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R.R. / Santa Cruz de Tenerife
Viernes, 21 de diciembre 2018, 08:23
Todos los partidos políticos con representación parlamentaria dieron ayer el plácet a la tramitación de la proposición de ley sobre los menores robados presentada por Podemos para perseguir el robo de niños a sus madres biológicas en clínicas y maternidades y casas cuna entre 1936 y 200. La unanimidad en el fondo de la cuestión, el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, no alcanzó a todos los aspectos contenidos en el documento que defendió el diputado Manuel Marrero que pidió una tramitación abreviada y urgente para que «la gente no siga buscando a sus padres o a sus hijos, ni siga dándose con puertas cerradas».
La treintena de víctimas que siguieron el debate desde la tribuna de invitados recibieron el resultado de la votación con aplausos y con lágrimas en los ojos. «Son más de 20 años esperando», decía muy emocionado Francisco González de Tena, vicepresidente de la asociación Sin Identidad. Igual de emocionada estaba Dácil Vera, delegada en Canarias de SOS Bebés Robados Madrid, que se enteró hace apenas dos años de que no es hija biológica de los padres que la criaron en la capital Gran Canaria, sino que nació en Madrid, en la clínica San Ramón, a donde ellos fueron a buscarla.
También hubo emoción en la tribuna del hemiciclo. La diputada socialista Teresa Cruz Oval no pudo reprimir las lágrimas al decir que perder a un hijo es lo peor, pero el dolor es aún mayor, dijo, «cuando sabes que no falleció, sino que está por ahí, no se sabe donde». Guadalupe González Taño (CC) tuvo que trabar saliva varias veces para contener la emoción pese a que sostuvo que el texto de Podemos «suscita dudas importantes», básicamente, aclaró, por los problemas de competencias que puede acarrear en tanto que el Congreso de los Diputados tramita una ley nacional casi idéntica a la canaria.
Las diferencias surgidas en torno a la ley de Podemos las escenificó, además de González Taño, el diputado de PP, Jorge Blanco, quién además de proponer esperar por la ley nacional, se mostró contrario a acotar plazos en la propia norma (de 1936 a 2001) porque, según dijo, «esto no es un problema estructural, sino de la existencia de unos delincuentes». Igualmente se mostró contrario -también CC lo dejó entrever- a tramitar la proposición de ley por la vía de urgente y abreviada.
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