El pin, entre la censura y el derecho

Aunque el pin parental -el término hace referencia a los bloqueos que existen para que los menores no accedan a determinados contenidos en televisiones y móviles- lo incluyó Vox en sus programas electorales y el pasado agosto se fijó en una instrucción escolar en Murcia, ha sido esta semana cuando ha saltado la polémica y el aviso del Ejecutivo de que responderá con «contundencia» contra ello.

Cabe preguntarse si hablamos de una media que conlleva censura educativa y vulneración de derechos o defiende que los padres puedan elegir lo que aprenden sus hijos.

«Es una cosa extraña, el pin parental suena más bien a una ocurrencia política y a un momento político», destaca el profesor de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo y expresidente de la Conferencia Nacional de Decanos y Directores de Ciencias de la Educación, Juan Carlos San Pedro Veledo.

Defiende que «todos los filtros y cuidados que se tienen con la profesión docente, aunque podrían mejorarse, habilitan al profesor para tener control sobre los contenidos que imparte en clase y el modo en que lo hace».

Advierte de que con medidas como el pin parental puede llegar el momento en que unos padres, como ocurre con los antivacunas, puedan cuestionar el currículo y decir que su hijo «no aprende la teoría de Darwin, la geografía o determinada historia de España».

«Cada padre podría alegar unos condicionamientos ideológicos y políticos que podrían afectar al currículo escolar que tiene que estudiar su hijo», insiste.

Este experto educativo argumenta que «el individuo construye su propio aprendizaje y sobre eso se basan muchas metodologías» pero que, como es «innegable» la «patria potestad y la responsabilidad de los padres por velar por la formación de sus hijos», es necesaria la colaboración entre familias e instituciones educativas.

San Pedro Veledo, que aboga incluso por una mayor autonomía de los docentes, entiende, no obstante, que el pin parental se refiera «a talleres extraescolares, cuestiones que en el fondo son voluntarias y sobre los que los padres podrían tener algún tipo de control».

El pin parental es defendido por el partido de ultraderecha Vox (quiere imponerlo en las regiones donde es necesario su apoyo para aprobar presupuestos como Murcia, donde ya existe una instrucción educativa al respecto, Andalucía y Madrid) y la organización ultracatólica HazteOir.

Para el responsable de Educación de Amnistía Internacional, Carlos Sanguino, es «una propuesta absolutamente inaceptable» que significaría aceptar la idea de que «las actividades que sirven para no discriminar a otras personas por ser homosexuales son negativas».

malestar docente. De hecho, el presidente de la asociación LGTBI No te Prives de Murcia, Jesús Costa, afirma que las instrucciones que se dieron a principio de curso en Murcia «están afectando a muchos colectivos y sus consecuencias ya se notan en el día a día de los centros». «Hay malestar entre los profesores que se ven vigilados y limitados por sus propios compañeros al mismo tiempo que hay padres envalentonados que a cualquier cosa ponen una queja a la dirección», asegura.

Esta asociación LGTBI está detectando que los centros educativos «se autocensuran y dejan de pedir las charlas» que ellos imparten desde hace tiempo en las aulas murcianas.

Los padres de la Ceapa y toda la Plataforma Estatal por la Escuela Pública (en la que están también docentes de CCOO, UGT, STES, CGT y diversas asociaciones estudiantiles ) sostienen que un pin parental «supone una fórmula para censurar los contenidos educativos».