En respuesta al director general de Universidades

Autocrítica universitaria

El director general de Universidades dice que el problema no es el dinero. En su mandato no se ha cumplido el acuerdo por el que la financiación de las universidades debía crecer en el mismo porcentaje que el presupuesto del Gobierno o de la Consejería de Educación

RAFAEL PÉREZ JIMÉNEZ Catedrático de Universidad

Llevamos unos días en que los medios vienen cargados con críticas a las universidades públicas canarias, algo que podría ser normal si los ataques provinieran de las universidades privadas, buscando desprestigiarlas para 'pescar' en sus caladeros de futuros alumnos de cara al próximo periodo de matrícula. Sin embargo, la sorpresa es que quienes argumentan contra ellas son precisamente los encargados de velar por que haya una oferta pública suficiente para poder prestar con garantías el servicio público de educación superior, y más sorpresa es que provengan de un gobierno llamado progresista, y que se supone debería estar más cerca de la defensa de la educación pública que de promover una oferta universitaria privada...debe ser cosa de los calores estivales.

Se acusa a las universidades públicas, entre otras cosas, de no buscar fondos con los que autofinanciarse. No sé si esto va a ser ahora una práctica común de las administraciones canarias, y si la consejera animará a partir de ahora a los profesores de primaria y secundaria a dar clases particulares para poder repintar los centros, o se promoverán sesiones de cine o teatro en los juzgados para buscar fondos complementarios. Si, por el contrario, se considera que las universidades no somos administraciones públicas ¿Por qué se nos aplican entonces las mismas restricciones de gasto que a estas, incluso para gastarnos el dinero que hemos generado?

Y es que se dice que las universidades públicas canarias no tienen problemas de financiación, y este es el meollo de la cuestión. El director general de Universidades, en una entrevista este domingo, pretendía demostrar que se sigue un modelo de financiación por resultados y que el problema no es el dinero. La verdad es que durante su mandato no se ha cumplido el acuerdo que decía que la financiación de las universidades debía crecer en el mismo porcentaje que el presupuesto del gobierno o el de la consejería de educación, ya que los fondos destinados a las universidades nunca se han acercado a ese ritmo de crecimiento. De esta forma, me temo que lo único que demuestra su argumento, una vez más, es la vigencia del principio de Peter.

Sobre la tasa abandono de los estudios, a nadie nos duele más que a los profesores; es un fenómeno con muchas aristas y una de ellas es la formación previa de quienes acceden a la universidad

Miremos un poco a nuestro alrededor: cada universidad canaria tiene una población objetivo de aproximadamente un millón de personas (mucho mayor que las de otras regiones, lo que debería bastar para justificar su existencia). La universidad de Oviedo, única del principado de Asturias, para una población similar a la de la provincia oriental recibe de su gobierno autónomo unos 150 millones de euros por año. Cantabria, con un poco más de la mitad de población, hace incluso un esfuerzo presupuestario per capita mayor...todo eso sin mencionar al País Vasco, que con una población similar a la de Canarias gasta anualmente 381 millones de euros en su universidad. Por tanto, la auténtica cuestión son las prioridades, y está claro que la del Gobierno de Canarias no es la investigación (no hablaremos aquí de los magros fondos ni de la peculiar gestión de la ACIISI) ni la docencia universitaria. Algún otro político ha mencionado que el problema es de gestión, y que se solucionaría fusionando ambas instituciones, y no sé a través de que extraño arcano mental ha llegado a la conclusión de que superponiendo instituciones separadas en un territorio fragmentado se produce milagrosamente una mejora en la gestión, pero si esa es su idea, no debería tardar en proponer un proceso acelerado de fusión de Cabildos Insulares.

Se nos dice también machaconamente que dos grandes indicadores de la falta de adecuación del sistema universitario público canario son la tasa de abandono y la falta de respuesta al problema de las plazas del máster de profesorado. Esta última se debe a la necesidad de cubrir plazas de docentes en los colegios e institutos, algo que difícilmente puede decirse que haya pillado por sorpresa a la consejería, ya que resulta previsible que la gente, cada 365 días (en general), cumpla un año más. De este modo la previsión del envejecimiento de las plantillas docentes de la propia consejería debería haberles llevado a realizar inversiones en mejorar las infraestructuras de las facultades, preparar sus laboratorios, dotar más plazas de profesorado o aumentar la formación en competencias digitales. Sin embargo, nada se ha hecho. Se pide que se creen más plazas, pero no he oído nunca que se añada «manteniendo la calidad en el proceso de formación», algo difícil de lograr si se dobla el número de alumnos con las mismas aulas, profesores y laboratorios.

En cuanto al abandono, les aseguro que a nadie nos duele más que a los profesores ver a alumnos que no pueden seguir sus estudios. Es algo que merece un estudio en profundidad ya que es un fenómeno poliédrico con múltiples aristas, y una de ellas, sin duda, también es la formación previa que reciben quienes acceden a la universidad.

Quizás, a la luz de esto, todos deberíamos unirnos en este proceso de reflexión (el lo llama autocrítica) que reclama el director general de Universidades, por ejemplo, valorando también cual es la calidad real exigible a las universidades privadas, a las que no oigo que se les pida que sean competitivas en investigación, cuando eso es una parte inseparable de la calidad del proceso formativo universitario. Finalmente, lo que no se es para qué se hace todo esto, que interés hay en crear un conflicto con las universidades, en desprestigiar un sistema público que tanto esfuerzo ha costado crear, y qué beneficio puede obtenerse de ello desde una óptica progresista. Me temo que el señor director general, o la señora consejera, solo están dispuestos a «hacernos la autocrítica» a los demás.