no satisfizo a nadie.
En la parte que corresponde a Canarias, se ha clamado en el desierto para conseguir la solidaridad y la corresponsabilidad del Estado y el resto de autonomías con los menores extranjeros no acompañados.
En el último debate de la nacionalidad del mandato, Torres hará una reflexión del consenso conseguido respecto a asuntos importantes y de la responsabilidad de la oposición en el apoyo a medidas contra la covid, o el amplio respaldo a la ley de Transición Ecológica o la renta de ciudadanía.
No podrá obviar el caso Mediador, que ha visto implicados a representantes del PSOE y ha salpicado a la Consejería de Agricultura. El mandato inició su andadura con un incendio forestal y acaba con uno político.
El debate de estado de la nacionalidad canaria adelanta sus fechas y en este casi cierre de mandato tendrá lugar los días 28 de febrero y 1 y 2 de marzo.
Como es habitual, abrirá el pleno el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, que tendrá un tiempo máximo de dos horas, aunque Presidencia ha indicado que, como en ocasiones anteriores, sólo consumirá hora y media según sus previsiones.
Por la tarde será el turno de la oposición, de mayor a menor y por espacio de 40 minutos tanto para Coalición Canaria como para el Partido Popular.
Los dos parlamentarios del Grupo Mixto-Ricardo Fernández de la Puente (Cs) y Vidina Espino- se tendrán que repartir el tiempo e intervendrán durante 20 minutos cada uno.
Torres podrá optar entre contestar de forma conjunta o individual a los portavoces, que tendrán una réplica de diez minutos -la mitad para cada diputado del Grupo Mixto- y cierra el presidente.
La sesión se reanuda al día siguiente con los grupos que apoyan al Gobierno. El formato y los tiempos serán los mismos que para la oposición. Hasta las dos de la tarde del miércoles se podrán presentar propuestas de resolución que serán defendidas en turnos de 30 minutos el jueves.
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