Malestar de los docentes

Crisis en Educación en plena desescalada

25/05/2020

Los profesores están molestos con la Consejería, un director general se va con críticas a la gestión interna y Torres urge a poner orden.

En plena desescalada, con los dirigentes institucionales apelando a la responsabilidad de la ciudadanía para cumplir con las normas y evitar un rebrote de la pandemia, el Gobierno de Canarias se tropieza con una crisis en el seno de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. La dimisión del director general de Ordenación e Innovación, Gregorio Cabrera, deja a la consejera María José Guerra en una delicada situación. Más si cabe cuando su continuidad ya fue cuestionada en 2019 y este año amagó con dimitir cuando se produjo el relevo de Teresa Cruz en Sanidad.

En ese escenario, Ángel Víctor Torres dio ayer un puñetazo en la mesa. Lo había hecho en privado pero lo hizo también en público en su comparecencia tras el encuentro telemático con Pedro Sánchez y el resto de presidentes autonómicos. Allí, Torres, a preguntas de la prensa, recordó que la responsabilidad pasa ahora por cumplir con los cometidos encomendados.

El mar de fondo en Educación se arrastra desde hace meses. Y derivó en marejada el pasado sábado cuando, a través de la prensa, los centros se enteraron de la decisión de Educación de dejar que cada uno organizara el retorno a las aulas en la fase 2 de la desescalada, exclusiva para la atención individualizada o en pequeños grupos al alumnado que titula (sexto de primaria, cuarto de la ESO y segundo de bachillerato). La Consejería ha decidido, además, que todo esté sujeto a la voluntariedad del profesorado.

En ese contexto, Gregorio Cabrera trasladó ayer a los docentes su carta de dimisión: «En los últimos meses he intentado mantener el compromiso adquirido y trabajar de la mejor forma posible en un doble escenario de dificultades: la Covid19 y la respuesta que en cada momento debíamos dar. Aún cuando desde la DGOIC se ha defendido la necesidad de centrarnos en la puesta en marcha y organización del curso 20-21 aceptamos el acuerdo de afrontar un proceso de desescalada que incluía actividad docente presencial a partir del 25 de mayo. Sin embargo el desencuentro con la estrategia asumida por el equipo director de la Consejeria ha llegado a un punto de no retorno a raíz de las instrucciones no consensuadas que en forma de Orden dejan en manos de la voluntad personal de cada profesor o profesora llevar a efecto o no la respuesta educativa prevista para los cursos de 6° de Primaria, 4° de ESO y 2° Bachillerato al mismo tiempo que traslada a las directivas toda la responsabilidad en la toma de decisiones. Hace ya un mes anuncié mi intención de no continuar como director general el próximo curso y puse de inmediato mi puesto a disposición de la Sra. Consejera. Acepté no obstante mantenerme hasta finalizar julio pero ante la imposibilidad profesional y personal de continuar en esta situación he tomado la difícil decisión de presentar mi dimisión formal con petición de reincorporación en el menor tiempo posible a mi puesto de inspector, donde seguiré trabajando, como siempre he intentado hacer, por la Educación en Canarias».

Preguntado al respecto, Torres señaló que las dimisiones solo son efectivas cuando se publican en el Boletín Oficial de Canarias.

El fin de semana, los equipos directivos de los centros públicos y el conjunto de los docentes se rebelaron ante el aviso desde Educación de que deberían afrontar el retorno a las aulas en esta fase 2 pero sin que se les concretase cómo. Así, se encontraron con padres y madres del alumnado dirigiéndose a ellos en busca de unas respuestas que no podían dar.

El malestar se canalizó en sendos comunicados de los directores de los centros de las zonas norte y sur-sureste de Gran Canaria. Los primeros dejaron claro que precisaban de «instrucciones específicas sobre los protocolos a seguir sobre temas relevantes como la distribución del alumnado por aulas y ratio, equipación del personal de limpieza, personal no docente y docente, desarrollo de convivencia en zonas comunes, servicio de cafetería, etc...». Y agregaron: «No obstante, estamos trabajando en el acondicionamiento de los centros, para retomar nuestra labor educativa presencial con todas las garantías de seguridad e higiene para el conjunto de nuestra comunidad. Dicho lo cual, por prudencia y hasta la recepción de instrucciones, la actividad lectiva presencial no está prevista, por lo que permaneceremos prestando los servicios educativos de forma no presencial (telemática)».

Los responsables de las zonas sur y sureste recordaron que carecían incluso de «certificación de la desinfección los centros».

A la vista de la situación, Ángel Víctor Torres anunció ayer que las clases en los centros educativos continuarán de forma telemática con carácter general hasta fin de curso, excepto en el caso de los alumnos que cambian de etapa, que podrán ser citados de forma individual para seguimiento desde el 1 de junio.

Torres avanzó que de forma inmediata se publicaría una orden en el Boletín Oficial de Canarias para definir los pasos a los que tendrán que atenerse los centros educativos hasta fin de curso.

El presidente adelantó que las clases continuarán de manera telemática hasta el 19 de junio, fecha de finalización del curso escolar. De todos modos, a partir del 1 de junio y hasta el 19 los alumnos que terminan etapa serán convocados de manera individualizada y para hacer un seguimiento de su trayectoria, aunque la asistencia será voluntaria. Desde el 19 de junio al 30 de junio, los centros educativos y los docentes se dedicarán al trabajo burocrático y entre tanto el Gobierno de Canarias sigue trabajando en los protocolos que se establecerán para el curso próximo, algo que es complicado, dijo Torres.

Finalmente, desde la Confederación de Padres de Canarias (ConfapaCanarias) pidieron ayer «la destitución de la consejera de Educación y de todo su equipo». Lo fundamentan en «la desastrosa gestión» y su «ineptitud para organizar el nuevo curso».

Agrega en el comunicado emitido ayer que se ha dispensado «maltrato y menosprecio» a las familias durante este proceso. Acaban recordando que las familias no son sindicatos pero representan «a la más parte más importante y numerosa de la comunidad educativa».