Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 29 de marzo
«Sánchez hace una reforma sin consenso»

«Sánchez hace una reforma sin consenso»

La consejera de Educación del Gobierno de Canarias es muy crítica con los modos y maneras con los que el Gobierno central está abordando la reforma de la polémica Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa). Asegura que hasta ahora no ha habido el menor atisbo de consenso, ninguneando el Ministerio de Educación a las comunidades autónomas.

Jueves, 1 de enero 1970

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

enrique bethencourt / las Palmas de Gran Canaria

— Comencemos por uno de los asuntos más recientes y que ha supuesto enfrentamiento entre Canarias y Madrid: el Plan de Infraestructuras Educativas. Este empieza a aplicarse a mitad de los años noventa y solo se paralizó entre 2012 y 2016, reconociendo de alguna manera nuestras especificidades. Hoy seguimos teniéndolas, como un crecimiento poblacional que casi duplica la media estatal en los últimos dieciocho años. Sin embargo, no tiene garantizada su continuidad...

— Efectivamente, venían del Estado unos 42 millones de euros anuales para infraestructuras educativas. En el 2012 desaparece esa partida y la recuperamos en los PGE para 2017 con diez millones de euros, que nos posibilitaron acometer algunas obras importantes en las Islas. Y en 2018 se acordó la inclusión del convenio con carácter plurianual, para un mínimo de tres años. Con una primera anualidad en las cuentas públicas de 2018. Se trataba de firmar el convenio con posterioridad. En todas las negociaciones que hemos tenido con el Ministerio de Educación, el planteamiento inicial no se mantiene y desde la administración estatal reconocen lo de 2018 pero afirman que tienen que confirmar su carácter plurianual o no. Y en una carta a mitad de diciembre, la propia ministra nos señala que solo están cerrados los 42 millones de 2018. Tras la reunión del presidente Clavijo con Pedro Sánchez entendimos que el asunto quedaba despejado en su plurianualidad. Pero no ha sido así. Por eso, hemos solicitado que nos liberen esos 42 millones de 2018; aunque luego hay otras partidas, dos millones para Gáldar, a enmiendas de NC, y otros tres para 0-3 años, que ya están firmados como resolución.

— ¿Seguirán peleando por un convenio plurianual en esta materia?

— Por supuesto. Ahora habrá que batallar en los Presupuestos Generales del Estado para 2019, si finalmente se debaten y aprueban.

— ¿Esta situación dificulta o impide ese Plan de Infraestructuras que usted ha presentado en torno a 500 millones de euros en los próximos años?

— No. En esta legislatura hemos mantenido las anualidades del Plan, entre 40 y 50 millones cada año, con recursos propios. Ahora bien, si dispusiéramos de los 42 estatales podríamos destinar partidas a otras necesidades que tenemos en Canarias: más profesorado para reducir las ratios, infantil 0-3 años... Si vienen esos 42 millones los próximos ejercicios, mejor. Hay que señalar que tenemos importantes necesidades en infraestructuras...

— Ya en el comienzo del autogobierno tuvimos que impulsar la red de centros con un gran esfuerzo de la Comunidad Canaria...

— En efecto. Y ahora seguimos con problemas en una tierra que continúa creciendo en población y con un añadido: este es muy diferente en el conjunto de nuestro territorio. Lanzarote y Fuerteventura siguen aumentando población de forma muy considerable. Lo que nos ha obligado a recurrir a barracones, a aulas modulares, que eran la forma más rápida de aumentar las plazas escolares. Igual sucede en el Sur de Tenerife y Gran Canaria. Y hay otras zonas que reducen su población escolar y en las que cerramos centros o tenemos colegios medio vacíos. Nuestro plan incluye unas 200 actuaciones entre colegios nuevos y ampliaciones. Al margen de la partida general para reforma y mantenimiento del conjunto de centros. Los nueve centros que hemos puesto en marcha esta legislatura corresponden al Plan Sur, que comenzó a implementarse a comienzos de siglo.

— La pasada legislatura se planteó una fórmula público-privada en la que las empresas construían los centros educativos y luego gestionaban durante décadas su aparcamiento o su cafetería. No llegó a concretarse en nada...

— Sí, el denominado método alemán. Nadie se presentó a realizar los centros que se planificaron con el mismo. Es imposible que un colegio resulte rentable, por mucho que le den la gestión de la cafetería durante 25 años. Del total de esos quince proyectos, nueve ya se encuentran en construcción y en período de licitación hay cuatro más. Y no se trata solo de construir nuevos centros por aumento poblacional sino también proceder a sustituir aquellos que, por el paso del tiempo, ya no se encuentran en condiciones.

— Los presupuestos de la Comunidad Canaria para 2019, ¿satisfacen las pretensiones de su departamento?

— Las tres áreas sociales -educación, sanidad y políticas sociales- son las grandes beneficiadas de estas cuentas publicas... Y en ninguna de ellas vamos a estar satisfechos, por que siempre son más las necesidades por cubrir. Pero es cierto que se les ha priorizado a la hora de los crecimientos presupuestarios. En 2018 fue Sanidad la que recibió mayor impulso para afrontar asuntos como las listas de espera. En las cuentas para 2019 ha sido el área social -dependencia, pobreza...- la que más aumenta su peso. En el caso de Educación hemos recibido un crecimiento importante, unos 68 millones de euros, y esos 42 del Estado que se incorporarán también, con lo que superaremos los cien millones de incremento. Y nos quedamos, por tanto, a dos o tres décimas del 4%. Pero ese porcentaje no está recogido en ningún sitio, es una aspiración. El 5% sí, pero en 2022. Ese es el reto. Nuestra lucha en estos momentos es la de intentar recuperar los más de 500 millones de superávit que tiene Canarias. Esa cantidad iría a políticas sociales y una buena parte de esta sería para educación. No entendemos que no podamos utilizarlo cuando ha sido un dinero que ha ahorrado Canarias, una Comunidad que ha cumplido con el déficit.

— En caso de disponer de más recursos económicos, ¿cuáles son para usted las prioridades?

— En primer lugar, en atención a la diversidad. En este curso hemos incrementado en mil alumnos y alumnas en NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo). Hay quince nuevas aulas en clave; dedicando un millón y medio de euros para aumentar los profesionales en este ámbito. Asimismo, si dispusiéramos de esos más de 500 millones, incorporaríamos más profesorado, ya vamos por más de 900 en esta legislatura, para reducir las ratios. Hemos recuperado en buena parte los docentes que se redujeron durante la crisis y, además, por los cambios demográficos, tenemos menos alumnado global. Donde necesitamos más es en el apoyo. Con el programa Impulsa que pusimos en marcha, hemos puesto dos profesores por aula en infantil de 3 a 5 años, y en los dos primeros cursos de Primaria. Con la intención de llevar una tarea de refuerzo y de detectar cuanto antes cualquier posible necesidad del alumnado. Esto no baja la ratio de grupo, pero mejora la atención y la calidad educativa. El 94% de nuestro alumnado con NEAE está escolarizado en aulas ordinarias. El 4% en aulas en clave y el 2% en centros de educación especial.

— ¿Y respecto a la etapa 0-3 años?

— Me acabo de reunir hace unas semanas con Unicef, firmando el convenio de colaboración que mantenemos, y hemos hablado de la etapa 0-3 años. Coincidimos en la necesidad de que la etapa se regule a nivel estatal. Que deje de ser un mero anuncio por parte del Gobierno central. Y en esa modificación de la ley educativa que está planteando el Ministerio de Educación, nuestro planteamiento es que aprovechando esa modificación se regule esa etapa. Y que se defina si queremos una etapa gratuita como lo es la de 3-6 o si queremos que siga en manos de los ayuntamientos, como aparentemente apunta el hecho de que el Gobierno permita que los ayuntamientos puedan gastar el superávit en educación infantil, y no las comunidades autónomas. Por tanto, queremos que el Estado se defina. El informe de Unicef hace un análisis de cómo se encuentra la etapa en cada comunidad. Y plantea la necesidad de una homogeneidad en este asunto. Hemos empezado con las ayudas directas a las familias, pero junto a esa regulación estatal, podríamos afrontarla también si dispusiéramos de más fondos, si tuviéramos esa capacidad de gasto que el Estado nos niega. Hay otra cuestión que henos de abordar esta legislatura: universalizar la gratuidad de los libros. Aunque la Constitución señala la gratuidad de la educación básica, lo cierto es que las familias están teniendo que realizar importantes gastos en libros y material escolar. Hemos logrado que las familias con rentas hasta 16.000 euros no tengan que abonar los libros. Y, además, estamos digitalizando los contenidos y aportando tabletas y ordenadores a los centros. Lo que amortigua el gasto. Estamos hablando de un elemento que genera desigualdad y que, por tanto, se hace preciso corregir.

— Usted se ha quejado de que esa reforma educativa que está afrontando el Gobierno estatal no ha contado con la participación de las comunidades autónomas...

— A final de diciembre se convocó la Comisión de la Conferencia Sectorial, que integra a los viceconsejeros y viceconsejeras, y dos días antes nos mandaron el borrador del anteproyecto y manifestaron la pretensión del Gobierno para que en la reunión de la Comisión se diera el visto bueno al mismo sin debate alguno. Aunque el Ejecutivo español plantea que la modificación es solo para quitar cuatro cosas de la Lomce, es una modificación importante: se cambian más de 90 artículos del texto de la ley. No se deroga la ley, porque se mantienen algunos de sus contenidos, como la FP Básica, supongo que entendiendo que ha sido positiva. Pero prácticamente modifican casi todo lo demás. Va a suponer que en 2021 tengamos una nueva reglamentación. Desaparecen las asignaturas troncales. Desaparecen también las de libre configuración. Asignaturas que se han implantado en Canarias a partir de 2014, como Historia de Canarias, Educación Emocional y para la Creatividad, no sabemos qué futuro tienen. Lo que hemos planteado en esa primera reunión es nuestra negativa a que saliera aprobado el anteproyecto. Y se quedó para otra, en la que una jornada maratoniana se trataron las propuestas de cada comunidad autónoma.

— Hay una queja reiterada de muchos empresarios, especialmente del sector turístico, que señalan que no contratan a más canarios, y tienen que recurrir a foráneos, por la escasa formación en idiomas...

— Pese a que se ha avanzado, sigue siendo una asignatura pendiente, porque afrontar la enseñanza de idiomas tiene dificultades y hay que acertar en la implantación. Tenemos modelos diferentes en distintas CC AA. Madrid intentó hacerlo de manera rápida y se ha encontrado con grandes dificultades, porque no solo se trata de que el profesorado sepa hablar inglés, sino que, además, sepa impartir su asignatura en ese idioma. En Canarias, desde 2006 se imparten asignaturas en inglés en numerosos centros, hoy unos 400 del conjunto del Archipiélago. El paso que hemos dado en esta legislatura es una planificación hasta el 2032, porque es cuando calculamos que tendremos el profesorado acreditado y con la formación precisa para estar implantado en todos los centros y en todas las etapas. La novedad es empezar a los tres años, desde que entran en el colegio ya empiezan a tener sus horas en inglés. Nos ayuda el que los niños y niñas a esas edades no tienen miedo a hablar en otro idioma. Para ellos es mucho más fácil.

— Parece insuficiente la presencia de los contenidos canarios en nuestro sistema educativo...

— Se puede hacer más y, también, dar a conocer más lo que se hace. Tenemos un enorme desconocimiento sobre lo que se hace en una buena parte de los centros. Hay más contenidos canarios de lo que creemos. Desde la administración hemos puesto en marcha el programa Enseña, establecemos en todos los currículos los contenidos canarios, pero a lo mejor cuando algún alumno conocido viene hablando en un español no canario nos sorprende y pensamos qué está aprendiendo ese estudiante en la escuela. Tenemos asignaturas de libre configuración como Historia de Canarias. Y proyectos como las redes de sostenibilidad o las de igualdad. En todos ellos lo que se estudia es Canarias. Su geología, su historia. Proyectos de igualdad en los que hablamos de científicas canarias. O de mujeres que han sido relevantes en muy diferentes ámbitos en las islas.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios