Canarias aprueba la primera ley de niños robados de España

El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad la Ley sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma, una ley específica -la primera en España- que recoge las características y necesidades concretas de los menores robados en el período franquista y que, en el caso de Canarias, llegan hasta el año 2001.

AGENCIAS / SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Ley fue aprobada después de que los grupos parlamentarios hayan llegado a un acuerdo para enmendar esta iniciativa, de manera que se solventasen los reparos señalados por el Consejo Consultivo en el dictamen que emitió el pasado 20 de febrero, al ver visos de inconstitucionalidad en la Proposición de Ley original.

Bajo la premisa de ‘verdad, justicia y reparación’, la iniciativa trata de ayudar a las víctimas a encontrar a sus familiares, de los que fueron separados entre 1936 y 2001, toda vez que las prácticas que se asentaron en la dictadura se mantuvieron en diversas instituciones con la democracia. Para ello, se plantea, entre otras cosas, un banco de ADN.

Manuel Marrero, del Grupo Podemos, explicó que esta ley -tramitada por la vía de urgencia y de lectura única- surge tras la decisión de la Cámara de no incluir el caso de los menores robados dentro de la Ley de Memoria Histórica de Canarias, y es una proposición específica que recoge las características y necesidades concretas de los menores robados en el período franquista.

Marrero añadió que se trata de una iniciativa pionera en el Estado, pues es la primera vez que se realiza una ley exclusivamente sobre niños y niñas robados en Canarias, una norma que si bien «no es la óptima», sí será un «instrumento útil» para las víctimas, las asociaciones y los familiares.

La diputada Melodie Mendoza resaltó que el Parlamento de Canarias sea el primero en aprobar una ley sobre menores robados. Reconoció que aunque hubiera querido una ley «más ambiciosa», muchos de los aspectos recogidos en el texto inicial eran competencia del Estado, por lo que se comprometió a trabajar para que esas cuestiones puedan ser incluidas en una futura ley estatal.

Luis Campos, de NC, coincidió con los demás grupos en que lo ideal hubiera sido una ley estatal sobre niños robados que hubiera servido de «paraguas»; por eso espera que en el Congreso tengan «al menos la cuarta parte de la sensibilidad» que ha tenido la Cámara canaria y «sean capaces de ponerse de acuerdo». Añadió, además, que se trata de una ley que viene a defender la verdad de miles de personas y que también debe buscar la reparación.

El diputado Miguel Jorge Blanco incidió en que esta iniciativa legislativa persigue «buscar la verdad para los niños que fueron robados». Miguel Jorge Blanco indicó que las víctimas merecen el apoyo unánime de todos los grupos, y deseó que en el futuro puedan encontrar en esta ley «el refugio de la verdad y la justicia».

Por parte del Grupo Socialista, Teresa Cruz Oval lamentó que, a pesar de haber transcurrido cuarenta años desde la aprobación de la Constitución, siga siendo una «asignatura pendiente» la reivindicación de las víctimas. Agregó, además, que es una iniciativa que plantea herramientas, un marco normativo y recursos pero, sobre todo, que persigue que estos hechos «no se vuelvan a repetir».

Guadalupe González Taño (CC) resaltó que ésta sea la primera Ley de menores robados que se va a aprobar en España, y espera que sea un impulso para que la ley estatal salga adelante «cuanto antes» en la próxima legislatura. Aprovechó, también, para pedir a las instituciones que a partir de ahora ayuden a las víctimas en sus procesos de búsqueda.