La ayuda de Educación para comer en verano solo llega a 28 municipios

La mayoría de municipios, entre ellos todas las capitales, con Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife a la cabeza -donde se concentran las mayores bolsas de pobreza-, se han quedado fuera de la convocatoria, que se cerró el miércoles 26 después de tres prórrogas. La resolución de Educación se publicó el día 10 de junio y daba de plazo hasta el 14 para presentar las solicitudes, un periodo que se amplió primero hasta el día 19, luego al 21 y finalmente al 26.

La alcaldesa de la capital tinerfeña, Patricia Hernández, calificó este jueves de «intolerable» que Educación «hiciera las cosas como las hizo», con unos plazos de convocatoria «inasumibles», que son una «vergüenza», y, además, «a 15 días del inicio de las actividades [el 1 de julio]».

Hernández reiteró que no solo los plazos son «insuficientes», sino «el momento en el que se sacó la resolución», que bien podía haber salido en marzo, pero que no se hizo, está convencida, «porque en mayo había elecciones» y luego «no se sacó hasta el 10 de junio porque se estaba negociando el pacto».

Hernández, que reclama al Gobierno que «rectifique inmediatamente» y restituya el proyecto de comedores de verano, se suma así a las críticas vertidas el miércoles por la concejala de Educación de Las Palmas de Gran Canaria, Lourdes Armas, y a las que también vertió la portavoz del PP en la capital grancanaria, Josefa Luzardo, reclamando una «solución urgente» al problema generado, que achacó la absoluta «descoordinación» entre las administraciones implicadas.

Educación asegura que «los ayuntamientos conocían perfectamente que los comedores de verano se realizarían en 2019 a través de la nueva fórmula» porque se habían mantenido «varias reuniones» con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y en artículos periodísticos se anunció que serían los ayuntamientos los que ofrecieran el catering.

Desde la Fecam, su presidente en funciones, el alcalde de Alajeró, Manuel Plasencia, reconoció la celebración de «alguna reunión», sin embargo negó que existiera un acuerdo firmado con Educación en relación a los talleres de verano.

Educación justifica la cancelación del programa por ayudas a los ayuntamientos con «continuo declive» de la asistencia de escolares y, por tanto, la «ineficiencia en el gasto público de la mitad o más de la partida invertida» en el proyecto.

La Consejería de Educación tuvo que admitir este jueves que «varios municipios expresaron dificultades para poder contratar el servicio de catering en poco tiempo e integrarlo en los talleres que tenían programados», pero se negó a admitir críticas como las vertidas por la concejala de Educación de Las Palmas de Gran Canaria, Lourdes Armas, a quien señalo como una de las «dirigentes políticas que se han negado sistemáticamente a integrar a los menores en riesgo de exclusión social con el resto del alumnado de los talleres de verano».

Lourdes Armas criticó abiertamente a Educación calificando de «desvergüenza» que intente hacer recaer en los ayuntamientos una competencia que es suya: los comedores de verano para niños de familias con una situación económica crítica. Desde la Consejería la señalan como una de las ediles que, «desde la primera vez que se planteó el cambio de modelo en la Fecam, se oponía a integrar a estos menores y los comedores en sus talleres de verano, ‘porque esa es una responsabilidad de políticas sociales’», sostiene en un comunicado del departamento de Soledad Monzón.

Una de las primeras que este miércoles salió a defender a Armas fue la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, que consideró «bochornoso» como Educación la atacó por «recordar que el programa de talleres de verano con comedor son una competencia de la Consejería de Educación».

La decisión de Educación de cancelar el programa de talleres lúdico-educativos con comedor en verano para convertirlo en ayudas directas a los ayuntamientos para que incorporen el servicio de catering a sus actividades de verano le va a costar al equipo de Soledad Monzón una investigación por parte de la Diputación del Común, que este miércoles anunció que la iniciará de oficio de inmediato.

Los servicios jurídicos de la entidad no solo solicitará informes a Educación y la Fecam, sino que intentará «mediar para buscar una solución cuanto antes» sin esperar siquiera al cambio de Gobierno porque «los niños en situación de riesgo no se pueden quedar sin comer en verano».