La Justicia admite el recurso por la «ocultación» de actas y grabaciones del Pevolca en la erupción del Tajogaite
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) da un plazo de 20 días al Gobierno de Canarias para que le remita el expediente administrativo impugnado
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación Tierra Bonita contra la negativa de la Dirección General de Emergencias del Gobierno autonómico a facilitar las actas y grabaciones de las reuniones del comité científico y de dirección del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) en los días previos a la erupción del Tajogaite.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo notificó a la asociación una resolución, fechada el 9 de septiembre, que abre por primera vez la vía judicial para reclamar esta documentación, denegada de forma definitiva el pasado 3 de junio.
Las deliberaciones científicas y políticas de esas reuniones han sido una demanda recurrente de asociaciones de damnificados y vecinos de la zona afectada. Sin embargo, tanto el anterior Ejecutivo (PSOE-NC-ASG-Sí Podemos) como el actual (CC-PP-ASG-AHI) han rechazado su publicación, alegando falta de relevancia pública y la necesidad de preservar la confidencialidad de las sesiones.
Documentación clave para los afectados
Los damnificados sostienen que estas actas y grabaciones son esenciales para aclarar por qué no se advirtió a la población de que el riesgo eruptivo se había desplazado hacia el norte del Valle de Aridane, una información que, según afirman, los científicos ya conocían. Esa omisión, denuncian, dejó sin protección a los primeros núcleos arrasados por la lava, cuyos vecinos no fueron convocados a reuniones informativas, lo que les impidió salvar pertenencias y agravó su sufrimiento.
La asociación también subraya que los documentos podrían explicar por qué no se elevó el semáforo volcánico de amarillo a naranja ni se ordenaron evacuaciones preventivas, pese a que varios miembros del comité científico reconocieron después la inminencia de la erupción.
El litigio judicial cuenta con el respaldo de la Plataforma de Afectados por la Erupción de Cumbre Vieja 2021, la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados, asociaciones vecinales de La Laguna y Las Manchas, la Asociación Agua para La Palma, la Plataforma por un Precio Justo del Plátano y la Unidad de Protección Animal (UPA) La Palma.
Cuatro años de silencio
Con la admisión a trámite del recurso, el TSJC ha dado al Gobierno de Canarias un plazo improrrogable de 20 días para remitir el expediente administrativo.
Tierra Bonita considera esta resolución «una alentadora noticia para seguir la lucha por la transparencia», que llega pocos días antes de que se cumpla el cuarto aniversario de la erupción, el próximo 19 de septiembre.
«Son ya cuatro años de oscurantismo y ocultación de las actas y grabaciones, que permanecen secuestradas para evitar que la sociedad conozca la verdad de lo ocurrido y se eludan posibles responsabilidades en la gestión de la emergencia», denuncia la asociación a través de un comunicado.
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