Caso Eólico: un soborno sin cárcel

08/09/2018

Otro gran caso de corrupción que acaba con condenas menores en comparación con lo que se preveía al iniciarse la instrucción. La sentencia de la Audiencia acredita una trama delictiva en torno al entonces director general de Industria

La Audiencia de Las Palmas condena a dos años y cuatro meses de cárcel al director general de Industria de Canarias en 2004, Celso Perdomo (PP), por haberse dejado sobornar por empresarios que querían amañar el concurso de reparto de parques eólicos convocado en las islas.

Esta sentencia cierra, en primera instancia, el primero de los grandes procesos abiertos por corrupción en Canarias a partir del año 2000, al declarar acreditado que tres empresarios compraron al director general de Industria y a un alto funcionario de su departamento para obtener información privilegiada del concurso y recibir un trato de favor en la asignación de potencia.

En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) señala que, aunque la posible suspensión de las penas de prisión se discutirá en ejecución de sentencia, «todo apunta» a que ninguno de los seis procesados ingresará en prisión.

Caso Eólico: un soborno sin cárcel

Perdomo y su mujer, Mónica Quintana (en la imagen superior), condenada a once meses de prisión, eran los únicos de los seis procesados que defendieron su inocencia durante el juicio, porque tanto los empresarios Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Antonio Esquivel, como el funcionario Honorato López se declararon culpables de cohecho al inicio de la vista y reconocieron la veracidad de los hechos que les imputaba la Fiscalía Anticorrupción. Este fallo se dicta después de que, a mediados de julio, un jurado declarara probado que Perdomo filtró información privilegiada a varias empresas y se dejó sobornar por los representantes de dos empresas (los procesados Guzmán, Briganty y Esquível, que confesaron los cohechos. Según detalla la agencia de noticias Efe, el entonces director general de Industria cobró 23.452 euros de Guzmán en una cuenta abierta a tal fin en un banco de Luxemburgo por Mónica Quintana y 12.700 euros de Esquibel y Briganty, además de recibir la promesa del primero de ellos de que se le transferiría un paquete accionarial.

Concurso anulado

El amaño del concurso no fue posible porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló su convocatoria por varias irregularidades, pero Perdomo pactó con los mismos empresarios mantener el trato de favor prometido en la siguiente convocatoria que iba a hacer la comunidad autónoma: la de parques fotovoltaicos.

El acuerdo siguió en pie incluso cuando el PP abandonó el Gobierno de Canarias por diferencias con CC, con lo que Celso Perdomo perdió su cargo.

Entonces, los procesados convencieron al alto funcionario Honorato López, jefe del Área de Energía, de que se ocupara él de velar por todo lo pactado a cambio de una serie de pagos perfectamente pautados: 12.000 euros de entrada, 24.000 cuando se aprobase el informe previo y ente 6.000 euros y 30.000 euros (dependiendo de la empresa) por cada megavatio adjudicado.

Caso Eólico: un soborno sin cárcel

El magistrado que presidió la vista, Pedro Herrera, remarca en su sentencia que Perdomo, Quintana y López «actuaron, a cambio de enriquecerse, para conseguir que los empresarios con ellos conchabados pudieran obtener una clara ventaja con respecto al resto de partícipes en la adjudicación de parques eólicos». La sentencia declara culpable a Perdomo de los delitos revelación de secretos, cohecho y malversación (por apropiarse de 740 euros de la Consejería para comprarse una serie de libros dedicados a su disfrute particular), pero le impone casi la mitad de pena de la que reclamaba la Fiscalía, que pedía cuatro años y tres meses. Lo mismo ocurre con su pareja, culpable de cohecho y malversación, para la que se pedían dos años y nueve meses. No obstante, ambos tendrán que pagar también multas: 268.500 euros Celso Perdomo y 16.000 euros Mónica Quintana.

El resto de los procesados reciben la pena que aceptaron: Honorato López, cinco meses de prisión y 42.000 euros de multa; y los empresarios Enrique Guzmán, José Ignacio Esquibel y Alfredo Briganty, cinco meses de cárcel y 50.000 euros de multa.