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La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias defiende que el nuevo decreto de atención a la diversidad«garantiza una inclusión real» y que se encuentra en una «fase extraordinaria de diálogos» para alcanzar un «consenso» con toda la comunidad educativa, por lo que no se puede afirmar que exista actualmente un borrador de la norma, sino «un borrador del borrador».
Así lo ha manifestado el director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, David Pablos, que está recorriendo todo el archipiélago para reunirse con los diferentes agentes de la comunidad educativa y así exponerles las líneas de trabajo de las que parte la iniciativa.
El objetivo es que tanto el profesorado como los equipos de orientación, representantes de las plataformas de directores, familias y asociaciones, sindicatos o grupos parlamentarios estudien las propuestas, las valoren y realicen sus propias aportaciones, en aras de impulsar el decreto desde el consenso.
Pablos responde de este modo a las declaraciones de la presidenta de la Federación de Ampas de Gran Canaria (FAPA Galdós), Marian Álvarez, efectuadas el martes en una rueda de prensa en apoyo a Carolina Buriticá, quien denunció que su hija Victoria, de 8 años, sufre discriminación en las aulas.
Álvarez señaló que el consenso del que habla Educación llegará cuando «se acepten las aportaciones que se hagan» y que el «borrador no contempla ni la inclusión ni la escolarización en el aula para todo el alumnado», ya que «se sigue contemplando los centros de educación especial (CEE) y las aulas enclave (espacios dedicados a alumnado con algún tipo de discapacidad en centros ordinarios)».
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El director general insiste en que se podrá emplear el término «borrador» cuando se inicie la tramitación de la norma, «que así y todo contempla una fase de exposición pública en la que se podrán realizar más aportaciones», y aclara que los «centros de educación especial y las aulas enclave no van a desaparecer».
No lo harán por un «principio de equidad», que «muchas veces se olvida o se interpreta de manera interesada». «Hay alumnado que precisa, para seguir avanzando, de unas medidas, recursos humanos o materiales extraordinarios, que no se pueden dar en una aula ordinaria. No podemos dejar a un alumno o alumna en un aula ordinaria sin la atención que precisa», resume, a la vez que pide «respeto» para los profesionales de la Consejería de Educación.
En todo caso, reseña que el nuevo decreto sí persigue «medidas lo más inclusivas posibles y la garantía de que se han agotado todas ellas en aulas ordinarias, antes de optar por un recurso de estas características».
Otros aspectos que proponen incorporar son, por un lado, la simplificación de la burocracia. Pablos recuerda que el actual decreto data de 2018 y «nunca tuvo un desarrollo normativo posterior», por lo que, «en la práctica, los docentes están trabajando con una orden del año 2010, mientras que el servicio de orientación educativa lo hace con un decreto de 1995 para algunos aspectos».
Sobre la normativa del 95 resalta que implica un exceso de papeleo en los procedimientos y modelos de informes para el servicio de orientación, que es el que detecta las necesidades específicas educativas. A todo esto se suma, tal y como apunta, el plan plurianual para bajar las ratios ya anunciado.
Otra de las apuestas de la Consejería es la matriculación del alumnado NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo) en el aula ordinaria, «cubriendo ratios ahí», de forma que se «garantiza una inclusión real en la participación del grupo».
«La idea es trabajar con el alumnado NEAE para que, progresivamente, pueda ir pasando menos horas en el aula enclave —que cambiará de denominación en el nuevo modelo—, donde se reforzará lo que los profesionales determinen necesario, e incorporándose más horas en la ordinaria, con la perspectiva puesta en que pueda hacerlo de manera definitiva», adelanta Pablos sobre el decreto.
Carolina Buriticá denunció el martes, en rueda de prensa y con el apoyo de la Asociación Síndrome de Down Las Palmas y de la Federación de Ampas de Gran Canaria (FAPA Galdós), la «vulneración del derecho a una educación inclusiva» que está sufriendo su hija Victoria, de 8 años y con síndrome de Down.
La niña recibe formación en un aula enclave del CEIP El Tablero, en el sur de Gran Canaria. Su madre, que asegura que ha detectado una involución en su aprendizaje y un trato discriminatorio, ha iniciado una batalla legal para que Victoria pueda cambiar de colegio y modalidad, y así acceder a una educación que le ofrezca todas las oportunidades.
Buriticá, que ha impulsado la Plataforma de Educación Inclusiva de Canarias, señaló que trasladó su situación, «personalmente», al consejero de Educación del Ejecutivo canario, Poli Suárez, quien «se comprometió a solucionar el caso». «Una semana después, nos llegó la resolución de Dirección Territorial que nos denegaba el cambio de centro y modalidad», agregó.
Este periódico se puso en contacto con Educación para conocer su versión de lo acontecido, pero desde el área matizaron que no realizan declaraciones sobre casos concretos, y muchos menos si están judicializados, como el de Victoria. CANARIAS7 también intentó escuchar el testimonio del CEIP El Tablero, sin éxito.
Mientras, Buriticá ha contratado para su causa al letrado Juan Rodríguez Zapatero, quien defendió un caso similar al de su hija, el de Rubén Calleja, también con síndrome de Down. El Tribunal Supremo reconoció como vinculante, vía sentencia, el dictamen del comité de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que indicaba que Rubén fue víctima de discriminación en la escuela y obligó al Estado español a reparar o compensar los daños morales y económicos sufridos por el joven y su familia.
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