'¿Y ahora qué hacemos?': el olvido de las personas con discapacidad al cumplir 21

«El problema literalmente es que después de que cumplen 21 año salen del sistema educativo y se quedan invisibilizados. Se van para casa sin ninguna opción ocupacional. Aunque tengas una solicitud ya hecha en el Cabildo van directamente a una lista de espera que no se sabe cuánto tiempo vas a estar, ni de dónde los van a llamar, ni cuándo los van a llamar», explicó este lunes Ruth Santana tras su reunión con la Diputación del Común donde la plataforma presentó su queja.

Según Ruth Santana, al problema de «no conocer los número oficiales» sobre qué lista de espera hay o cuánto se tarda en lograr una plaza, se le suma el que las instituciones públicas no disponen de «ninguna opción de tránsito mientras esperan en sus casas a que les den una plaza» en un centro ocupacional.

Esto, en realidad, dice la madre de Texeira, lo que hace es que «se paralice la vida educativa y social» de las personas jóvenes con discapacidad. «Se para en todos los sentidos. Hasta entonces iban a los centros escolares o los de educación especial, o aulas Enclave... pero al cumplir 21 años no tienen nada». Según los datos de la plataforma, hasta el 70% de las personas con discapacidad se quedan fuera del sistema en ese limbo de espera.

El Diputado del Común, Rafael Yanes, explicó este lunes en una nota de prensa de la institución que van a «afrontar un problema que sufren muchas familias canarias y es que el proceso educativo de un hijo con discapacidad se rompe a los 21 años porque no sigue su evolución» para alcanzar una mayor autonomía. Una ruptura, recordó Yanes, que también afecta a la familia porque «les impide continuar con sus actividades laborales». Por eso, señaló, va a solicitar a los siete cabildos insulares que le informen del número de «plazas de las que disponen y de cuantas plazas son necesarias y con arreglo a esos datos haremos las recomendaciones oportunas».

Ruth Santana explica que tras denunciar la situación de su hija y reunirse con la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, y la consejera de Políticas Sociales del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, «no tiene nada en firme, solamente quedó en un compromiso de que iban a tratar de solucionar este problema».