El tráfico de menores robados se prolongó en Canarias hasta 2001

15/11/2018

Podemos presenta una proposición de ley pionera en el Estado que propone crear una unidad especial de la policía autónomica para buscar a los niños, un banco de datos y otro de ADN

Ochenta y dos años después de que las madres que no eran afines al Golpe de Estado vieran como les arrancaban a sus hijos de los brazos para entregárselas a familias adeptas, las víctimas de los robos de bebés y menores siguen «desamparadas» en un país que hasta entrado el siglo XXI, denunció ayer el diputado de Podemos, Manuel Marrero, «se siguieron sustrayendo y vendiendo niños». El último caso «documentado» en las islas es de 2001 y por eso la ley sobre los menores robados en Canarias que ayer presentó Podemos en el registro del Parlamento no se corta en 1978, con la aprobación de la Constitución, sino que abarcará desde 1936 hasta el año 2001.

Y nace, indicó Marrero, porque ninguno de los partidos presentes en la ponencia de la ley canaria de Memoria Histórica entendieron que estas víctimas tenían cabida en aquella norma, que llega hasta 1978, sino en una «pieza separada», que es la proposición de ley presentada ayer.

La ley que propone Podemos busca no solo la verdad, sino justicia y reparación para las víctimas. Bajo estas tres premisas, las asociaciones de víctimas (niños robados y familias biológicas que los buscan), junto con el partido morado, plantean una norma que será pionera en Estado español, que abarca tanto la dictadura como la etapa democrática, y que pondría fin a la búsqueda que con carácter individual llevan a cabo los afectados.

Serán las instituciones las que con esta ley, que Podemos quiere que aprobar esta legislatura, hagan ese trabajo, porque deberán favorecer el acceso a la información, creando un banco de datos ajeno a la Iglesia Católica y otros organismos que «sistemáticamente obstaculizan el acceso a sus archivos». También plantea la ley la creación de un banco de ADN por parte de las administraciones y de acceso gratuito para los afectados, además de la tutela judicial efectiva será preceptiva.

Y como algo «fundamental» presentó Marrero la creación de una unidad especial dentro de la Policía Canaria dedicada a la búsqueda de menores. Igualmente plantea la creación de una comisión canaria por el derecho a la igualdad.

En Canarias, se desconoce cuántos niños se robaron en esos 65 años, pero son «muchísimos», calculó Marrero que, además, explicó que en Canarias esta «atrocidad» superó «exponencialmente» a lo sucedido en el resto de España debido, dijo, a tres factores, «la lejanía, el control del caciquismo y la pobreza y miseria que había en las islas. Un cóctel que permitía actuar con una impunidad tremenda», denunció.

En las islas no solo se robaban niños recién nacidos en clínicas y hospitales, sino que en las casas cuna y hospicios, a donde las familias más desfavorecidas llevaban a sus hijos con la intención de recuperarlos cuando su situación mejorara, había un «auténtico tráfico de menores» con «tramas organizadas de desaparición infantil forzosa.

«Niños a la carta»

En Canarias, igual que en el resto del país, se robaron bebés recién nacidos, «muchos», dice Jorge Rodríguez, presidente del colectivo Sin Identidad, pero advierte de que en las islas había instituciones que «servían niños a la carta». Rodríguez denuncia que hay casos de dobles adopciones de menores tutelados por la administración y de tráfico de bebés entre familias pudientes (embarazos de asistentas). Asegura que buscan «socializar este problema, que la gente sepa que existe».