Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo / c7

El defensor del Pueblo pide actuar ante la emergencia social generada por la pandemia

«Basta detenerse en las situaciones de mayor desamparo para comprender hasta qué punto la pobreza constituye un elemento de riesgo decisivo para los derechos de las personas», destaca en su informe el defensor del Pueblo

EFE Madrid

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha alertado de la «emergencia social» generada por la pandemia y el incremento de la demanda de asistencia de recursos sociales y ha reclamado a las administraciones actuar para hacer frente a efectos colaterales «serios» también en sanidad y salud mental.

Gabilondo, ha entregado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la memoria que analiza las actuaciones de la institución durante 2021, a la que se incorporó el pasado el 18 de noviembre, dando el relevo a Francisco Fernández Marugán, defensor en funciones desde 2017.

En su intervención en el Congreso, ha comenzado manifestando su preocupación por la guerra de Ucrania y ha condenado esa agresión «por constituir una violación de la legalidad internacional y del derecho internacional», poniendo de manifiesto «hasta qué punto vivimos en espacios de enorme fragilidad e incertidumbre».

En 2021, la institución ha recibido 29.015 quejas (28.020 en 2020), ha iniciado 182 actuaciones de oficio ante distintas administraciones (406 el año anterior) y ha atendido personalmente a 33.708 ciudadanos, casi el doble que en el anterior ejercicio, de las que 32.974 han sido a través de llamadas telefónicas y 734 presencialmente.

En su informe, el Defensor pide una actuación específica y directa para afrontar la «verdadera emergencia social» y el aumento de la demanda de recursos sociales: «Basta detenerse en las situaciones de mayor desamparo para comprender hasta qué punto en líneas generales la pobreza constituye un elemento de riesgo decisivo para los derechos de las personas».

«Los reiterados escritos ante el Defensor del Pueblo por las situaciones de mayor desamparo, ya lamentablemente asentadas en algunos sectores, a lo que ha de añadirse las penurias sobrevenidas, hacen imprescindible una valoración de las quejas desde una perspectiva que cabe calificar de pobreza o de riesgo de pobreza, en todos los sentidos de esta palabra, en determinados ámbitos de la sociedad», indica el defensor.

Entre esas situaciones de emergencia «humanitaria» se ha referido a la que sufren las personas que viven en la Cañada Real, en Madrid, como enfermos crónicos, personas mayores y niños que llevan 500 días sin suministro de luz y ha explicado que ha abierto una actuación de oficio sobre los problemas para seguir el curso que tienen unos 90 menores.

El Defensor advierte de efectos colaterales serios como consecuencia de la pandemia en los hospitales, la atención primaria y alerta de resultados preocupantes en salud mental.

«Nos obliga una acción para hacernos cargo de los efectos y de ahí lo improcedente de discursos cerrados, por radicalizados, que pretendan zanjar la pandemia»,expone en la memoria, que da un toque a las administraciones «por la pérdida de calidad de servicios públicos que deben ser atendidos adecuadamente».

Como consecuencia de la tramitación de las quejas y de las actuaciones de oficio, el Defensor del Pueblo formuló a las administraciones 2.231 resoluciones: 582 recomendaciones, 1.139 sugerencias, 508 recordatorios y 2 advertencias.

El mayor número de quejas se formularon desde la Comunidad de Madrid (6.361 expedientes), Andalucía (3.517), Comunidad Valenciana (2.856) y Cataluña (2.815).

El Defensor tardó en dar una primera respuesta al ciudadano de admisión o no de su queja una media de 30 días. La gran mayoría de las quejas y solicitudes de recurso son presentadas de manera directa por los ciudadanos 27.178 (el 93 %), por comisionados parlamentarios autonómicos 1.993 y 48 por diversas entidades y organismos.