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Éric Álvarez, a la derecha, junto a otros médicos protestando a las puertas del hospital Doctor Negrín. Cober

Los médicos mantienen la huelga tras sentarse con Sanidad: «No garantizan nada»

CESM pide aplazar los exámenes hasta adjudicar las plazas del concurso de méritos o eximir a quienes ya las tienen con un documento | Semca presenta un contencioso contra la convocatoria de las pruebas

Carmen Delia Aranda Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

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El Servicio Canario de la Salud (SCS) no ha logrado frenar la huelga médica convocada para el 23 de septiembre, a la que están llamados unos 5.000 facultativos temporales de la sanidad pública. Muchos confiaban en consolidar su plaza en la primera fase del proceso de estabilización pero, al no haberse adjudicado las vacantes del concurso de méritos, deberán presentarse a los exámenes de la segunda fase.

Tras reunirse con el director del SCS, Adasat Goya, el presidente del Sindicato Médico Canario (CESM), Éric Álvarez, confirmó ayer que el paro indefinido se mantiene. Sanidad no tiene intención de aplazar las pruebas hasta concluir la adjudicación de plazas en los grupos A1 Sanitario y A1 de Gestión y Servicios, cuyos aspirantes deberán examinarse entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, en días laborables.

«El SCS muestra predisposición a resolver los nombramientos, pero no garantiza nada. Alegan que técnicamente es complejo», explicó Álvarez sobre la respuesta obtenida a la principal petición de los facultativos temporales, que conforman el 70% de la plantilla médica del sistema público de salud canario.

Perjuicio para los pacientes

A su juicio, no sería tan difícil posponer las pruebas: «Bastaría con anular el llamamiento, la reserva de aulas y el personal de vigilancia. Es un mal menor», argumentó, advirtiendo del grave perjuicio que sufrirá la atención a los pacientes al coincidir los exámenes con la jornada laboral y estando la mayor parte de las plantillas de los servicios afectadas por la temporalidad.

El dirigente sindical considera incoherente la convocatoria del la oposición sin terminar el concurso de méritos: «Obligan a miles de personas a presentarse. Pretenden acelerar la estabilización tras tres años de retraso y lo hacen de forma incorrecta. Tenían que convocar los exámenes progresivamente, a medida que se resolviera la fase de méritos. Así no lo compramos».

Como alternativa, el CESM propuso que el SCS emita una certificación que exima de examinarse a quienes ya figuren como adjudicatarios virtuales. Según Álvarez, aunque casi todas las baremaciones definitivas del grupo A1 Sanitario están publicadas, estas no garantizan la plaza deseada. «Aunque teóricamente tenga plaza, no sé si me tocará donde estoy o en La Gomera», apuntó, recordando que se prioriza la continuidad en el puesto actual frente a la puntuación obtenida en la baremación.

Apoyos a la huelga y posturas

La huelga cuenta con el apoyo de Intersindical Canaria (IC) y del Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca), que también ha presentado un preaviso.

Comisiones Obreras, por su parte, exige garantías jurídicas para celebrar la oposición sin haber concluido el concurso de méritos. Mientras que Intersindical Canaria y el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) reclaman además el cese de la consejera de Sanidad, Esther Monzón.

Sepca pide igualmente una resolución de Sanidad que acredite quiénes ya tienen plaza y no deben examinarse.

«Están incumpliendo sus propias bases de la oferta pública de empleo»

El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca) interpuso ayer un contencioso administrativo contra la decisión de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias de convocar los exámenes de oposición del grupo A1 sanitario sin haber concluido previamente la fase del concurso de méritos del proceso de estabilización.

El presidente de Semca, Sunil Lakhwani, explicó ayer que la convocatoria de los exámenes incumple las propias bases de la oferta pública de empleo y añade inseguridad jurídica a un proceso extraordinario que, según establece la Ley 20/21 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, debía haber concluido el 31 de diciembre del año pasado.

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