Jaula y arco iris

A vueltas con el 5%

08/09/2019

La Plataforma para el 5% en Educación ha denunciado recientemente que el Gobierno de CC que presidía Fernando Clavijo (2015/2019) ocultó de forma sibilina sus planes para incumplir la Ley Canaria de Educación no Universitaria (LCE) respecto a sus compromisos presupuestarios. Según destaca la Plataforma, el ahora senador por la Comunidad Canaria lo hizo evitando que sus auténticas intenciones -situar el presupuesto educativo en el 3,5% en el año 2022, frente al 5% que estipula en su articulado la Ley- fueran conocidas en pleno proceso electoral. Para ello, aseguran, no se remitió al BOC el Plan Presupuestario aprobado en marzo y que el Ejecutivo canario sí envió al Gobierno central.

Aseveran, asimismo, que Clavijo faltó a la verdad en la campaña electoral de las autonómicas de mayo. En concreto recuerdan que en el transcurso del debate de aspirantes a la Presidencia en la Televisión Canaria el entonces candidato de CC afirmó que la inversión en Educación en 2019 alcanzaba ya el 4% del PIB, «cuando en el plan presupuestario se recoge un PIB de 47.765 millones de euros y un presupuesto de Educación de 1.719 millones de euros, lo que supone un 3,6% del PIB, tal y como la Plataforma ha venido denunciando».

En este caso, pese a la artimaña denunciada, que no ha sido desmentida, hay que reconocer que el expresidente Clavijo fue, en esta ocasión, bastante coherente. Nunca mostró demasiado entusiasmo por la Ley Canaria de Educación, aprobada en 2014, después de un importante debate parlamentario y social. Y, de manera especial, por sus compromisos económicos. Llegando a afirmar en una entrevista radiofónica en la campaña de las autonómicas de 2015 que las leyes estaban «para cumplirlas o para cambiarlas»; al final, Clavijo no hizo ni una cosa ni la otra.

No hay que olvidar que esta ley nació de una iniciativa legislativa popular, con relevante impulso por parte de asociaciones de madres y padres de alumnos, colectivos docentes, sindicatos y ayuntamientos. Y que, tras un frenazo parlamentario, al contrario de lo que desgraciadamente ha ocurrido en otras leyes de iniciativa popular, tuvo una tramitación que la enriqueció notablemente.

crecimiento económico. Lo cierto es que, en un periodo de crecimiento económico, el que hemos vivido en el Estado y en Canarias a lo largo de la anterior legislatura, no se avanzó hacia el objetivo de ir acercándose al 5% del PIB para educación en el año 2022. Si la legislatura arrancó con un 3,69%, finalizó en parecidos términos, un 3,6%. Lo que complica, y mucho, como ya he señalado en otros artículos, alcanzar la meta del 5% en el referido 2022. Tanto que parece casi un imposible metafísico a solo tres años vista. La educación canaria debería en las cuentas públicas de este 2019 haber estado situada claramente por encima del 4% para estar en condiciones adecuadas de llegar al 5% en tres ejercicios económicos. Los errores del pasado se pagarán en el futuro.

Más aún cuando se acercan tiempos de recesión económica, el turismo presenta tantas incógnitas y la economía europea y mundial también, con el enfriamiento económico de Alemania, las incertidumbres que genera el Brexit -especialmente si se hace a las bravas como pretendía y pretende Boris Johnson- y la guerra comercial abierta entre Estados Unidos y China. Junto a los problemas internos del Estado español, con un Gobierno en funciones prolongado en el tiempo, presupuestos prorrogados, graves dificultades financieras para las comunidades autónomas, sentencia del procés en octubre y, si nada cambia en los próximos días, cercanas elecciones.

En cualquier caso, el 5% educativo figura entre los objetivos señalados en el discurso de investidura del presidente del Gobierno canario Ángel Víctor Torres. Y corresponde al Ejecutivo canario diseñar la hoja de ruta para alcanzar esa meta o, por lo menos, acercarse sustancialmente a la misma. Y llevarlo a cabo, y no es menos importante, dando adecuados contenidos a ese progresivo aumento presupuestario.

Esto supone el establecimiento de prioridades que se encaminen a la mejora del sistema educativo canario que hoy presenta, como se sabe, numerosas carencias. No se trata, por supuesto, de gastar más por gastar más, sino de aumentar las cuentas educativas para resolver problemas del sistema e incrementar su calidad. De forma que nos acerquemos en materia educativa a los parámetros medios estatales.

infantil cero-tres. Entre las prioridades que deben presidir los presupuestos educativos en el próximo período se encuentra, en eso parece que hay un alto nivel de consenso social y político, la educación infantil cero-tres años, que en Canarias sufre un evidente retraso en su implantación si lo comparamos con los datos del conjunto del Estado. Y que tiene implicaciones educativas, de equidad social y de conciliación.

La reciente oferta programática presentada por Pedro Sánchez para su posible investidura (Propuesta abierta para un programa común progresista) incluye entre sus 370 medidas lo siguiente: «Impulsaremos la universalización y la gratuidad de la Educación Infantil para niños y niñas menores de 3 años. De esta forma, la Educación Infantil quedaría configurada en dos ciclos: un primer ciclo 0-3 y un segundo ciclo 3-6». Comprometiéndose a elaborar, a lo largo de 2020, junto a las comunidades autónomas, un plan de universalización de la Educación Infantil, «de forma que se incorpore al ciclo educativo la etapa de 0 a 3 años en una red de recursos integrada pública y gratuita».

En el proceso para alcanzar ese objetivo en el sistema público, «se facilitará que las Corporaciones Locales puedan destinar parte de su superávit a realizar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) financiando y mejorando las escuelas infantiles actualmente gestionadas por estas administraciones». Aseverando que se financiará a aquellos municipios «que, no contando con superávit, planifiquen inversión en estas infraestructuras».

Pero Canarias tiene, sin duda, más retos educativos además de la extensión de la Infantil cero-tres años. Entre otros ámbitos, en Formación Profesional (que, por cierto, incrementa escasamente su alumnado con relación al curso anterior), aprendizaje de idiomas, atención a la diversidad o inversión en infraestructuras para superar persistentes deficiencias, como los barracones en los que se escolariza a alumnos y alumnas en diversos municipios.

Resulta evidente que nuestra Comunidad necesita dar un fuerte impulso al sistema educativo público durante esta y las próximas legislaturas. Tanto el Gobierno como el Parlamento de Canarias deben protagonizar ese esfuerzo que, para llegar a buen puerto, precisa, asimismo, de la complicidad activa del profesorado, de las familias, del alumnado y del conjunto de la sociedad de las islas.