En la imagen, los mensajes que dieron inicio al caso Mascarillas, junto a Conrado Domínguez. / C7

CASO MASCARILLAS

«Buenas tardes Conrado, soy Samuel»: así empezó el negocio de los cuatro millones

El 5 de mayo de 2020, en plena pandemia, los intermediarios pusieron en contacto a RR7 con Domínguez en una llamada a tres

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO Las Palmas de Gran Canaria

«Buenas tardes Conrado, soy Samuel». De esta forma se presentaba por un mensaje de WhatsApp el comisionista Samuel Machín al ahora director del Servicio Canario de Salud el 5 de mayo de 2020, en plena crisis sanitaria y con 2.231 positivos por Covid-19 y 143 fallecimientos contabilizados hasta esa fecha en el archipiélago.

En ese momento el caso Mascarillas -en el que la Justicia investiga el contrato fallido de cuatro millones de euros que salieron de las arcas públicas-, iba cogiendo forma después de que el intermediario Osvaldo Lastras -amigo íntimo de Conrado Domínguez- mandara un mensaje a Machín dos días antes en el que le escribió «Samu, tengo esta oportunidad» de negocio y este le presentara posteriormente al empresario Rayco Rubén González, propietario de la mercantil automovilística RR7 United SL.

Imagen de la primera conversación entre Machín y Domínguez. / C7

Como argumenta el fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, «a Rayco no le hizo falta engañar para conseguir el contrato», al contrario. «Le bastó ser amigo. Ser amigo del amigo, contacto estrecho de Conrado Jesús. A Rayco no le hizo falta -si quiera- anunciar los términos de su prestación obligacional con la administración pública contratante porque nunca le exigieron nada, le bastó estar recomendado por su amigo (Samuel), cuyo íntimo amigo Osvaldo era, a su vez, el amigo de quien decidía (Conrado)», explica en la querella que presentó y que fue incoada por el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria.

Lo que hablaron Samuel Machín y Rayco Rubén González. / c7

Samuel Machín, en los mensajes de WhatsApp que facilitó a Anticorrupción, se presentó a Domínguez ese martes 5 de mayo de 2020 y en la conversación que mantuvieron le facilitó su correo electrónico y el de Rayco, además de su número de teléfono.

De forma paralela, el comisionista habló en privado con el administrador único de RR7 United SL y le comentó que le había dado a Conrado Domínguez «el precio de entre cuatro y cinco dólares por las 3M y quieren un millón de mascarillas, pero necesitan la ficha técnica». Minutos más tarde le facilitó el contacto del, por aquel entonces miembro del Comité de gestión de emergencias Sanitarias de Canarias, y le expuso que iba a organizar «la llamada a tres para cerrar la operación de compra. La compra la hace el Servicio Canario de Salud», expuso a Rayco Rubén González.

Machín contactó con el ahora director del SCSel 5 de mayo para organizar una llamada a tres y «cerrar la operación»

Así, de esa forma tan aparentemente sencilla, cerraron los intermediarios Osvaldo Lastras y Samuel Machín y el empresario Rayco Rubén González, un negocio de cuatro millones de euros con el Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias, saltándose «los preceptos en materia de contratación pública, en especial los relativos a la comprobación de la solvencia técnica y económica de las empresas a las que se contrata», como así especificó el borrador de informe elaborado por la Audiencia de Cuentas.

LAS CIFRAS DE LA COVID EL 5 DE MAYO DE 2020

  • 2.231 personas estaban contagiadas en Canarias cuando gestaron el pelotazo de las mascarillas.

  • 143 personas habían perdido la vida hasta esa fecha a causa del coronavirus en las islas.

  • 29 personas estaban en estado crítico, 80 hospitalizadas en planta y había 47 contagios hospitalarios.

Una operación que tuvo otros actores protagonistas o secundarios, la Justicia ya determinará su papel en esta trama, que fueron los también intermediarios el grancanario Lucas Cruz y el jordano Ihsan Mahmhoud, piezas clave en el envío del lote de mascarillas 3M modelo 1860 que luego resultaron ser falsas y tuvieron que ser destruidas.

Por las gestiones, el intermediario pactó percibir una comisión de 50.000 euros, aunque luego la cifra varió

El negocio de los cuatro millones de euros investiga a Conrado Domínguez y Ana María Pérez por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias y al administrador de RR7 United SL por estafa agravada y blanqueo de capitales.