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«Mi hija era una más de la clase, luego pasó a ser la niña del aula enclave». Así denunció Carolina Buriticá la vulneración del derecho a una educación inclusiva que está sufriendo su hija Victoria, de 8 años y con síndrome de Down. La situación la ha llevado a mantener a la pequeña fuera del colegio donde estudia y a iniciar una batalla legal, con el objetivo de que reciba una formación con todas las garantías.
«A mi hija la estamos sacando con abogados del aula enclave», sintetizó Buriticá, en una rueda de prensa celebrada en la sede de la Asociación Síndrome de Down Las Palmas, en la que estuvo arropada por el gerente de la entidad, Ángel Sosa, y por la presidenta de la Federación de Ampas de Gran Canaria, FAPA Galdós, Marian Álvarez.
Victoria comenzó su escolarización a los 4 años en el CEIP El Tablero, en el sur de Gran Canaria. Todo iba bien hasta que el centro instó a la familia a que la niña repitiera Infantil de 5 años antes de pasar a Primaria, para reforzar algunas cuestiones de lenguaje relacionadas con su pérdida auditiva. A partir de ahí, «todo fueron quejas, lo que la niña no conseguía. Cambió todo el discurso de los años anteriores en los que la niña podía y era capaz».
Incluso, el equipo TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo) «decidió, de manera arbitraria, que la niña se tenía que ir del centro». La familia se opuso y, según su relato, el colegio le ofreció una suerte de ultimátum, la niña podía permanecer en el centro, pero en un aula enclave (espacios habilitados en centros ordinarios para alumnado con alguna discapacidad).
El colegio, a cambio, se comprometió a que mantuviera el contacto con sus antiguos compañeros, que ya se habían convertido en amigos, y a impulsar actividades inclusivas. «Esto, desde luego, no pasó», apuntó la madre, para quien ese año fue de «luto», pues vio como su hija retrocedía, en lugar de avanzar.
Y es que la menor pasó a no relacionarse con su amigos y a estudiar solo tres materias: Autonomía personal, Relación con el entorno y Comunicación. Para Buriticá, «es discriminatorio que los manden al colegio a aprender a comer o a cepillarse los dientes», algo que ya les enseñan en casa.
Pero eso no es todo. La madre relata que el colegio —al que ya salpicó la polémica por el viaje de fin de curso de Elan, un alumno con trastorno del espectro autista— informó a la familia, en una reunión de madres y padres, de que la niña pasaría este curso a otra clase, con «niños que le doblaban en tamaño y edad».
Los padres de Victoria se negaron, pues no estaban dispuestos a que su hija pasara por otro cambio. Desde entonces, pelean por apuntarla en otro colegio, donde pueda seguir formándose en un aula ordinaria. Han contratado para ello al abogado Juan Rodríguez Zapatero, quien defendió un caso similar con éxito, el de Rubén Calleja.
Mientras tanto, Buriticá se encarga fundamentalmente de la educación de su hija y celebra feliz y orgullosa que está aprendiendo a leer. También se apoya en las clases de ayuda, que costea de su propio bolsillo.
Esta madre coraje apuntó que pidió ayuda a la Consejería de Educación y expuso personalmente su caso su responsable, Poli Suárez: «Él se comprometió a solucionar el caso y, una semana después, nos llegó la resolución de Dirección Territorial que nos denegaba el cambio de centro y modalidad. No podemos fiarnos de todo lo que diga la Consejería», matizó.
Por su parte, Marian Álvarez recordó que en las aulas enclave no se titula y que lo único que buscan estas familias es que sus hijos e hijas sean autónomos, algo que solo se logra a través de la educación inclusiva. También criticó la labor de inspección educativa, que «no tiene ni idea de qué son necesidades educativas especiales ni está preparada para tomar decisiones», al respecto.
Ángel Sosa lamentó que este caso no es puntual ni en España ni en Canarias, donde ya varias familias han solicitado el contacto del letrado Rodríguez Zapatero, y enfatizó que los centros de educación especial o las aulas enclave «deben ser el último eslabón de una serie de adaptaciones sistemáticas de esfuerzo desde la Consejería, las familias o el profesorado».
El caso de Victoria, que según su madre ejemplifica la realidad de muchos otros escolares que sufren discriminación en las aulas, choca de lleno con las políticas anunciadas por la Consejería de Educación. El área liderada por Poli Suárez señaló recientemente que trabaja en un nuevo decreto de atención a la diversidad, «con la participación de profesionales, colectivos y familiares de todas las islas», para elaborar una «norma consensuada».
El objetivo consiste en mejorar «de manera considerable la atención al alumnado NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo)».
Sin embargo, la presidenta de FAPA Galdós, Marian Álvarez, matiza que el borrador de esta norma «no contempla la inclusión, sigue contemplando las aulas enclave y los centros de educación especial. No contempla la escolarización en aula ordinaria para todo el alumnado». «La Consejería dice que lo va a consensuar, pero lo que ha hecho ha sido aportarnos el borrador, lo de consensuar se verá en la medida en que acepte las aportaciones que se hagan. Compartirlo es dejarlo leer, se consesúa cuando se aceptan las aportaciones y no hemos llegado a ese momento», quiso aclarar la presidenta de la Federación de Ampas de Gran Canaria.
«El borrador cuenta con muchas ambigüedades y deja muchísimo la última palabra en la administración y en un caso como el nuestro sabemos que esa última palabra es la más segregadora», detalló Carolina Buriticá. Esta madre considera que las familias que pasan por su misma situación están siendo maltratadas por las administraciones: «A nuestros niños les están quitando el derecho a la educación obligatoria por situación de discapacidad», sentencia.
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