Alba pide la nulidad del auto y el archivo de las actuaciones

El magistrado Salvador Alba ha recurrido el auto de transformación en procedimiento abreviado dictado por la instructora Margarita Varona, que lo eleva a la calidad de investigado por la comisión de cuatro presuntos delitos: prevaricación judicial, cohecho, falsedad y revelación de secretos.

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO

Alba ha presentado un recurso de apelación puesto que entiende que los delitos que le acusan no son ajustados a derecho en una causa que lo investiga por presuntamente maniobrar jurídica y políticamente para perjudicar a la magistrada Victoria Rosell.

El recurso desmenuza los argumentos que esgrime para interesar la nulidad del auto y el archivo de las actuaciones. Argumenta que se le imputaron inicialmente unos hechos constitutivos de prevaricación y negociación prohibida a funcionarios y se continúa el procedimiento con el auto que incluye otros diferentes como la revelación de secretos a un periodista y cohecho al faltar a la verdad en unos informes. Una resolución «que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva», dice el recurso, pues su motivación «resulta absolutamente insuficiente para conocer el soporte indiciario que debería sostener un juicio de acusación fundado».

El magistrado considera que las diligencias practicadas han desvirtuado todos los supuestos criminales sobre los que pivotan los hechos que se le atribuyen y provoca que «se desconozca la razón por la cual», detalla, la instructora considera que «hay indicios para acordar la transformación del procedimiento abreviado» frente a Alba.

Además, añade que el auto no refleja las razones que conducen a la instructora a considerar que el relato acusatorio resulta fundado, lo cual dice que le sume en indefensión y los actos judiciales son «nulos de pleno derecho» puesto que se han realizado «con infracción de las normas del ordenamiento jurídico».

Salvador Alba destaca en el escrito que se le ha vulnerado el derecho a un juez imparcial y, por lo tanto, a una tutela judicial efectiva «lo que salta a la vista desde el mismo auto de incoación del presente procedimiento», argumenta.

Aduce por último que la instrucción del procedimiento se ha construido sobre la base de un archivo de sonido –grabado por Miguel Ángel Ramírez– que vulnera su derecho a la intimidad y, además, no reúne los requisitos de autenticidad en integridad.

Ajustada «a la legalidad».

En el recurso, Salvador Alba sostiene que «no actuó en ningún momento en secreto, ni con ánimo de perjudicar a Victoria Rosell». Por ello, concluye que su conducta «se ajustó en todo momento a la legalidad», explicando una por una diligencias como las grabaciones, la declaración de Alba, la de la fiscal Evangelina Ríos, la del jefe de seguridad, la abogada Paloma del Amo, agentes de la Guardia Civil y el perito Jonathan Rodríguez. Dice echar de menos en las diligencias la declaración de Victoria Rosell que «no ha dejado de vilipendiar» a Alba –dice el recurso– «en los medios de comunicación, redes sociales...». También sostiene que tanto Rosell como su pareja Carlos Sosa eran conocedores de que Ramírez iba a entregar un pen drive con las grabaciones porque lo habían dicho en sus cuentas de Twitter y en El Mundo.

Las argumentaciones de Alba:

Prevaricación judicial: El recurso estima que se ha probado que Alba actuó en cumplimiento de sus «obligaciones judiciales». «No hubo reunión oculta, secreta montada para preparar una declaración o fabricar unas pruebas, sino que hubo una visita» de Ramírez «al juez de instrucción» que decidió judicializar la conversación.

Cohecho: El letrado de Alba no logra «ver en el relato de hechos ningún episodio que implique de dávida, promesa o recompensa de ningún tipo, máxime cuando la resolución apelada indica que no se imputa a Ramírez ningún delito de cohecho». Hace referencia también a invitaciones de Ramírez a terceros que Alba rechazó.

Falsedad documental. Explica el recurso que «parece ser» que la falsedad consiste en afirmar que fue Ramírez quien se personó a hablar con Alba «lo cual no se corresponde a la realidad». «Es falso», dice. «Nadie ha acreditado que la reunión» fuera «a instancias de Alba y la fiscal «estuvo informada en todo momento».

Revelación de secretos: El documento reconoce que Alba solicitó una copia de la declaración de Ramírez, pero «no se entregó el 23 de marzo» y sí se le dio ese día a la letrada Paloma del Amo: «Por tanto, ¿por qué tuvo que ser Alba, que ese día no tenía la copia, quien filtró a la prensa la declaración de la que solo consta tenía la letrada?».