A la víctima no le reconocen el accidente laboral y le dan una discapacidad del 33%

La intentan asesinar y ahora demanda al INSS por la vía penal

08/02/2018

El 30 de abril de 2017, D. N. V. C. se disponía a entrar en el hogar donde trabajaba de cuidadora cuando fue agredida por una mujer, que la intentó matar a cuchilladas. Ahora, su abogado lucha porque le reconozcan el accidente como laboral y la gran invalidez que le han denegado. El letrado demandará estos hechos por la vía penal.

Le víctima, que sigue recuperándose de las lesiones a la espera del juicio, mantiene una lucha paralela con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que no reconoce su caso como un accidente laboral a pesar de que se produjo en la puerta de la casa donde trabajaba. Además, le han concedido una discapacidad del 33% «sin tener en cuenta de que, a consecuencia de las puñaladas recibidas, perdió un ojo, está en silla de ruedas y tiene un brazo entumecido», ha manifestado su abogado Ibán Uriarte.

Una nueva demanda

Por estos hechos, anuncia la interposición de una nueva demanda para que el accidente sea reconsiderado como laboral y además, ha iniciado unas diligencias preliminares para que, por parte del Servicio Canario de Salud y el INSS, le facilitase toda la documentación de su cliente desde su ingreso en urgencias el 30 de abril de 2017 –cuando la agresión– hasta la actualidad puesto que va a incoar un procedimiento penal y de responsabilidad civil solidaria «hacia todos aquellos que han incurrido en semejante incompetencia», dice.

Lucha por conseguir la incapacidad

El otro frente legal por el que esta mujer de 25 años está luchando es acerca de su solicitud de incapacidad. La víctima no cobró durante meses tras la agresión a pesar de que, según su abogado, «la Mutua Asepeyo era conocedora de este hecho». Posteriormente pasó a recibir 400 euros y sin que el abogado supiera si el equipo de valoración médica del INSS hizo una revisión clínica a su clienta. «Por ello le dieron un grado de incapacidad del 33% considerándola como absoluta para todo trabajo cuando por la pérdida de un ojo y estar en una silla de ruedas, el grado debería superar el 80%», sostiene Uriarte. Ahora cobra 680 euros con dos pagas extras, pero va a interponer una demanda al juzgado de lo Social reclamando la gran invalidez y el cobro de las cantidades adeudadas con carácter retroactivo.

El abogado Ibán Uriarte. / <b>C7</b>
El abogado Ibán Uriarte. / C7
Ibán Uriarte: «La incompetencia en este caso ha sido manifiesta»

El abogado de la víctima, Ibán Uriarte, dijo que le resultaba «sorprendente que, ante un atestado policial que establece de manera literal que mi defendida se encontraba en el edificio en dirección al lugar de la empleadora, siga el INSS calificando esta situación como un accidente no laboral cuando debiera de ser laboral», manifestó.

El letrado anunció que va a demandar en vía laboral «para que exista un auténtico cambio de contingencia y lo ratifiquen como tiene que ser y, de paso, solicitar daños y perjuicios a todos los organismos y personas que procedan», adelantó.

Se mostró sorprendido de que «por parte del INSS, aún sabiendo que lo que se pide es cierto, hayan decidido estirar el chicle lo máximo a sabiendas que lo que instamos es una verdad como un templo. Es de difícil acogida que una persona en silla de ruedas, con una mano entumecida y ciega por un ojo, no pueda trabajar y le den la invalidez del 33%», se quejó. «Vamos a ir a por todas porque es un caso de incompetencia manifiesta que debe de ser resarcido quitando de los cargos a las personas que han actuado en este procedimiento».