«No tenemos problema en cotizar las prácticas»: la CEOE se desmarca de las universidades

El presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, CEOE, Pedro Afonso, aseguró ayer en un comunicado que el empresariado no tienen «ningún problema en contratar becarios pagando la cotización a la Seguridad Social», por lo cual se mostró «sorprendido» por «la polémica que han generado ambas universidades públicas», en referencia a la petición de estas de que se retrase la puesta en marcha de esta medida, que entrará en vigor el 1 de octubre.

Pagar la Seguridad Social a quienes hagan prácticas curriculares no remuneradas «es uno de los acuerdos a los que llegamos hace más de un año con Ministerio si este reducía en un 95%» la cotización. En realidad, dijo Afonso, «el coste de un becario en las empresas va a ser de 8 euros mensuales, cantidad muy fácilmente asumible».

Además, añadió, «entendemos que es un deber social encaminar a los jóvenes aunque todavía no puedan cotizar por el desempleo o Fogasa, para ir depositando su fondo de pensiones público de cara al futuro».

Para el vicerrector de Estudiantes, Alumni y Empleabilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), David Sánchez, que el empresariado «garantice que va a asumir» el coste de las prácticas en una buena noticia. Sin embargo, añadió, «el 60% de las mismas se desarrolla en administraciones públicas» y y ya algunas de ellas han dicho que no. También en el sector privado. «Ellos tendrán la perspectiva de medianas y grandes empresas, entre las pequeña hay muchas entidades que nos han dicho que no». Como ejemplo de estas pequeñas empresas o autónomos el vicerrector nombró los despachos de abogados y estima que cada curso hacen practicas de este tipo unos 200 alumnos y alumnas.

En el mismo sentido se manifestó ayer la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de La Laguna (ULL), María Rosario Hernández. «Me alegro de las declaraciones de la patronal de Tenerife. Suponíamos y confiábamos en que una parte de las empresas con las que tenemos acuerdos lo podían asumir. Son empresas más grandes y la parte de la gestión la tienen más resuelta». Sin embargo, añadió, también en la ULL se han dado casos de pequeñas empresas que ya han anunciado su renuncia a participar en las prácticas, e incluso administraciones públicas».

Hernández añadió que este problema, además, no se da solo en Canarias. «Está pasando en otras universidades». De ahí que pidieran al menos una moratoria.

La patronal tinerfeña añadía en su comunicado que «la gran baza para la empleabilidad de los egresados pasa en estos momentos por ampliar y mejorar en la calidad de las practicas en empresas».

El vicerrector de Estudiantes de la ULPGC recordó que «ningún» estudiante se quedará sin prácticas, ya que son obligatorias para poder egresar. Lo que preocupa, explicó, es que con esta medida «habrá menos empresas entre las que elegir» dado que algunas se darán de baja.

El vicerrector de Estudiantes, Alumni y Empleabilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), David Sánchez, recordó también que en muchos casos más que el dinero que le supone a las entidades que colaboran en la formación en las prácticas curriculares, que no son remuneradas, el problema de la nueva normativa es la gestión de las altas y bajas de la Seguridad Social.

A su juicio, especialmente entre las empresas pequeñas y los autónomos, acoger alumnado al que tenga que estar dando de alta y de baja en la Seguridad Social les supone un trastorno y/o un gasto con el que no contaban.

De la misma opinión es la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de La laguna (ULL), María Rosario Hernández. «Está pasando en todas partes, no solo lo sabemos aquí. Esto es un problema a nivel nacional. Desde hace semanas nos están diciendo lo que está ocurriendo en otras universidades. No es solo los 8 euros -que es la cuota reducida que se debe pagar a la Seguridad Social por estudiante­ sino la gestión. La mayoría de las pequeñas empresas pagan una gestoría y eso es un coste añadido. Tenemos casi 2.000 acuerdos de prácticas y la variabilidad de las empresas es mucha».

La Conferencia de Rectores (CRUE) también ha solicitado la eliminación de la cotización.

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