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Educación defenderá ante el Estado el cobro íntegro de los sexenios

Educación defenderá ante el Estado el cobro íntegro de los sexenios

Los sindicatos docentes respaldan a la Consejería para que blinde el complemento por formación que se implantó en Canarias en 2018. Monzón exige una reunión urgente de la comisión bilateral

Rosa Rodríguez y Santa Cruz de Tenerife

Miércoles, 15 de julio 2020, 04:02

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La consejera de Educación, Soledad Monzón, logró este miércoles el apoyo unánime de los sindicatos docentes para acudir a Madrid y defender el cobro íntegro de los sexenios que homologan los salarios del profesorado canario al los del resto de comunidades autónomas. El Gobierno de Canarias requerirá al Ejecutivo estatal para que la comisión bilateral de negociación entre el Estado y Canarias «se reúna lo antes posible» habida cuenta, dijo Monzón, «del momento en el que se está», con las elecciones generales a tres semanas vista.

Tanto la Consejería que preside Soledad Monzón, como los sindicatos, que ayer se reunieron en la mesa sectorial de Educación, defienden que, contrariamente a lo que cuestiona el Estado, el pago de los sexenios no es una mejora del salario del profesorado, y por tanto, no puede estar sujeta a las restricciones de crecimiento presupuestario establecidas por el Gobierno de Pedro Sánchez que, entre otras cosas, impiden una subida salarial de los empleados públicos por encima del 2%.

Como en el resto del país, salvo en Cataluña, Navarra y Madrid, que tienen un sistema diferente, los sexenios son un complemento a la formación que reciben los docentes cada seis años de antigüedad en el puesto, siempre que sumen un mínimo de 100 horas formativas en ese tiempo.

El Gobierno estatal ha comunicado a Canarias, mediante un requerimiento recibido en marzo, los aspectos en los que Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para este año contravenían la normativa estatal y, en Educación, el Estado impone una reducción de en torno a un 80% en el importe de los sexenios que cobra el profesorado en 2019.

Este es el principal argumento que el Ejecutivo regional llevará a Madrid para evitar que el Gobierno central anule el cobro de los sexenios y los nuevos complementos retributivos, tal y como están recogidos en la ley canaria de presupuestos, porque, según explicaron Pedro Crespo, presidente del sindicato ANPE, y Emilio Armas, del STEC, los sexenios que se están cobrando este año son los que estipula el convenio que todas las fuerzas sindicales suscribieron con el Gobierno de Canarias en septiembre de 2017, que estableció que su implantación sería progresiva durante cinco años, hasta 2022. Y se aceptó que se prorrogaran en cinco años porque la homologación «es una demanda histórica del profesorado», recordó Crespo.

El convenio establecía en una tabla, según recordó ayer la Consejería que el primer sexenio en la carrera docente se pagaría a 32,5 euros en 2018 y que de 2019 a 2022 se abonarían 55 euros por ese concepto cada año (los docentes con entre dos y cinco sexenios variarían hasta que en 2022 -119 euros el segundo, 239 el tercero, el cuarto, 419, y el quinto, 489 euros). El coste del convenio en 2018 fue de 20,5 millones de euros y su implantación total desde 2022 ascenderá 80 millones al año para el Gobierno de Canarias.

El otro argumento que se llevará a la comisión bilateral, según señaló ayer Monzón, es la publicación del Real Decreto-ley el 21 de diciembre del Gobierno, con posterioridad a la aprobación de los presupuestos canarios.

Emilio Armas sostenía ayer que «no entendería que se perdiera esta logro histórico». Tampoco Pedro Crespo lo entendería, dijo, tras recordar el esfuerzo que costó la equiparación salarial con la península.

Arma electoral

El sindicato STEC ha sido el más crítico con la Consejería de Educación, pero no en el fondo de la cuestión, sino en las formas. Entiende Emilio Armas, su portavoz, que la Consejería, antes de lanzar a la opinión pública que el Estado reducía la cuantía de lo sexenios, tenía que habérselo dicho a los sindicato «y no crear la alarma que ha creado». El STEC sospecha que el Gobierno de Canarias puede estar utilizando este tema «para hacer campaña electoral», algo que rechaza de pleno.

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