La ministra Irene Montero, este lunes en la entrega de los Reconocimientos Arcoíris. / E. P.

La ley Trans incluye una disposición contra fraudes en el cambio de sexo

Quienes discriminen a personas LGTBI tendrán que demostrar su inocencia para evitar ser multados

Alfonso Torices
ALFONSO TORICES Madrid

La ley Trans y LGTBI incluirá una cláusula de seguridad para evitar que alguien juegue o cometa fraudes de ley con el derecho a la autodeterminación de género o, lo que es lo mismo, con la libertad que habrá una vez se apruebe esta norma para reclamar el cambio de nombre y de sexo en el Registro Civil sin tener que mostrar, como hasta ahora, ni un informe médico ni llevar dos años en tratamiento hormonal. Una vez concedido el cambio de sexo registral, y pasados seis meses, la operación ya no podrá revertirse libremente. Si alguien quisiese volver a su sexo oficial originario tendrá que acudir a pedirlo a los tribunales.

Así lo indica el borrador de ley que garantizará los derechos de los trans y los demás colectivos LGTBI que este martes aprobará el Consejo de Ministros y que puede sufrir modificaciones. Antes de empezar la tramitación parlamentaria tendrá que volver a ser discutido y retocado por el Gobierno, una vez reciba las alegaciones de órganos como el Poder Judicial o el Consejo de Estado.

El anteproyecto actual permite el libre cambio de sexo a todos los trans de más de 16 años y a los mayores de 14 que cuenten con el apoyo de sus padres (o de la Fiscalía si hay desacuerdo). Lo lograrán en un máximo de cuatro meses después de ratificar su decisión ante el registrador a los tres meses. Los mayores de 12 podrán cambiar el sexo registral, pero deben lograrlo ante la justicia. Los menores de 12, por el momento, no podrán cambiar el sexo, pero sí son libres de pedir el cambio de nombre en el Registro, lo que repercutirá en su trato en áreas como la educativa o deportiva.

La nueva ley recuperará también la inclusión de lesbianas y bisexuales en los programas públicos de reproducción asistida; la inscripción como progenitor legal de la pareja de una madre lesbiana o bisexual aunque no estén casadas; la prohibición de operaciones de modificación genital en recién nacidos intersexuales salvo necesidad médica; un plazo de un año para que los padres de estos bebés definan su sexo en el Registro; y el reconocimiento y la protección para la víctimas de la violencia intragénero (parejas de un mismo sexo).

Stop a las terapias de reversión

También obliga a que el currículo educativo fomente el respeto a la diversidad sexual en todas las edades; la prohibición de discriminaciones laborales a LGTBI; medidas de acción positiva para el acceso al empleo de trans; asistencia sanitaria integral para ellos; y estrategias nacionales para la no discriminación LGTBI y para la inclusión social de los trans. No incluye, por ahora, demandas como que los trans que pueden gestar se beneficien de la reproducción asistida o que la autodeterminación llegue a los 12 años.

El último bloque es el régimen de sanciones administrativas a quienes discriminen a las personas LGTBI. Como norma general, se invierte la carga de la prueba y será el denunciado quien tenga que demostrar que no discriminó para eludir la multa. Hay sanciones leves (hasta 2.000 euros), graves