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Sanidad no sabe cuántos afectados de iDental hay en las islas

Sanidad no sabe cuántos afectados de iDental hay en las islas

La Consejería espera el auto de la Audiencia Nacional para desprecintar las cajas y comenzar a copiar y entregar los expedientes. La plataforma se reunió ayer con Baltar

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 1 de enero 1970

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La Consejería de Sanidad del Gobierno canario, que custodia las cajas que la Policía Local requisó en el desahucio de iDental en Gran Canaria, no puede cuantificar aún el número de afectados por el fraude de la clínica en Canarias. «Hasta que no abramos las cajas y veamos lo que hay todo lo que sabemos son estimaciones del juzgado y de los afectados», aseguró ayer el secretario general del Servicio Canario de Salud (SCS), Abraham Cárdenes.

Según estas estimaciones, en las islas podría hablarse de entre 16.000 y 20.000 personas, lo que elevaría la cifra total en España a más de 450.000 afectados.

Sanidad mantiene en un almacén las cajas donde, supuestamente, están los expedientes clínicos de los usuarios de iDental y ahora espera el auto del juez José de la Mata, de la Audiencia Nacional, para desprecintar e inventariar la documentación.

«El auto va a decir lo mismo que le habíamos propuesto nosotros al juzgado de aquí: abrir las cajas y hacer un inventario de lo que hay», dijo Cárdenes, quien advirtió que sería «un proceso complejo» porque «hay que garantizar que la copia sea igual que el original». Una vez hecho este trabajo sería el momento de entregarlos. «Vamos a intentar que sea lo más ágil posible», añadió Cárdenes conocedor de la intranquilidad que reina entre los afectados.

Precisamente ayer los portavoces de la plataforma que los representa, Paz Monzón y Michele Stara, acudieron a la Consejería de Sanidad para reunirse con el responsable del área, José Manuel Baltar.

Según Cárdenes, «las estimaciones más optimistas son que el proceso dure unos dos meses, pero depende del dispositivo», afirmó. Como en otras comunidades, Canarias tendrá una especie de «oficina» para encargarse de los expedientes y su entrega a los afectados «pero eso va a costar tiempo y dinero», sentenció.

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