De trabajo fin de grado a proposición no de ley: «Las casas contenedor, para universitarios van bien»
Andrea Pérez y Natalia Tetes idearon un campus de viviendas modulares para solucionar el problema habitacional que sufre el alumnado canario
Las graduadas en Contabilidad y Finanzas Natalia Tetes y Andrea Pérez han sufrido en sus propias carnes el problema de la crisis habitacional. Ambas tuvieron que trasladarse a vivir a La Laguna para cursar sus estudios, una misión difícil por el precio inasumible de los alquileres y la escasez de plazas en residencias universitarias.
«¿Qué familia se puede permitir pagar 400 euros solo por una habitación en un piso compartido con cuatro personas más y, además, costear unos estudios fuera de casa? Mi familia, humilde y obrera, pues no podía», asegura Andrea Pérez Orribo autora, junto a Natalia Tetes Alemán, del trabajo de fin de grado que inspiró la proposición no de ley, aprobada por unanimidad esta semana por el Parlamento canario, para instar al Gobierno regional a construir residencias modulares en las dos universidades públicas canarias.
Andrea es de La Palma. «Si quieres cursar estudios superiores que no sean los de Enfermería, te tienes que movilizar», dice. Para hacerlo, ideó un plan. Desde su mayoría de edad empezó a trabajar y ahorró para mudarse a Tenerife. «Luego ya, con 25 años, me vine a estudiar a La Laguna», comenta la aún universitaria, que está cursando un posgrado. «Para mi sorpresa, cuando llegué, la situación era peor que cuando tenía 18 años. Este proyecto nació en tercero de carrera, cuando vimos que cada vez era más difícil conseguir piso y no podíamos acceder a las residencias universitarias. Quisimos dar una alternativa con nuestro trabajo», señala.
VIABILIDAD
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50 viviendas modulares individuales, con tres módulos más para acoger la administración, el cuarto de mantenimiento y la lavandería, conforman la propuesta lanzada por las dos estudiantes. La inversión inicial sería de 1,6 millones, que estarían amortizados en 13 años
Natalia Tetes fue una de las afortunadas que logró una de las 853 plazas de las residencias a las que aspiran los 2.300 estudiantes desplazados a Tenerife desde otras islas y algunos de los 15.000 tinerfeños de otros municipios. Ese es su caso. Su familia vive en San Miguel de Abona, en el sur de la isla, «a entre dos y tres horas de viaje», dice. Los precios en las residencias oscilan entre 269 y 750 euros, en función del régimen y los ingresos familiares.
Diagnóstico de la situación
Lo habitual en el estudiantado trasladado de la Universidad de La Laguna es compartir piso con tres o cuatro personas. El precio medio mensual de una habitación, según el estudio elaborado por ambas graduadas, ronda los 350-450 euros. De hecho, el 61% del estudiantado sondeado en el trabajo paga entre 250 y 550 euros mensuales. Este análisis de la situación ocupó la primera parte del trabajo.
Luego, se dedicaron a ofrecer una alternativa realista y viable. Estudiaron varias ideas: importar viviendas cápsula de Japón, incorporar al mercado las 200.000 casas vacías del archipiélago, pero finalmente optaron por demostrar la viabilidad económica de las residencias modulares.
Pérez confiesa que se inspiraron en las casas contenedor empleadas para realojar a los afectados por el volcán Tajogaite. «Hubo mucho revuelo en La Palma. Son situaciones diferentes. Para alojar a una familia, las casas modulares no son factibles, pero no es lo mismo una familia entera que un estudiante», señala la graduada en Contabilidad y Finanzas.
Antecedentes añejos
Entonces empezaron a mirar al exterior. Su idea ya se había hecho realidad. «Analizamos experiencias en otros países: desde la primera residencia modular, que se hizo en 2001 en Londres —todo un éxito—; la de Ámsterdam, la más grande del mundo, hecha de contenedores marítimos; la de Copenhague, situada sobre el mar, o la de la ciudad francesa de Le Havre. En Ámsterdam empezaron en 2005 con 60 viviendas y al año siguiente ya había 1.000», relata.
Para hacer realidad este campus en Canarias, plantearon dos fórmulas: dejarlo en manos de la iniciativa privada, que trataría de recuperar cuanto antes la inversión sin solucionar el problema social del estudiantado, y la promoción 100% pública. El gasto inicial en ambos casos para construir 50 viviendas sería de 1,6 millones, incluyendo el precio del suelo, y se amortizaría en 13 años.
Las graduadas demostraron que es posible aliviar el problema de los universitarios canarios. Ahora solo falta que alguna administración recoja el guante lanzado.
