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El voto particular del magistrado ponente, adelantado ayer por CANARIAS7, es reconocido por la Sala de manera parcial al discrepar en cuanto a la responsabilidad civil subsidiaria del Partido Popular, que Alba considera que no existe y el fallo, se aparta de dicha tesis. «Es cierto que pueden existir esas discrepancias, que las cuestiones se pueden entender de forma distinta, pero hablamos de un caso con más de 70.000 folios y 30 cajas de tomos, de las que muchas están en mi casa. Por eso, veo difícil que lo hayan estudiado –refiriéndose a los otros dos magistrados– y, sobre todo, en solo dos días desde que yo entregué el voto», declara. «Hablamos de una causa muy grande con 30 cajas de piezas principales, luego hay piezas accesorias... Es materialmente imposible leerlo todo en tan poco tiempo. ¡Yo he tardado más de tres meses!», enfatiza
También puso en tela de juicio el magistrado –que está suspendido cautelarmente tras abrirse contra él juicio oral por seis delitos–, la forma en la que el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, comunicó este martes el avance de la sentencia de este caso, aunque la misma no se hará pública hasta septiembre: «Yo no entiendo muy bien», cuenta Alba, «que sea Emilio Moya, que se abstuvo de conocer este asunto, el que se implique de esta forma y de a conocer el fallo», añade. «Con todos mis respetos, no es nadie en el tribunal que juzgó el caso Faycán, ni orgánicamente ni jurisdiccionalmente», afirma de manera contundente.
Al presidente y ponente del caso Faycán le «chirría» el hecho de que se anticipe el contenido de la resolución, «un día hábil como es el 31 de julio, sin que se de a conocer la propia sentencia. No tiene ningún sentido», se queja. «Está bien por los que han sido absueltos, pero está la responsabilidad del Partido Popular y no se podrán enterar de lo que ha pasado hasta dentro de un mes. Me da exactamente lo mismo que partido es, no simpatizo ni con uno, ni con otro, pero el anunciar el resultado sin la sentencia, me parece, cuanto menos, irregular. No lo comparto y no debería haberse hecho así».
Por último, Salvador Alba quiso dejar claro que «sigo siendo el presidente de ese tribunal porque continúo en activo ya que el Consejo General del Poder Judicial no me ha comunicado mi suspensión –a pesar de que permanece de baja médica–, así que no veo ninguna razón para que no se me hubiese tenido en cuenta a la hora de tomar esta determinación. No tiene mucha razón de ser y, como mínimo, deberían haberme consultado. Es, básicamente irregular, ni bueno, ni malo y a mí no me ha gustado», señaló su señoría.
Sobre la instrucción: «Se realizó una instrucción torpe y ha ido corriendo de la mano de informes en los que la policía realizaba numerosas presunciones sin pruebas concluyentes. Su inicio fue irregular porque la comisaria De vega dirigió una carta a un juez de instrucción y me resulta, cuanto menos, sospechoso».
Paralelismo: «Es cuanto menos curioso que se haya dado un paralelismo con el caso Unión, que empezó también de forma rara al llevar la instrucción un juez en concreto cuando en el partido judicial se reparten los casos cuando llegan al juzgado de guardia. Esto es lo que ha pasado aquí y me resulta raro, sin más».
Gordillo: «La instrucción se ha construido en base a informes de la policía, huérfanos de toda prueba. Una instrucción tiene que ir acumulando, por lo menos, indicios y no ha pasado. Se hizo en base a los testimonios de Francisco Gordillo que pretendía repartir las responsabilidades por todo el ayuntamiento».
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