El caso Eólico: 13 años después al banquillo

03/06/2018

La Audiencia Provincial dará comienzo el próximo día 13 a la vista oral contra la presunta trama que intentó obtener permisos para construir parques eólicos en Canarias sobornando al, por aquel entonces, director general de Industria, Celso Perdomo.

El próximo miércoles 13 habrán pasado 13 años, tres meses, y seis días desde que el empresario Alberto Santana denunciara en la Fiscalía Provincial de Las Palmas la supuesta existencia de un negocio ilegal en el que Celso Perdomo, que por aquel entonces era el director general de Industria del Gobierno de Canarias, ofrecía presuntamente información privilegiada sobre el concurso eólico a empresarios, a cambio de comisiones que ingresaba en una cuenta corriente de Luxemburgo.

El juicio, hasta finales de julio

Más de 13 años para que los seis acusados del denominado caso Eólico – Celso Perdomo (PP), su mujer, la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria Mónica Quintana; el funcionario de la Consejería de Industria Honorato López Torres, los empresarios Enrique Guzmán y José Ignacio Esquivel y el abogado Alfredo Briganty–, se sienten en el banquillo para ser juzgados por una de las presuntas tramas corruptas más importantes y notorias de la historia del archipiélago y que dinamitó los cimientos del Partido Popular presidido en aquel entonces por José Manuel Soria.

El juicio, que se prolongará desde el día 13 hasta finales del mes de julio si no hay conformidades y estará presidido por el magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, Pedro Herrera, se celebrará con jurado popular. Comenzará esta vista oral tras una accidentada instrucción llevada a cabo por el magistrado Miguel Ángel Parramón y que llegó a la Audiencia Provincial el 29 de junio de 2009, después de decenas de recursos y argucias legales llevadas a cabo por las defensas de los investigados para dilatar lo máximo posible el inicio de las sesiones.

Pero ha llegado el momento de la verdad y, para evitar más dilaciones, el magistrado Pedro Herrera informó recientemente de que no permitirá que ningún acusado cambie de defensa ni tampoco que sus letrados renuncien una vez que se realice el sorteo por el que se designará a los 36 ciudadanos candidatos a formar parte del jurado popular.

En busca de un posible acuerdo

A pesar de esto, parece más que probable que los encausados intenten llegar a un acuerdo previo con el fiscal anticorrupción Luis del Río para así rebajar las penas a las que se exponen, aunque no se podrá determinar hasta el inicio de la vista oral.

De los seis acusados, el principal cabecilla de esta presunta trama delictiva es Celso Perdomo, a quien la Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita siete años de prisión por malversación de caudales públicos, cohecho y revelación de secretos. Por su parte, a su pareja sentimental y funcionaria del Cabildo de Gran Canaria, Mónica Quintana, le piden tres años y medio de condena por malversación de caudales públicos y cohecho. La Fiscalía Anticorrupción acusa de cohecho y tráfico de influencias al jefe de área de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, Honorato López, por lo que se pide dos años de prisión. Por último, a los empresarios José Ignacio Esquivel y Enrique Guzmán y al abogado Alfredo Briganty, se le pide un año y medio de prisión. A los primeros, por pagar para obtener información privilegiada y así optar al concurso, mientras que al último, por la intermediación en esta espiral delictiva.

Dos acusaciones particulares

En este caso Eólico se van a personar dos acusaciones particulares. La primera será la del Gobierno de Canarias, representado por el abogado de la Comunidad Autónoma, y la segunda, la sociedad mercantil Clean Electric 1725, defendida por el abogado Juan Sánchez Limiñana.

Los letrados de los seis acusados –María del Mar García de Celso Perdomo, Francisco Víctor García de Bordallo por Mónica Quintana, Agustín Guillermo Santana por Honorato López, Francisco Javier Forero por Enrique Guzmán, Álvaro Campanario por Alfredo Briganty y Fernando Martín por Ignacio Esquivel– niegan a la mayor el relato de los hechos propuesto por el Ministerio Fiscal y piden en bloque la libre absolución de todos los acusados en sus escritos de defensa, aunque a la vez, están negociando con el fiscal Luis del Río posibles conformidades para obtener rebajas sustanciales en sus condenas.