9.700 mayores en residencias, la prioridad

Los centros sociosanitarios de las islas extreman las medidas. La anciana infectada en El Pino evoluciona favorablemente y su compañera y el personal siguen sin síntomas.

Luisa del Rosario
LUISA DEL ROSARIO

Las residencias de mayores han sido uno de los sectores más golpeados por el coronavirus. En estas instituciones se unen dos peligrosos amigos del contagio: la aglomeración de personas y población vulnerable, la inmensa mayoría de edad avanzada y con enfermedades crónicas. Canarias, al mantenerse entre las comunidades con menos contagiados por el Covid-19, ha sorteado el problema en su red residencial que atiende a unas 9.700 personas, población que ahora es la prioridad.

De ese total de plazas residenciales operativas en las islas, el 39,8% son públicas. Pero desde el sábado, bajo el amparo del estado de alarma, las privadas (algo más de 5.800 plazas en el archipiélago), también están a disposición del Gobierno. El problema, señalan desde Aeste, la patronal de las residencias privadas, es que el 99% está ocupada.

La intervención tiene como objetivo disponer de camas para los numerosos pacientes ancianos con alta administrativa, pero que siguen en los hospitales canarios, 360 según reconoció la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, en febrero en sede parlamentaria. «Nosotros vamos a pedirle a Sanidad que gestionen esta intervención directamente porque son ellos los que tienen esa lista», explicó ayer la consejera de Asuntos Sociales del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena.

Aún así, Mena recuerda que, en cierta forma, las residencias privadas ya están «intervenidas». De hecho, asegura, de las 5.524 personas que el Cabildo grancanario atiende en residencias, unas 3.000 ocupan una cama en los centros públicos de la Corporación insular, el resto, advierte, está en centros privados.

«La situación socioeconómica de las islas es muy diferente a la del resto del territorio, de ahí que no estemos como en el caso de Madrid. Nos faltan plazas residenciales y hemos ocupado camas en centros privados», añade. Según los datos aportados por los cabildos, más de 5.500 personas esperan en Canarias por una plaza sociosanitaria, demanda que no cubrirá el segundo plan de infraestructuras que presentó el anterior Ejecutivo, presidido por Fernando Clavijo.

También se podrá pedir la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para labores de desinfección en las residencias. De hecho, ayer lo comenzó a hacer en un centro de Lanzarote, la única que lo ha pedido, según Derechos Sociales, tras el positivo de una persona de la plantilla. «Nosotros ya hicimos la desinfección en El Pino tras el positivo de la residente. De momento no lo contemplamos, pero si hiciera falta pediríamos la ayuda de la UME», dijo Mena.

Las residencias públicas de Gran Canaria impidieron las visitas a residentes antes de que el Gobierno central lo impusiera y buena parte de las privadas de las islas se adelantaron a éstas. Gracias a esta media, señaló ayer la consejera de Asuntos Sociales del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, la situación está, de momento, controlada. De hecho solo ha habido un caso positivo, una anciana en El Pino, lo que puso en aislamiento a toda la planta. Hasta ayer la paciente evolucionaba favorablemente y ni su compañera de habitación ni el personal que la atendía muestran síntomas. No se han hecho las pruebas del Covid-19 porque «sin síntomas pueden dar falsos negativos», admitió Mena.

La consejera reconoció que tomar las medidas de confinamiento fue «duro» y que incluso conocían las criticas de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que llegó a tildar la medida de «irracional y antisocial». «Fue muy difícil decidirlo. Había criterios técnicos a favor y en contra, pero referimos pasarnos de frenada», apunta la consejera.

Esta situación, sin embargo, mantiene a las personas mayores institucionalizadas en un doble confinamiento. Además de la restricción absoluta de visitas, no se utilizan los espacios comunes como el comedor o el salón.

La consejera también reconoció que falta material de prevención como mascarillas o epis. Aunque confía en que Sanidad empiece a repartir el material que ya ha llegado. «No es que no tengan, es que hay pocos, nos gustaría repartir más, pero van llegando. Conseguimos mascarillas y ahora vendrán epis».

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desinfectando ayer zonas de la residencia de mayores del Cabildo de Lanzarote en Las Cabreras, Teguise, desalojada el sábado.