El caso de la residencia de los horrores

Guacimara lo negó: «Los pacientes de la residencia están controlados»

07/10/2019

Una de las dos investigadas en el caso de la residencia de los horrores de Escaleritas, Guacimara del Pino C. A., que ejercía presuntamente de encargada de la residencia de ancianos Nuestra Señora del Buen Consejo, negó en su día durante su declaración en sede judicial los hechos que le atribuían los investigadores y afirmó que los pacientes «por regla general» estaban «controlados».

Guacimara del Pino, para la que la Fiscalía Provincial interesa una condena de 87 años de prisión, detalló a los investigadores que su tarea era la de «atender a los ancianos en su rutina diaria en actividades como el aseo, la ducha, las comidas, cambio de pañales, medicación, etcétera» y que mientras hacía alguna de estas actividades, intentaba «estar pendiente del resto» si escuchaba «algún ruido o algo» ya que estaba sola en su turno.

Dijo que cada paciente presentaba «una patología distinta, recibiendo cada cual una atención acorde a sus circunstancias o enfermedad», si bien reconoció que no existían «actividades determinadas» y cada empleado «a iniciativa propia realizaba alguna». También reconoció que no «tenía conocimiento ni le han informado» sobre si algún paciente estaba incapacitado ni si los había que necesitaran alguna dieta especial. «A aquellos pacientes que son hipertensos se les reduce la sal en sus comidas y a los diabéticos se les restringe lo relativo a los alimentos dulces, dándole en vez de postres con azúcar, pues fruta, por ejemplo», declaró.

Ella manifestó que era la que organizaba la dieta de los pacientes «al tener conocimientos y haber realizado un ciclo superior de dietética» y apuntó que, si tenían algún problema de hipertensión o azúcar, era debido a las «salidas al exterior con los familiares», donde no controlaba lo que consumían.

También señaló a los investigadores que en la residencia no existía un protocolo interno de actuación puesto que «cada uno» actuaba «acorde a sus conocimientos y determinadas pautas ya establecidas, como realizar prácticas de primeros auxilios si fuese necesario o llamar al 112 en situaciones extremas» y negó que bañaran a todos los residentes al mismo tiempo sin distinción de sexos: «La mayoría se duchaban solos, existiendo varios cuartos de baño».

Solo reconoció que un paciente sufrió un accidente desconociendo «cómo se cayó y dónde» y negó el resto de incidentes detallados por los investigadores y médicos forenses que examinaron a los internos que estaban en la residencia.

Guacimara lo negó: «Los pacientes de la residencia están controlados»
Solo era «asesor fiscal».

El otro investigado en este procedimiento, Francisco José R. S., se limitó a declarar en la fase de instrucción que su cometido en la residencia de ancianos Nuestra Señora del Buen Consejo era el de «asesor fiscal». También manifestó que anteriormente había trabajado en la residencia San Telmo, propiedad de Luis Rodríguez Suárez, en busca y captura acusado de haber presuntamente abusado sexualmente de diez menores a cambio de dádivas y dinero entre los años 2004 y 2006 en dicho inmueble. Francisco José dijo que en el centro no tenían actividades para los internos y que se los mismos solo veían la televisión y algunos jugaban «a la baraja».

La acusación.

Hay que recordar que en este caso de la residencia de los horrores, la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha pedido 87 y 84 años de cárcel respectivamente y el pago de 25.000 euros a cada una de las once víctimas denunciantes, para Guacimara del Pino C. A. y Francisco José R. S., que eran los gestores del centro situado en Escaleritas.

El Ministerio Público los acusa de 19 delitos contra la integridad moral, otros tanto de abandono de persona con discapacidad, ocho contra la integridad física en su modalidad de lesiones en comisión por omisión y un delito de malos tratos. Según la acusación, la residencia «no se encontraba registrada» y, pese a que se publicitaba en internet haciendo referencia a la existencia de un equipo de profesionales «cualificados con gran experiencia y trayectoria y ofrecían asistencia médica y geriátrica», carecía de ellos y no se tenían los cuidados mínimos en función de las patologías que presentaban los usuarios, bien mentales o de movilidad, con total menosprecio a la salud e integridad física y moral de los residentes, los cuales eran ancianos con «escasa o nula capacidad de comunicación y desatención» que provocó en algunos de los residentes una «agravación de las patologías precedentes».