Imagen tomada en septiembre, días después de la erupción, en la que se aprecian las coladas de lava del volcán de Cumbre Vieja, / ARTURO JIMENE/EP

Canarias lleva 17 años esperando a que Madrid acepte descentralizar el seguimiento volcánico

En 2004 las islas alertaron al Estado de la necesidad de crear un Observatorio Volcanológico

F.S.A. Las Palmas de Gran Canaria.

Fue a finales de 2004: se plantaron en Madrid el entonces presidente de Canarias, Adán Martín (qepd); el que era entonces presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, y quien ocupaba la Delegación del Gobierno, José Segura, y llevaban bajo el brazo un sesudo documento titulado 'Propuesta de creación del Observatorio Volcanológico de Canarias (OVC)'. La preocupación era en ese momento máxima porque se había registrado actividad sísmica intensa en Tenerife y se temía una erupción volcánica.

Lo que se pretendía con ese ente era una implicación del Estado, junto a la Comunidad Autónoma y los cabildos, en el seguimiento continuo de los volcanes, poniendo así fin a una dispersión evidente: por un lado estaba el Instituto Geográfico Nacional, dependiente del Estado, y por el otro los cabildos de Tenerife y La Palma, que eran entonces los más sensibles a los riesgos volcánicos.

A la vista de la falta de respuesta, Tenerife apostó por el Involcan, creado en 2010 y con sede en La Laguna. En 2011 llegó el volcán de El Hierro y se volvió a reclamar esa coordinación; en 2018 la Comunidad Autónoma de Canarias creó, vía decreto, su propio plan de riesgos y emergencias volcánicas (Pevolca) y en 2021 la erupción de La Palma puso de manifiesto la necesidad de contar con ese observatorio permanente y de que Estado, Gobierno canario y cabildos dejasen de ser compartimentos estancos. Ante la gravedad de la crisis palmera, lo primero que se logró bajo el paraguas del Pevolca fue la coordinación de los expertos. Ahora queda la duda de si se mantendrá ese trabajo unido.

En las 60 páginas que quedaron en el limbo en Madrid, desde Canarias se alertaba precisamente de que « el problema de la gestión de las crisis volcánicas que puedan ocurrir en Canarias en el futuro se agudizará con el tiempo por el aumento demográfico y el incremento del desarrollo socioeconómico que experimentará la región». En La Palma lo saben perfectamente: 7.000 personas fueron evacuadas y el coste económico de la crisis supera los mil millones de euros, según las estimaciones del Gobierno canario.

«Para la mayor parte de las regiones volcánicas como Canarias», agrega la propuesta elevada al Estado, «l a única estrategia práctica para reducir el riesgo volcánico es la vigilancia constante de los volcanes para asegurar la rápida detección de cualquier desviación de un comportamiento volcánico 'normal' y, en el mejor de los casos, el aviso a tiempo de una posible erupción».

Lo que se planteaba con ese Observatorio Volcanológico de Canarias era contar con un organismo autónomo «dependiente de las tres administraciones (Estado, Gobierno autónomo y cabildos insulares)» con el fin de «coordinar todas las acciones destinadas a la reducción del riesgo volcánico en Canarias, así como para minimizar todos los problemas y amenazas que en la actualidad afectan al Plan Estatal y de la Comunidad Autónoma sobre emergencias ante el riesgo volcánico.

El presupuesto anual estimado entonces era «del orden de los 4 a 5 millones de euros», lo que s uponía multiplicar por tres lo que en aquel año 2004 aportaban los cabildos de Tenerife, La Palma y El Hierro para el seguimiento volcánico a través del ITER, organismo dependiente del Cabildo tinerfeño.

Se fijaban nueve grandes funcionalidades del OVC. Entre ellas estaba la elaboración de los mapas de peligrosidad volcánica «con la finalidad de realizar una zonificación del territorio en función de la peligrosidad volcánica»; la puesta en marcha de un equipo volcanológico de emergencia para actuar incluso en crisis fuera de Canarias; y la colaboración con los cabildos, ayuntamientos y la Consejería de Educación para articular un programa educativo específico sobre el fenómeno volcánico que se adaptase a cada isla y si fuera necesario a cada municipio.

¿Por qué quedó en el archivo la propuesta? Según las fuentes consultadas por este periódico, la gran traba fue el rechazo de la cúpula directiva del Instituto Geográfico Nacional, que entendía que se invadían sus competencias y que se ponía en riesgo su propia continuidad como ente de titularidad estatal con sede en Madrid.

En los últimos meses, ante la propuesta de descentralización de entes estatales, el Gobierno de Canarias planteó la conveniencia de que el IGN trasladase su sede a las islas. La respuesta por ahora de Madrid es la misma que ante el documento de 2004: ninguna.