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Los cabildo insulares «no responden» a la petición de la Consejería de Derechos Sociales que pretendía informarse sobre las listas de espera en los centros con plazas públicas para personas con discapacidad. Solo la corporación insular tinerfeña ha dado la cifra: 77 personas están pendientes en esa isla de una plaza en un centro.
El requerimiento de Derechos Sociales tiene su origen en la denuncia de Ruth Santana, madre de una joven con discapacidad de 22 años que al cumplir los 21 debió abandonar el sistema educativo convencional. Unas cuarenta familias de Gran Canaria han organizado la plataforma ¿Y ahora qué hacemos? con el objetivo de encontrar un recurso para sus hijos e hijas con discapacidad.
«La lista de espera de los centros para personas con discapacidad no es competencia directa de la Comunidad», dijo este martes la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, en la comisión parlamentaria de Derechos Sociales respondiendo a una pregunta de la diputada Vidina Espino. «Somos las encargadas de tramitar los grados, de resolver los planes individualizados de atención y las prestaciones. Esta gestión corresponde a los cabildos y como éramos desconocedoras de esa lista de espera se lanzó esta pregunta a los distintos cabildos insulares y el único que nos ha dado respuesta es el de Tenerife donde contestan que tienen 77 solicitudes de plazas registradas hasta el momento», señaló.
Las cifras que sí tenía la consejera eran las de las plazas residenciales para personas con discapacidad. En total en Canarias hay 2.212 repartidas entre 186 centros en todo archipiélago. 1.009 plazas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 1.203 en la de Las Palmas.
Según Santana, en el nuevo plan de infraestructuras sociosanitarias se va a tener en cuenta el aumento de plazas para personas con discapacidad y plazas de salud mental, tal y como le pidió la diputada nacionalista Cristina Valido (CC). Ya en el vigente se contemplan 739 plazas para personas con discapacidad y «algunas para salud mental», pero con la incorporación de 72 millones de euros de fondos europeos espera que se amplíen aunque Santana reconoció que en Canarias «estamos por encima de la media estatal en plazas residenciales para personas con discapacidad con una cobertura del 2% por encima del 1,5% que es la media estatal», dijo.
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