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La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y el sindicato ANPE coinciden en que la atención a la diversidad es uno de los grandes retos de la docencia. «La actual normativa está obsoleta y la atención a los chicos y chicas no es la adecuada. Confiamos en que el nuevo decreto llega para quedarse», manifestó al respecto el responsable del área, Poli Suárez.
El consejero de Educación mantuvo una reunión en la mañana de este viernes, en la nueve sede de ANPE de la capital grancanaria, con los presidentes del sindicato a nivel nacional y autonómico, Francisco Venzalá y Pedro Crespo, la directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, y la secretaria de Acción Sindical de ANPE Canarias, Marta Hernández, en la que analizaron la situación actual de la enseñanza.
Ambas partes valoraron el acuerdo recientemente alcanzado que contempla la reducción de la ratio en las aulas y de la burocracia en los centros docentes, y el incremento de personal de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, y de orientadores y orientadoras. Unas líneas de actuación que para Crespo «son insuficientes» y consideró necesario «seguir dando pasos».
El presidente de ANPE Canarias puso de relieve que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) ha aumentado un 30% en las aulas, en los últimos cuatro años, «y eso hay que atenderlo». Instó, así, a seguir bajando las ratios de forma proporcional al número de alumnado NEAE para que la calidad educativa no se vea mermada.
El plan plurianual de tres años acordado por Educación y los sindicatos contempla un máximo de 22 escolares en Primaria y de 25 en la ESO, para lo que se contará con 304 maestros y 359 docentes de secundaria.
Una de las campañas en las que trabaja el sindicato está directamente relacionada con la diversidad y busca que esta deje de ser una barrera en las aulas para convertirse en un «valor añadido», según refirió Marta Hernández. La otra persigue «poner en valor la labor docente, transmitir el trabajo que se realiza en las aulas y no se ve», a través de entrevistas personales a docentes grabadas en vídeo, y mejorar así la consideración social que se tiene del profesorado.
En cuanto a las cuestiones a seguir mejorando, Crespo destacó la retributiva, ya que los y las docentes «han perdido algo más de 20% de su salario en los últimos años». «Planteamos complementos retributivos que están desde hace ya más de 10 años sin ver ninguna mejora», matizó.
Por su parte, el consejero de Educación enfatizó la necesidad de que el Ministerio de Educación convoque una mesa sectorial con las autonomías, para trasladar, por ejemplo, el impacto de la crisis migratoria en las aulas, que requiere de una financiación extra.
Cifró la inversión en refuerzo idiomático para los menores migrantes no acompañados en 9 millones de euros en el último curso y puso de relieve que el Estado debe «financiar la atención al alumnado migrante».
También señaló que se encuentra en conversaciones con el departamento para el cumplimiento del plan de infraestructuras educativas, que contempla la inversión de 42 millones anuales.
El encuentro entre ANPE y el consejero de Educación se produjo con la reunión entre los sindicatos docentes y el Ministerio de Educación para negociar el Estatuto Docente como telón de fondo.
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El presidente de ANPE nacional, Francisco Venzalá, señaló que en esta próxima cita con el Ministerio se va a hablar de futuro, pero también de presente: «El presente pasa por atender mejor a la diversidad de nuestras aulas, vamos a hablar de horarios lectivos, muy dispares entre las autonomías, o de la burocracia».
Venzalá resaltó la integración de los y las maestras, actualmente en el subgrupo A2, en el A1, donde figura el resto del profesorado. «Los profesores, sorpresivamente, somos ajenos a esa carrera profesional que sí tiene otro tipo de personal funcionario, tanto de la administración local como autonómica, nacional e incluso personal sanitario».
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