Roberto Moreno
«Están situando a la ULPGC en el límite de ser viables como servicio público»El responsable de las cuentas de la universidad pública grancanaria analiza la situación de la institución ante el escaso aumento de la financiación regional
Al gerente de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Roberto Moreno, las cuentas no le salen. Ya los rectores de las dos universidades públicas, Lluís Serra y Francisco García (ULL), expusieron su «decepción» al conocerse las transferencias regionales para 2024. Moreno espera que en el camino hasta la aprobación definitiva el Gobierno acepte enmiendas para que no corra peligro la «viabilidad del servicio público».
-¿Les suben el presupuesto 2,8 millones? ¿Por qué no les basta?
-En primer lugar porque por ley tenemos que hacer frente a incrementos retributivos y depende de cómo termine el PIB de España, tendremos que pagar otro más con efecto retroactivo. Si el PIB termina por encima del 2,1 todos los empleados públicos cobraremos un 0,5% más. Ya vamos por 4 millones de euros. Además, a partir de enero tenemos que pagar la seguridad social de las prácticas del alumnado que, por la peculiaridad de Canarias, tienen que hacerse en todos los grados. Y tenemos que pagarla porque ya hemos contactado con algunas empresas y entidades y nos dicen que corre por nuestra cuenta. Y, aunque esté bonificada al 95%, hay que aportar el 5% más la gestión. Ahora gestionamos las nóminas de 2.300 personas, a las que se sumarán las más de 5.000 del estudiantado. Esto nos supondrá 256.250 euros. Después tenemos el sobrecoste de la energía eléctrica y la inflación. El Gobierno nos dejaba utilizar remanentes para pagar el sobrecoste, que es de promedio 1,6 millones, no para factura entera. Pero ahora tenemos que encajarlo en los presupuestos pues ya no podemos usar los remanentes. Estos son solo los costes para abrir las puertas por la mañana. Al final, de los 2,8 millones de incremento solo podemos utilizar 2,3 para las necesidades corrientes, mientras que la necesidad básica de la ULPGC son 7,7 millones de euros. Y esto es solo en los números.
«Si tuviésemos que hacer recortes se va a ver afectada hasta la adquisición de consumibles»
-¿Qué quiere decir?
-Hay cosas que han cambiado en el texto articulado. Primero, la imposibilidad del uso de remanentes para la electricidad, que podría tener un pase por el tipo de gasto. Pero es que este año podíamos utilizarlos para hacer obras puntuales, excepcionales, rápidas. De ahí hemos sacado el mobiliario de bibliotecas, obras en cafeterías, algún laboratorio también. En 2023 hemos podido utilizar por encima de nuestro presupuesto casi 4 millones de euros. Esto ahora desaparece. Adiós a las inversiones. Adiós a las mejoras en infraestructuras. Pero es que podría tener más impacto aún otra cosa. Y esto no afecta a la regla de gasto. Esto creemos que lo permite Europa y lo permite España. Técnicamente se llama incurrir en déficit temporal por la ejecución de subvenciones. Ejemplo: la universidad recibe un millón de euros que puede ejecutar hasta 2026. Este año te gastas 100.00, en 2024 medio millón... Como ya no podemos incurrir en déficit temporal ese millón de euros me cuenta como ingreso en 2023 y como gasto los 100.000. Pero en 2024 el medio millón me cuenta solo como gasto con lo que me genera un boquete presupuestario: tengo gastos, pero no ingresos. Eso penaliza la obtención de subvenciones plurianuales de todo tipo por parte de las universidades públicas. La subvención de Medicina que esperamos este mes es otro ejemplo. ¿Vamos a tener que acabar pagando? No la vamos a gastar de aquí al 31 de diciembre y el Ministerio de Sanidad nos da hasta 2025, pero me va a generar un boquete en 2024 y 2025. El tema de las nóminas puede ser un error de cómputo, pero este cambio sorprende un poco. No es solo la ficha financiera, no, es el texto articulado que penalizaría la obtención de subvenciones. Sobre este tema estamos en conversaciones con Hacienda
-¿Se puede solucionar?
-El texto articulado se puede solucionar con enmiendas. Estamos más en manos de Hacienda que de Universidades para la resolución de los posibles errores que se hayan cometido.
-La consejera dijo que este es el mayor presupuesto de la historia para las universidades. ¿Qué pensó al escuchar esto?
-Nos acordamos de Aristóteles, porque esa figura que utiliza la consejera es una falacia retórica. Si hubiese aumentado un euro con respecto al de este año ya hubiese sido también el mayor de la historia. Un euro es 50 céntimos para cada universidad. Yo no compro ese discurso. Cada año es el mayor presupuesto de la historia, no hay más que comparar, con solo elevarlo en un euro. La cuestión es que es absolutamente insuficiente para mantener el servicio público de educación superior e investigación científica en Canarias. Para la ULPGC y para la ULL. Hablamos de los grandes números, pero hay que saber lo que significan en el día a día. El no poder invertir en infraestructuras nos va a frenar el esfuerzo que se está llevando en tecnología, el despliegue de wifi, que tenemos que renovar 1.170 puntos en los campus. Estamos dotando a todos los edificios de pantallas interactivas, de núcleos de estudio para trabajo colaborativo remoto, tampoco podremos continuar otros programas... pero es que si estuviésemos abocados a hacer recortes se va a ver afectada hasta la adquisición de consumibles. Desde reactivos de laboratorios y matraces hasta el formol o los termómetros de Veterinaria o Ciencias del Mar. Nos están situando, si no se corrige, en el límite de ser viables como servicio público y eso es lo que no debemos consentir.
«La ULPGC requiere entre un 4,5 y un 5% de financiación pública. En millones sería entre 3,4 y 4,5»
-¿Cuánto tienen en los bancos?
-57 millones de euros. 28,7 están afectados, el resto, 31,3 millones, son de libre disposición. Son los «ahorros de todo la vida».
-¿Temen la competencia de las privadas, con más grados y másteres como el del profesorado?
-Esa deriva de mayor número de grados y másteres se junta con una disminución de la financiación y de posibilidades de gestión de las universidades públicas. La combinación es explosiva. Somos un servicio público... Las universidades públicas no somos un lujo, como no lo es la sanidad pública.
-¿Cuál sería el porcentaje apropiado de financiación según ustedes?
-Entre un 4,5 y un 5%. En millones sería entre 3,4 y 4,5. Una parte es necesaria en transferencias, pero otra podría ser con el cambio en el articulado, que no tiene coste directo para el Gobierno.
-¿Se esfumó ya la alegría de contar con una Consejería de Universidades?
-Yo usaría la palabra que han utilizado los dos rectores hace poco, «decepción». Pero no perdemos la esperanza ni la ilusión. No se trata tampoco de desvestir a un santo para vestir a otro sino de expresar en un presupuesto, porque lo que no está en el presupuesto no existe, una voluntad política en relación a la educación superior y la investigación científica pública. Y eso debe venir también de la mano de un contrato programa. Este desfase presupuestario que estamos viendo es el ejemplo claro de lo que ocurre cuando no tenemos un contrato programa. Porque ese contrato te garantiza una financiación mínima y cumpliendo unos ítems se consigue sobrefinanciación y puedes planificar a dos o tres años, lo que dure el contrato programa. Y cumpliremos lo que se nos exija.