El escrito de Baltar es «políticamente correcto, pero falta a la verdad»

13/06/2019

Los médicos de Urgencias del hospital Insular son críticos sobre el contenido del informe que la Consejería de Sanidad ha presentado ante el Ministerio Fiscal en respuesta a su denuncia.

El informe que la Consejería de Sanidad ha remitido a la Fiscalía Provincial de Las Palmas es «políticamente correcto, pero no se ajusta a la realidad de la situación del servicio; falta a la verdad». Los médicos de Urgencias del hospital universitario Insular de Gran Canaria (Chuimi) se mostraron ayer «tajantes» en su valoración del documento que elaboró la administración sanitaria sobre la situación del servicio a requerimiento del Ministerio Fiscal tras incoar la denuncia presentada por 23 de los 26 profesionales de la citada área el pasado 12 de abril, en la que exponen el «colapso y caos asistencial» que sufre el área, el aumento de los problemas de los pacientes sociales con alta pero que se quedan en el servicio, la sobreocupación de las áreas, entre otros hechos que están derivando en «amenazas» por parte de la población.

Sanidad describe en 16 páginas diferentes medidas que ha implementado en los últimos años con las que, en opinión de los médicos, «quiere manejar la situación a su favor cuando sabe hace años de la sobrecarga y problemas estructurales del servicio que también han denunciado el colectivo de enfermería». En esta línea Manolo Fuentes, médico y portavoz del citado servicio hospitalario, criticó que José Manuel Baltar, consejero del área, hiciera hincapié en el estudio que en el servicio de Urgencias «no se compromete la asistencia ni seguridad del paciente», principalmente porque «todos los profesionales evitamos que suceda porque es nuestro trabajo y día a día pero no porque el Chuimi y el Servicio Canario de Salud ponga las medidas adecuadas y cumplan con los protocolos».

Mejoras

El consejero de Sanidad plantea en el informe la inversión de 2,7 millones de euros en mejoras de las infraestructuras, dotación de recursos humanos y materiales, la disminución de la media de Urgencias atendidas como la actividad asistencial, la promoción de la hospitalización a domicilio o el aumento de los pacientes con problemas sociales y en el que, por otro lado, señala que desde los acuerdos firmados con los trabajadores en 2017, «ni la gerencia del Chuimi ni el SCS han tenido constancia del malestar de los médicos» hasta la presentación ante la Fiscalía y su publicación en los medios de comunicación.

Fuentes negó «rotundamente» esta última afirmación de Baltar ya que «el jefe del servicio –que es parte de la administración– está al tanto de todas y cada una de las quejas y demandas del equipo». «Además la gerencia del Chuimi – añadió el portavoz– cuenta con cartas y documentos presentados hace años y la Consejería las conoce de manos de los sindicatos de la mesa sectorial de Sanidad y en concreto del Sindicato de Profesional de Médicos de Las Palmas. «Falta a la verdad cuando afirma que desconoce las quejas por el deterioro del servicio de Urgencias», sentenció.

Mala gestión

Este periódico publicó en su edición de este martes parte del contenido del análisis elaborado por Sanidad en respuesta al escrito de los médicos en el que exponen la existencia de «una campaña en redes sociales por parte de la población en las que se incita a la agresión y a la denuncia al personal sanitario» porque se les responsabilizan como «copartícipes del desbordamiento asistencial» que sufre el servicio debido a la «mala gestión de los dirigentes sanitarios que ha provocado la sobresaturación y hacinamiento de pacientes con el peligro que ello supone».

Con las pruebas que ha recabado la Fiscalía de Las Palmas –la documentación de los profesionales sanitarios y la Consejería– determinará si puede haber alguna responsabilidad civil o no por un supuesto mal funcionamiento de la administración sanitaria al no ofrecer la prestación adecuada a los usuarios, según plantearon los denunciantes el pasado 15 de abril.