El sufrimiento derivado de una pericial nula

«Sufrí un calvario por culpa de un psicólogo que realizó un informe pericial negligente». De esta manera resumió Alfredo Mayor, un farmacéutico grancanario, la odisea judicial que ha soportado desde principios del año 2017. Su caso comenzó cuando pidió la custodia compartida con su expareja y fue sometido tanto él como la adulta y la menor a una pericial psicológica realizada por el profesional Hernán Javier S. F., un estudio que la propia autoridad judicial calificó de «pobre y carente de los requisitos mínimos exigidos para la correcta confección de un informe psicológico» y que derivó en su suspensión del ejercicio profesional por el plazo de un mes y tres años de inhabilitación para realizar periciales, según un contundente dictamen del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas.

En dicha pericial, Hernán Javier S. F. empleó una metodología inadecuada para una niña de tres años y a raíz de la misma, Alfredo Mayor fue demandado en varias ocasiones por su expareja por maltrato infantil y también por violencia de género, en este último caso por una presunta agresión a una pareja que el denunciado no tenía. La pericial llevada a cabo por el psicólogo suspendido tenía como objeto determinar el modelo más idóneo de la custodia como régimen de visitas para la hija común que ambos tenían. Tras una hora y veinte minutos de entrevista con el perjudicado, determinó que no era aconsejable que la menor fuese forzada a retomar el vínculo con el padre –a pesar de que habían pasado tres años de la separación– y que la custodia tenía que ser para la madre indicando incluso presuntos episodios de malos tratos del padre hacia la menor que posteriormente se acreditó que no existieron.

La pericial fue «lamentable» en su metodología, como así la calificó el Ministerio Fiscal, y careció de una mínima prueba de credibilidad respecto a lo relatado por la menor, que lo hizo incluso en presencia de la propia madre.

Tras este primer informe comenzó la travesía en el desierto de Mayor, que llegó a ser investigado por violencia de género y maltrato infantil a raíz de numerosas denuncias presentadas por su ex, las cuales, según determinó el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, las llevó a cabo «desarrollando un rol de madre maliciosa» para «conseguir que la menor no pernoctase con su padre», tendiendo a desarrollar un «rol de dominio» sobre la menor a la que llegó a grabar vídeos que presentó como pruebas en los que inducía a hablar mal de su padre. En los mismos, llegó a decir la menor que había visto como en el domicilio paterno, el mismo agredía a su pareja, la cual no existía, como aseveró la perito del Instituto de Medicina Legal que realizó una contrapericial: «Los relatos carecían de un sustento vivencial real».

Alfredo Mayor logró, tras muchos meses de lucha, ser declarado inocente de todas las acusaciones y logró la custodia compartida. «Fue duro, pero mereció la pena», dijo.

La magistrada Lorena Quiles Vallejo calificó la pericial realizada por el psicólogo Hernán Javier S. F. de «pésima» ya que aplicó «de forma atropellada» metodologías incorrectas y no extrajo pruebas que acreditasen la veracidad del testimonio ante los indicios de malos tratos que reflejó en el mismo. En el procedimiento, Alfredo Mayor fue denunciado por su ex por haber golpeado presuntamente a su hija con un «tornillo en la cara» y también porque la niña, supuestamente le contó cómo su padre había pegado a su nueva pareja en su presencia, procedimientos los cuales fueron todos sobreseídos al considerar que los hechos eran falsos.

Incluso, en el caso del golpe en la cara, el Juzgado de Instrucción Número 1 determinó que las mismas no fueron tales e incluso ni siquiera las cuidadoras del colegio se percataron. Según la jueza, las denuncias las presentó como una maniobra de «obstaculización en el régimen de visitas del padre con la menor». También acusó al progenitor de que, cuando la niña se quedaba con él, regresaba «apocada, cabizbaja, adiestrada o domesticada», e incluso que si la menor tenía alguna «perreta», era su responsabilidad, circunstancias todas ellas las cuales fueron reprochadas por el magistrado.

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